El encuentro se realiza a puertas cerradas. Ayer de mañana fue el único momento en que pudieron asistir integrantes ajenos al encuentro. La apertura, llevada a cabo en el edificio José Artigas, ex Palacio Estévez, estaba fijada para las 9.00 pero se retrasó cerca de media hora. Ser uruguayo allí era la excepción: ropas, rostros, atuendos y acentos mostraban una selección de Iberoamérica y España en un salón un tanto lujoso. Sólo el cuadro de José Artigas de fondo y cierta predominancia de la bandera uruguaya por sobre el resto de los pabellones contribuía a recordar el país elegido para albergar el encuentro. Éste se realiza con frecuencia anual y Uruguay participa en la instancia desde que cuenta con una unidad gubernamental específica en la materia: la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que funciona en la órbita de Presidencia de la República desde octubre de 2007.

Organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Dirección General de Tráfico de España y la Unasev, participan representantes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Asisten también representantes del Banco Mundial.

Las jornadas abarcan tres áreas fundamentales. Una es la creación de un Observatorio Iberoamericano de Siniestralidad Vial, basado en datos de todos los países participantes. Otra es avanzar en la carta iberoamericana sobre licencias de conducir; se pretende categorizar los permisos y las infracciones que se cometen. La tercera refiere a la política de seguridad: los sistemas de autoridad y las operaciones especiales de vigilancia y control, entre otros.

Ejemplo español

Además de aprender de los ensayos y errores realizados por los países iberoamericanos, el encuentro apuntó a difundir la experiencia española, que redujo a la mitad el número de personas fallecidas en siniestros de tránsito en el período 2001-2008.

Pere Navarro, director general de Tráfico de España, explicó que deben atenderse tres cuestiones primordiales: la condición de no consumir alcohol si va a manejar, el uso del cinturón de seguridad y el uso del casco.

Afirmó que en el caso español las leyes de tránsito existían y que lo único que se hizo fue hacer que se cumplieran. Mencionó que no se necesitan grandes infraestructuras ni tecnologías, pero destacó la importancia del mantenimiento de las rutas y de la señalización vial, el papel de la policía de tráfico, la colaboración de la sociedad civil y de los medios de comunicación, y el testimonio de las víctimas. Acotó que en Europa el mayor problema que tienen está relacionado con el consumo de alcohol (el límite es de 0,2 gramos por litro de sangre) y que en su país están implementando acciones para bajar la velocidad en zonas puntuales, por problemas de atropellos.

Sin ajustar

Gerardo Barrios, presidente de la Unasev, explicó a la diaria que la situación de nuestro país está condicionada por la corta historia de la unidad, y afirmó que “Uruguay, por primera vez, a partir de 2008 empieza a establecer una verdadera política de Estado en materia de seguridad vial”. Esto fue a partir de la Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito (18.113), de octubre de 2007.

“El tránsito no es un problema de 19 intendencias departamentales o de instituciones como Policía Caminera o Policía de Tránsito en forma aislada y totalmente fraccionada. El tránsito es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de salud de la población. Ocurre que al comenzar con una disciplina tan fraccionada por administraciones anteriores se choca con ciertas dificultades”, afirmó Barrios.

En este sentido, mencionó el caso de los cinturones de seguridad para las camionetas escolares, que resonó el jueves pasado, a raíz de un accidente de tránsito en el que falleció una niña de 11 años que viajaba en una de esas camionetas, sin cinturón. El uso del cinturón es obligatorio y las camionetas escolares deberían tenerlo desde junio de 2008; sin embargo, hasta ahora no se ha concretado. Barrios explicó: “La reglamentación del uso de cinturón de seguridad para el transporte escolar está pronta, pero está sufriendo un pasaje por los ministerios y por la Cámara de Industrias, porque puede afectar hasta la importación de vehículos y de dispositivos de seguridad y eso requiere que los tiempos a veces no sean los que uno quisiera. A cada uno de estos trámites le hacemos el seguimiento para apurarlos, pero eso tiene que ser incorporado por todas las instituciones públicas y privadas vinculadas al tema”. Lo cierto es que recién ahora, luego del impacto que generó el accidente mencionado, tal vez se concrete lo que debió hacerse hace dos años.

Barrios consideró en situación similar respecto de la no exigencia el uso de cinturón en los ómnibus de larga distancia, donde la Ley de Seguridad Vial aprobada en el Parlamento dejó un vacío, porque se dispuso que el transporte de larga distancia debía tener cinturón, pero no se reglamentó al respecto y los ómnibus no lo tienen. Explicó que la Unasev tiene avanzado un proyecto de ley para incluir cinturones de seguridad en todo el transporte.

Uruguay fragmentado

En Uruguay hay un promedio de 16 muertos en siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes. Sólo en 2009 murieron 516 personas y hubo 25.000 lesionados. Barrios explicó que en los países “donde las cosas se hacen bien, donde se invierte, donde hace años que está incluida la seguridad vial en la cultura, las cifras promedian de cuatro a cinco muertos cada 100.000 habitantes, es decir, tenemos tres veces más que el mejor exponente”. Aclaró que esta realidad es común para todo el Cono Sur.

Pero el promedio de fallecidos en siniestros de tránsito presenta grandes diferencias dentro de Uruguay. Artigas tiene un promedio de cuatro muertos cada 100.000 habitantes; Montevideo, de 8 muertos, y también se destacan en este sentido Cerro Largo y Rivera.

En el polo opuesto, son alarmantes las cifras registradas en departamentos como Flores, cuya tasa de mortandad en siniestros es de 40 cada 100.000 habitantes, y de San José, con 30 muertos cada 100.000. En la charla sobre la situación de la siniestralidad en Uruguay, Barrios indicó que los departamentos que sobrepasan la media de accidentes son aquellos en los que se detectó que no estaba generalizado el uso del casco por los motociclistas: Canelones, Lavalleja, Soriano, Colonia, Flores y San José.

Apenas entre 50% y 60% de los motociclistas de las principales ciudades del país usan casco. La cifra es evidentemente baja. Barrios dijo a la diaria que “todavía se sigue con la cabeza del país fraccionado, donde interesa más, de repente, pensar que el tránsito está enmarcado dentro de la recaudación, a través de las multas, o que si salgo con el [tema del] casco pierdo votos para las elecciones”. Consultado sobre los mecanismos que tiene la Unasev para exigir a las intendencias que se cumpla con la ley (de superioridad en el ordenamiento jurídico), respondió: “ninguno”. A su entender, crear estos mecanismos corresponde a los legisladores.

De todos modos, el entrevistado subrayó avances, como la incorporación de la seguridad vial a la currícula escolar. Indicó que la media de fallecidos en 2007 fue de 17,7 muertos cada 100.000 habitantes y que en 2009 hubo 1.800 lesionados menos que en 2008. Esto podría responder a la reglamentación sobre el consumo de alcohol (se bajó de 0,8 gramos por litro de sangre a 0,3 gr/lt) y al incremento del uso del casco y del cinturón de seguridad.