“Para conseguir la autonomía cultural y económica, así como para lograr un desarrollo independiente de la ciencia y la tecnología, es necesaria la financiación con los recursos propios. Se puede producir conocimiento científico y tecnológico a partir de la pobreza: la historia así lo ha demostrado. No surgieron de la gran riqueza instrumental la ciencia y la tecnología en Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos sino que surgieron en sus propias condiciones, que eran tan elementales, quizá, como las que tenemos en Uruguay”, manifestó a la diaria el profesor universitario Alción Cheroni, jefe del Departamento de Inserción Social del Ingeniero (DISI).

El académico presentó su trabajo Políticas en ciencia, tecnología e innovación en el Uruguay de los siglos XX y XXI. Un análisis epistemológico desde la perspectiva del materialismo dialéctico, durante una mesa redonda organizada por el Grupo Interdisciplinario Estado, Sociedad y Economía en los siglos XX y XXI, de la Udelar, evento que tuvo lugar el viernes 23 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Los comentarios de la obra estuvieron a cargo del catedrático grado 5 de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería, Roberto Markarian, y del docente universitario Jorge Rasner; el moderador fue el profesor Jorge Notaro.

Cheroni intentó determinar con su análisis de qué manera la relación de dependencia con el imperialismo condiciona el desarrollo autónomo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay. Según explicó, en el caso de Uruguay son las organizaciones financieras internacionales como el FMI, el BID y el BM, junto con las grandes compañías multinacionales, las que determinan y controlan, a través de préstamos y donaciones, la orientación de las inversiones destinadas a la investigación científica básica y aplicada. “Este componente de inversión externa es un elemento muy determinante, sobre todo cuando los países son débiles. El financiador siempre determina intereses: no se puede concebir este proceso en el mundo actual como un acto de generosidad”, contextualizó. Cheroni valoró que “esos interes es siempre chocan con los intereses sociales de Uruguay”, y que “aceptar estas fuentes de financiación no deja de ser un riesgo para el desarrollo autónomo nacional”.

En su estudio sostiene que en los países capitalistas y dependientes la inversión financiera es el principal mecanismo que la clase dominante utiliza para controlar políticamente el sistema de producción de conocimiento científico y tecnológico.

Destacó que en Uruguay hay una multiplicidad de financiadores, donde se encuentran, por un lado, el Estado, y por otro, las empresas o instituciones privadas con capital nacional o extranjero. Para el docente resulta relevante analizar cuáles son los intereses sociales concretos del Estado, para luego saber qué es lo que financia y cuáles son sus objetivos. “En Uruguay, el proceso de producción siempre estuvo dirigido a ingresar en el mercado externo. De esta forma, dependemos de otro orientador de nuestras políticas productivas y, por ende, de nuestras políticas en ciencia y tecnología”, razonó.

En ese sentido, Cheroni evaluó que la financiación externa también se refleja en el sistema educativo, ya que éste se va orientando paulatinamente hacia una producción cada vez mayor de egresados con destino profesional en procesos que no desarrollan autonómicamente la potencialidad productiva del país hacia su propio mercado interno.

Apuntó que la clase obrera uruguaya no ha sido integrada a estos procesos y que el trabajador es quien finalmente termina padeciendo más duramente el tipo de desarrollo científico-tecnológico aplicado.

Por su parte, Markarian puntualizó que la temática presentada por Cheroni se relaciona íntimamente con la llamada globalización, la cual se puede interpretar como una forma de hegemonía cultural y científica. Sostuvo que en todos los procesos ligados a la globalización se plantea la pregunta de hasta dónde conectarse y dejarse influir o hasta dónde independizarse y actuar de manera alternativa.

Con relación al ámbito científico-tecnológico del país, aseveró que es necesario plantearse algunas preguntas rectoras: cuáles son los parámetros de calidad en materia de creación y producción de conocimiento en distintas áreas; cuáles son los patrones de referencia; cuáles las formas pedagógicas y políticas de enseñanza más idóneas; cuáles los modelos de gestión a seguir y si se tiene claridad para formular propuestas. “Quiero insistir en la necesidad de que se hagan estudios detallados sobre algunos de los temas que se han analizado en el trabajo de Cheroni”, recomendó.

Citó como ejemplo la importancia de llevar adelante un análisis del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), así como de conocer cuál es el plan de inversiones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y cuáles las políticas de inversión en ciencia de las universidades privadas, entre otras cosas.

El rol de la universidad pública

De acuerdo a la exposición de Cheroni, las características que asume el proceso de producción de ciencia y tecnología en Uruguay son muy peculiares, dado que no sólo se verifica una intervención directa del Estado sino que también hay una incidencia muy fuerte de la Universidad de la República.

Destacó que si bien la Udelar tiene una fuerte potencialidad productiva, carece de autonomía financiera, por lo que depende de quién invierta recursos efectivos en el desarrollo del conocimiento científico. “La vida de nuestra Universidad siempre ha sido una vida de tensión, porque la autonomía choca con las propuestas que tiene el financiador, que es el Estado”, reflexionó. Y advirtió que, “al recortarle su presupuesto, le están recortando su capacidad de desarrollo, ya sea en el campo docente como en el de la investigación”.

El profesor subrayó que la autonomía le permite a esta institución procesar sus propias políticas, es decir, determinar las orientaciones en el campo de la producción. Cheroni comentó que en Uruguay, durante la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911-1915), existió una política científica y tecnológica que pretendió asumir una autonomía completa del financiador externo. Por ejemplo, en aquellos años fueron creados el Instituto de Química Industrial, el Instituto de Geología, el Instituto Nacional de Pesca y las Estaciones Agronómicas.

Científicos for export

El autor recordó que recién durante las últimas décadas los científicos uruguayos comenzaron a promover la profesionalización del trabajo intelectual, es decir, la gradual transformación del investigador en un trabajador asalariado que, en su condición de tal, tiene como objetivo la producción de conocimiento aplicado. En ese punto, ponderó la creación de la ANII como la de otras estructuras para el desarrollo de la labor científica. Sin embargo, alertó que éstas adoptan el modelo hegemónico y que las exigencias para egresar como investigador, en el marco de este sistema de profesionalización, son determinadas por los países capitalistas desarrollados. “Creo que muchas veces no se tiene en cuenta nuestra propia historia. En el mundo capitalista hay exigencias muy altas porque tiene siglos de historia en investigación científica. Hay todo un proceso de formación curricular que en Uruguay recién se está dando en algunos sectores de la Universidad. [Pero] hay investigadores de importancia capital que en ese formato no entran”, graficó Cheroni. A su turno, Rasner analizó que desde que la ciencia comenzó a ser percibida como un valor productor de mercancías, el investigador se tornó cada vez más dependiente de quien solventa la producción científica. Hoy en día, si un científico de Uruguay quiere competir a escala global, tiene que publicar estudios o trabajar sobre aquellos programas de investigación que están planteados a nivel mundial. “Si un investigador uruguayo quiere publicar en una revista de alto impacto internacional, va a tener que adaptarse a una agenda que no se fija desde acá sino que es fijada desde los centros económicos y políticos de poder científico-tecnológico”, resumió. De esta forma, añadió, el científico ingresa de hecho en la división internacional del trabajo intelectual, es decir, le corresponde adaptarse a esos requerimientos para progresar en su carrera dentro de su propio país, en lugar de pensar en las necesidades locales. “Creo que si la Universidad de la República está financiada por el dinero de todos nosotros, y [sucede] en un contexto que tiene sus propias problemáticas, se deberían poner por encima de cualquier otra consideración los problemas locales o regionales”, subrayó Rasner. Markarian coincidió en que las principales revistas son publicadas en los países del llamado “primer mundo”, campo donde se define qué es lo más valioso, y que este juicio, en muchas ocasiones, “ni es inocente ni es desinteresado”.

Acerca de la fundación de la ANII, Rasner evaluó: “Se ha dado un salto cualitativo importante, dado que esta agencia está concentrando los recursos, que antes estaban muy dispersos entre diversas agencias gubernamentales, y los está colocando para favorecer la investigación”. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con que la ANII se maneje con un criterio global a la hora de evaluar a los científicos uruguayos, concepción propia de la división internacional del trabajo intelectual.