En el transcurso del año han muerto once mujeres como consecuencia de episodios de violencia doméstica; esta cifra indica un incremento respecto de años anteriores. Si bien en los últimos años el tema se ha posicionado en mayor medida a nivel institucional, es evidente que falta mucho por hacer.

A comienzos de la década de 1980 Uruguay había ratificado convenciones internacionales que atendían específicamente el tema. Sin embargo, sólo las organizaciones de la sociedad civil insistían en él. Recién en 1995 nuestra legislación reconoció a la violencia doméstica como un delito. En 2002 se creó la ley específica (Nº 17.514) y en 2003 se elaboró el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica (2004-2010), a evaluarse en el correr de este año.

Como parte de este plan se elaboraron guías y protocolos para atender la temática, pero parece haber una disociación entre los tiempos institucionales y los de la vida cotidiana. Aunque hay un día específico para evocar la violencia doméstica (25 de noviembre), la gravedad amerita su atención también en fechas como la de hoy, en que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Las trabas

Rosana Medina, abogada integrante de Mujer Ahora, explicó que la violencia doméstica es “la manifestación más grave de las inequidades de violencia de género”. Indicó la importancia de prevenir “en el momento del noviazgo, visualizar actitudes como el aislamiento, mensajes como ‘no necesitás hablar con nadie más’, ‘en mí tenés todo’, ‘no es necesario que salgas a trabajar’, ‘sos una inútil’, y que [las mujeres] se encuentren sin vínculos, sin redes”.

Por su parte, Leonor Rodríguez, integrante de la Red Nacional de Violencia Doméstica, afirma que “hay una cuestión cultural y social que determina las limitaciones para avanzar, y que son las relaciones de poder que están instaladas en la sociedad, una sociedad patriarcal que sigue promoviendo esta lógica de poder en la que las mujeres tienen un rango menor que el de los hombres”.

Pero además de estas cuestiones de fondo, hay dificultades prácticas. Medina explicó que una de las mayores radica en “el cumplimiento de las medidas de protección y la eficaz articulación entre los juzgados de violencia doméstica, los juzgados de familia y los juzgados penales, que hace que la mujer vuelva a la situación de violencia”.

Medina detalló el procedimiento: la denuncia se realiza en las seccionales, en la comisaría de la mujer o en juzgados especializados en violencia doméstica (sea por violencia física o psicológica) y, de acuerdo a la gravedad, se decretan las medidas de protección, de alejamiento, de prohibición de acercamiento. “Muchas veces esa medida se incumple en forma repetida, la mujer reitera la denuncia y se vuelven a decretar las medidas, y no todas las veces se procesa a esa persona por el incumplimiento. Se pasa expediente al juzgado penal y éste no siempre encuentra mérito para procesar, entonces la violencia se vuelve impune, la mujer piensa que no vale de nada hacer la denuncia y el hombre se empodera”, explicó. El cuello de botella estaría, según Medina, en el fuero penal: “Lo que demora son las actuaciones a nivel penal: la mujer es citada a declarar al mes”.

Esto hace que ocurran asesinatos en medio de este lento proceso, dado que las resoluciones de prohibición de acercamiento no prevén una guardia policial. Medina aclaró que “el número de denuncias de casos de violencia doméstica no permitirían ese tipo de medida, por eso se intenta que la mujer pueda contar con redes familiares”.

La abogada indicó que “otra falla que se sigue registrando en las seccionales policiales es que no se toman las denuncias como de violencia doméstica sino como un ‘problema familiar’, y se responsabiliza al núcleo familiar”. “Se ve como un conflicto entre las partes, la diferencia de poder y el ejercicio de dominación no se visualizan, y no se articulan medidas de protección”, sostuvo. Y agregó: “La guía de abordaje y la capacitación [dentro del Ministerio del Interior] son un avance, pero sucede que no todos los funcionarios la conocen; en Montevideo es muy dispar”. Esto incide en que la mujer tenga que reiterar la situación en que está viviendo o se vaya sin obtener una respuesta, o con respuestas como “señora, trate de arreglar su problema con su marido”.

Inasistencias

La ley 17.514 creó el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, en el que participan el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y representantes de organizaciones sociales. Medina señaló que el Poder Judicial y el MSP han sido, en general, los grandes ausentes en las reuniones del Consejo Nacional Consultivo y de las comisiones departamentales que replican al Consejo a nivel local.

Karina Ruiz, representante de Inmujeres en el Consejo Consultivo, reconoció que “ha habido algunos momentos de fragilidad en la participación de estas instituciones, desde el Consejo Nacional Consultivo se ha estado en permanente comunicación”. Ruiz indicó que “antes de 2005 no había ninguna política pública para enfrentar las situaciones de violencia”, y que existía un solo servicio de atención, mientras que hay doce en funcionamiento. También destacó los avances importantes en protocolos y guías elaboradas por el MI, MSP, INAU y ANEP.

Ruiz agregó que este año se crearán dos casas de breve estadía para mujeres en situación de violencia, una en Montevideo y otra en el interior. El gran problema es que los casos de violencia sobrepasan absolutamente las soluciones a implementarse y la velocidad con que éstas se desarrollan.