El material de difusión que se presentó en la sala de sesiones del BPS es el resultado del trabajo en conjunto entre las autoridades del banco y ocho organizaciones sociales allí presentes: Asociación Trans Uruguay (Atru), la Red Uruguaya de Trabajadoras/es Sexuales Trabajando en Sida (Utrasex), la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), Kilómetro O Trans, la Asociación de Lucha y Prevención contra el Sida en el Este (Alpcse), el Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios en Sexualidad del Uruguay (CIEI-SU), el Colectivo Ovejas Negras y la Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay (Amiseu).
Los antecedentes deben buscarse quince años atrás, cuando en 1995 el BPS reconoció el trabajo sexual de las mujeres; en 2002 se aprobó la ley 17.515 de Trabajo Sexual, que define las condiciones lícitas para su ejercicio, y en diciembre de 2009 se aprobó la ampliación de los derechos a los hombres y a las personas transexuales que realicen ese trabajo. A su vez, en 2009 entró en vigencia la Ley de Unión Concubinaria, en lo que tiene que ver con los derechos pensionarios de seguridad social referidos a personas del mismo o diferente sexo.
En la presentación, el presidente del BPS se refirió al primer paso que se dio en 1995, gracias al cual decenas de mujeres pudieron jubilarse, pero, “por sobre todas las cosas, permitió que el tema del trabajo sexual y de las personas que están vinculadas a esta actividad empezaran a ser considerados”, expresó.
Con respecto a la ley de Trabajo Sexual, Murro enfatizó la necesidad de continuar profundizando su reglamentación e implementación y, según dijo, ya se ha comenzado a avanzar al respecto, en una tarea que involucra a distintas autoridades ministeriales y del gobierno. En cuanto al material de divulgación presentado, Murro destacó la importancia del trabajo en conjunto con las organizaciones en un tema que “era para nosotros no solamente desconocido sino extraño” y en el que hubo que “aprender a razonar, a hablar, a preguntar cómo se deben decir determinadas cosas”.
El proyecto recibió el apoyo técnico del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Onusida. El sociólogo Juan José Meré, representante de Onusida en Uruguay, señaló en la presentación que el apoyo de este programa se debe a que “el primer paso para la prevención y el tratamiento es el reconocimiento de la persona como persona, con su identidad y su orientación, con su ciudadanía y sus derechos”. Calificó la regulación relacionada con todas las personas que realizan trabajo sexual como un “paso cultural y político del cual todavía no medimos su impacto, representando un hecho inédito en América Latina”.
Uno de los problemas que plantea la modalidad de “empresa unipersonal” es el costo de los aportes, ya que no todos pueden pagar los poco más de dos mil quinientos pesos mensuales. Los datos existentes sobre la situación socioeconómica de las personas que realizan trabajo sexual forman parte de investigaciones realizadas por Onusida y por la comisión creada por la ley 17.515. Si bien estos estudios muestran datos parciales debido al ocultamiento o invisibilidad que hay en este tipo de trabajo, “la inmensa mayoría es gente que tiene diversas formas de exclusión y con bajos ingresos”, señaló Murro.
Como solución, el BPS aprobó un proyecto de decreto de monotributo que está en consideración del Poder Ejecutivo y sobre el cual Murro dijo ser muy optimista en cuanto a su aprobación, cosa que sucederá en “las próximas semanas o meses”. A través de este sistema, la afiliación tendrá un costo de aproximadamente seiscientos pesos mensuales, dando todos los beneficios para el afiliado y su familia.
Otro tema que se trató en la presentación es cómo salir del trabajo sexual y acceder a otro tipo de empleos. Según expresó Josefina González, de Kilómetro O Trans: “Nuestro frente de batalla será en un futuro no muy lejano tratar de lograr que nuestras compañeras, como personas trans, no tengan como único camino el trabajo sexual”. En relación a esto, Murro se refirió al compromiso generado con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) con el fin de hacer un proyecto de capacitación para buscar otras alternativas laborales.
Michelle Suárez Bértora, integrante del Colectivo Ovejas Negras, conocida en los últimos días por ser la primera persona transexual que se recibió de abogada, consideró que “se está tratando de contribuir a un camino de inclusión social para grupos extremadamente vulnerables”. Se refirió a la necesidad de que los derechos se efectivicen, “principalmente el derecho de igualdad, para que dejen de existir en nuestra sociedad ciudadanos de clase a y clase b”. Por último, felicitó la iniciativa del BPS, señalando que no tiene precedentes en Uruguay ni en América Latina.
Magdalena Carrere, de Red Utrasex, expresó: “Por fin tenemos algo por lo que tanto luchamos. Nosotros, como cualquier otra institución, como cualquier otro gremio, queríamos y deseábamos estar y tener algo que nos pudiera representar frente a la sociedad”. Por su parte, Gloria Álvez, en representación de Atru, expresó su deseo de que “todas las compañeras tomen conciencia y logremos concientizarlas día a día, para que todas se afilien, y que nos escuchen, porque es duro el trabajo de charlar”. Varios representantes de las agrupaciones aludieron a este segundo paso, que tiene que ver con la difusión de la información para que el acceso a la seguridad social se haga efectivo.
Derechos y obligaciones
Las personas que realicen trabajo sexual y se afilien al BPS como empresas unipersonales deberán abonar 2.556 pesos mensuales, en el caso de que tengan hijos menores a cargo, y 2.355 pesos mensuales en el caso de que no los tengan. Según indica el folleto, para poder acceder a todos los beneficios la persona deberá estar registrada en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y autorizada a ejercer el trabajo sexual, de acuerdo a lo que establece la ley 17.515.
Al afiliarse podrán tener cobertura de salud pública o privada para el titular y los hijos menores a cargo o mayores con discapacidad, subsidios por enfermedad, asignaciones familiares, lentes y prótesis de uso terapéutico, entre otros. Los beneficios de pasividad incluyen jubilación común a partir de los sesenta años con treinta años de trabajo y jubilación por edad avanzada para aquellas personas de sesenta y cinco años o más que no alcancen los treinta años de trabajo.
Se agregan a estos beneficios: jubilación por incapacidad física, préstamos para compra de audífonos, lentes de contacto y prótesis terapéuticas, acceso a pensión en caso de fallecimiento del afiliado, entre otros.
Según explica el folleto difundido, la afiliación es sencilla, se realiza todo el trámite en un único acto, en las “ventanillas únicas” del BPS o de la DGI de Montevideo, o en las oficinas respectivas del interior del país. En aquellas localidades donde no exista “ventanilla única”, se deberá concurrir primero al local de DGI y luego a las oficinas del BPS.