Sinopsis

El SOA cubre los daños personales provocados como resultado de un siniestro en el tránsito y excluye aquellos que reciba el vehículo propio o el de terceras personas, además de otras exclusiones relativas a la figura. Es obligatorio para todos los vehículos automotores y remolcados, incluyendo motos, a excepción de las de menos de 70 cilindradas que hayan sido empadronadas antes del 19 de agosto de 2009. En el sitio www.bse.com.uy se encuentra más información.

Para el primer balance fue difícil recoger información sistematizada y centralizada. El Banco de Seguros del Estado (BSE) estima que antes de la puesta en marcha del SOA había unos 400.000 vehículos sin seguro, mientras que ahora, sobre la base de investigaciones de mercado y datos de dependencias estatales, el cálculo es que aún serían 100.000 las unidades en esas condiciones. En una dirección similar, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) afirma que las pólizas vigentes en el sector privado crecieron 44% en comparación con las existentes antes de que la ley 18.412 entrara en vigencia: de 150.980 pasaron a 217.177 en junio de este año.

Respecto a la repartición del mercado, el BSE ostentaba a diciembre de 2009 el 95% de las pólizas SOA, según las cifras de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Sin embargo, la distancia se reduce en el resto de los seguros de vehículos; a la misma fecha el Estado controlaba el 54% del mercado, según graficó el director de la División Comercial del BSE, Nelson Montaldo, en diálogo con la diaria.

El nuevo escenario también redirigió otros tipos de coberturas al detectarse movimientos de clientes hacia seguros de mayor cuantía. “Se han integrado al mundo de los seguros muchas personas que pensaban que eran tan caros que estaban fuera de su alcance. Cuando conocen el precio del SOA muchos preguntan: ‘¿Cuánto vale una cobertura mayor?’”, relató Montaldo. A pesar de este movimiento comercial, la nueva realidad no motivó variaciones en los precios, pues la ley fijó las diferencias que debe haber entre el SOA y los seguros tradicionales, como forma de garantizar su accesibilidad.

Desde AUDEA la visión es la misma. Para su gerente general, Mauricio Castellano, durante el último año se vio estimulado en general el mercado de seguros de vehículos, gracias a que “la población ha brindado una respuesta extraordinaria a esta herramienta” dada la “especial sensibilidad” que tiene “en relación con los accidentes de tránsito y sus consecuencias”. Para Castellano esto se comprueba por el hecho del mayor número de pólizas aunque “no se ha procedido a fiscalizar en la vía pública el cumplimiento de la contratación del seguro”.

Pasivo y activo

El elemento introducido por Castellano es uno de los aspectos a mejorar tanto para las aseguradoras como para algunas autoridades del Ministerio del Interior. La fiscalización está organizada de dos formas: la pasiva, que se hace mediante los trámites de empadronamiento, transferencias y cualquier gestión municipal referida al vehículo, y la activa, que debería llevar a cabo la Policía de Tránsito y la Caminera en rutas y calles.

De acuerdo con la primera de las modalidades, tanto el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Urse, como el jefe de Estadísticas de Policía Caminera, Joselito Sánchez, el incumplimiento es casi nulo, pero persiste el interrogante de qué pasaría si se aplicara también la fiscalización activa. Este punto fue incluido en la ley pero no se reglamentó nunca, y según todos los consultados es una fase importante de la aplicación normativa. Creen que sería la forma más directa y eficaz de lograr una cobertura.