Desarticulando
Hoy a las 9.00 comienza el análisis parlamentario sobre el presupuesto nacional 2010-2014 en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. El primero en comparecer ante los legisladores será el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. El régimen de trabajo establecido será recibir de lunes a jueves a los secretarios de Estado y a otras autoridades públicas, y los viernes, a organizaciones sociales. Ayer, en una previa de lo que será la defensa en esta instancia por parte del gobierno, la Secretaría de Comunicación colgó en la web de Presidencia la entrevista que le realizó al subsecretario de Economía, Andrés Masoller. El funcionario calificó de “realistas” y no de “optimistas” las proyecciones contenidas. “Uruguay en los últimos cinco años creció a una tasa promedio de 6,1% y para este presupuesto nacional se está estimando un crecimiento promedio de 4,6%. Es decir, un crecimiento menor que en el período anterior, aunque alto respecto a lo que es la historia de nuestro país”. Con respecto a los cuestionamientos surgidos desde la oposición, que considera “pesimista” el cálculo de déficit fiscal para 2014 de 0,8% del PIB, Masoller señaló que “se está teniendo una política prudente de reducción gradual”, lo cual “permite aumentar los márgenes de maniobra de la política fiscal”.
El espacio fiscal disponible para la elaboración del presupuesto concentra dos terceras partes del gasto asignado a las cuatro áreas definidas como prioritarias: educación, seguridad, vivienda e infraestructura. En la exposición de motivos que acompañan el mensaje presupuestal, el gobierno define el espacio fiscal para el período 2010-2014 de acuerdo con sus objetivos fiscales y con una serie de proyecciones en materia macroeconómica para todo el quinquenio, a la vez que también se fundamenta las asignaciones presupuestales en paralelo al énfasis programático del Frente Amplio.
Con respecto al escenario externo, el documento anexo al presupuesto prevé “una significativa recuperación de la economía mundial a partir de 2010” y menciona que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento promedio de la economía global de 4,5% para los próximos cinco años. También se sostiene que tanto China como Brasil continuarán siendo “los motores del crecimiento mundial” y que dicha posición resultará favorable para nuestro país, ya que los dos gigantes son los principales socios comerciales de Uruguay. Finalmente, se concluye, a pesar de la incertidumbre que genera el problema de la crisis de deuda en Europa y el enlentecimiento de la recuperación en Estados Unidos, que las perspectivas de la economía internacional son positivas.
En el ámbito local se espera que la economía mantenga la senda expansiva de los últimos años, aunque se advierte que las tasas de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) serán más moderadas que las registradas en el quinquenio anterior: para 2010 se proyecta un crecimiento de 6,5%; para 2011, de 4,5% y de 4% para 2012 en adelante. En el mismo sentido se apuesta a que las exportaciones de bienes y servicios y el consumo interno se sigan expandiendo, el último como consecuencia de la mejora de los ingresos reales de los hogares y del aumento de los niveles de ocupación.
En referencia al empleo, se consigna que éste seguirá creciendo, aunque en proporciones menores que en la pasada administración, dada la alta tasa actual de ocupación. Sobre los precios internos, se pronostica un crecimiento de éstos de 6,6% en 2010 y de 6% en 2011, para luego “alinearse paulatinamente al centro del rango meta -entre 4% y 6%- fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica”.
En materia de resultado del sector público, el documento marca como punto de partida un déficit equivalente al 1,2% del PIB en 2010, mejorando en cinco décimas el resultado de 2009, para llegar a 2015 con un rojo de las cuentas públicas del 0,7% del PIB. La mejora del resultado fiscal se explicaría básicamente por una mejor performance de las empresas públicas a partir de 2010, y en menor medida por la reducción del déficit del gobierno central y el BPS, mientras que el peso de los intereses de deuda se mantendría prácticamente estable a lo largo del período, oscilando entre 3% y 3,2% del PIB.
Haciendo espacio
Las metas en materia fiscal han sido una de las principales diferencias del gobierno con la oposición en la elaboración del presupuesto, mientras que el oficialismo cree que la reducción del déficit fiscal es congruente con las políticas públicas delineadas para el período, en los demás partidos políticos se tilda de “poco ambiciosa” la meta fiscal fijada en la propuesta presupuestal.
Desde el Partido Nacional, el economista Javier de Haedo ha sostenido en su columna semanal del diario El País que de registrarse una mayor recaudación asociada a un incremento del PIB superior al proyectado, y “dado que se trata de un crecimiento extraordinario, a una tasa mayor a la de la tendencia de largo plazo [...] hubiera sido preferible que su producido se ahorrara, mejorándose la meta de resultado fiscal, que se ha establecido en un nada ambicioso déficit de 0,8% del PIB [en alusión a la meta para 2014]”. En tanto, el gobierno considera que de mejorar la recaudación, debido a un mayor crecimiento económico, se podrán incrementar las partidas presupuestales en futuras rendiciones de cuentas. El Partido Independiente y el Partido Colorado también reclaman la búsqueda de resultados fiscales más equilibrados y la puesta en marcha de un mecanismo de regla fiscal regulado por ley.
El Ejecutivo sostiene que “la mejora del resultado fiscal y el crecimiento sostenido de la economía permitirán reducir progresivamente el peso de la deuda del sector público” y que de concretarse el vaticinio, entonces será posible achicar los actuales niveles de endeudamiento, desde 69% del PIB en 2009 hasta 40% del PIB en 2015. El alto nivel de deuda pública que mantiene el Estado uruguayo es visto como una de las principales “vulnerabilidades” macroeconómicas, mientras que se pondera que si se reduce sustancialmente su deuda, el país podrá recuperar el grado inversor -investment grade- antes de que finalice el actual período de gobierno.
Vayamos por partes
En total, el Poder Ejecutivo calcula un aumento de los ingresos para 2014 con respecto a 2010 de 47.521 millones -unos 2.284 millones de dólares al tipo de cambio actual- medido en pesos constantes de 2010. De ese total debe deducirse partidas previamente comprometidas por un total de 24.860 millones de pesos, que estarán distribuidas de la siguiente forma: 11.068 millones a mejorar las pasividades; 4.062 millones a la incorporación al Fonasa de varios colectivos -cajas de auxilio, profesionales y cónyuges de trabajadores ya incorporados-; 6.856 millones para aumentos de asignaciones familiares, prestaciones del BPS para trabajadores activos, transferencias a las AFAP y otras transferencias del gobierno central, y, finalmente, 2.925 millones ya comprometidos para el pago de intereses de deuda pública.
Descontados estos rubros, el espacio fiscal resultante es de 22.661 millones -algo menos de 1.100 millones de dólares-, de los cuales las dos terceras partes son asignadas por el presupuesto a las cuatro áreas definidas como prioritarias: educación, seguridad, vivienda e infraestructura. Respecto a su estrategia de financiamiento, el gobierno piensa emitir una deuda durante su gestión por 5.000 millones de dólares, poniendo el acento en el mercado doméstico y en la desdolarización de las emisiones.
Entre 2010 y 2014 el total que el sector público deberá afrontar por concepto de pagos de intereses y amortizaciones de deuda asciende a 9.000 millones de dólares, de los cuales 2.454 millones de dólares serán cubiertos con recursos propios provenientes del superávit fiscal primario -previo al pago de intereses-.