Si no lo trata hoy lo tratará mañana, dijeron a la diaria varios diputados. La idea inicial era que se incluyera en el orden del día de hoy, pero el feriado de ayer imposibilitó la confirmación; de todos modos, algunos representantes indicaron que se puede ingresar de forma urgente. La expectativa es alta, y el colectivo Mujeres de Negro tiene pensado concurrir a las 17.00 a la Cámara de Representantes para presenciar la votación, que se supone afirmativa.
El proyecto fue presentado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, a fines de abril en el Consejo de Ministros, a partir de una iniciativa de la diputada Daisy Toruné que incluyó un intercambio con Ariel Ferrari, director del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores. En mayo ingresó a la comisión de Seguridad Social de Diputados, que en agosto lo votó por unanimidad. El miércoles 5 la comisión le entregó una copia al resto de los legisladores y Alma Mallo, diputada por el Partido Colorado, será la responsable de presentarlo ante el plenario.
Sostén económico y sanitario
Se trata de dos prestaciones monetarias para los hijos e hijas de personas fallecidas en un episodio de violencia doméstica, del que debe existir una sentencia judicial que identifique al victimario. Incluye una pensión por vejez o invalidez (alrededor de 4.200 pesos) y una asignación familiar especial (de 865 pesos o de 1.200 si el adolescente cursa enseñanza media o superior). Tiene carácter retroactivo, de modo que, de ser aprobada, incluirá a los que todavía reúnan las condiciones, aunque el fallecimiento de sus progenitores haya ocurrido años atrás.
Los beneficiarios deberán ser solteros y menores de 21 años, salvo que a los 18 años tengan medios de vida propios. Las pensiones serán administradas por quien posea la tenencia legal del beneficiario y la asignación irá a una cuenta en el Banco República a la que el adolescente podrá recurrir al cumplir los 18 años. Las prestaciones serán para todos los menores de 14 años, pero no recibirán pensiones quienes estén internados en centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ni los que reciban pensión por invalidez. Cumplidos los 14 años, el subsidio será condicional a la concreción de sus estudios, como forma de fomentar la continuidad educativa. Alcanzará a los que tengan hasta 16 años y no hayan podido completar la educación primaria a los 14 "por impedimento plenamente justificado", también a quienes tengan hasta 18 años y cursen estudios superiores a educación primaria, y la pensión se otorgará hasta los 21 años a quienes cursen estudios superiores a primaria.
Los beneficiarios serán incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y se contemplará la asistencia a tratamiento psicológico autorizado y costeado por el BPS. Este organismo será el que desembolse las prestaciones económicas, procedentes de Rentas Generales.
¿Seremos pioneros?
El proyecto impulsado por Tourné tuvo sus bases en una propuesta de Mujeres de Negro. La idea cruzó fronteras y llegó a Aruba el 22 de setiembre, cuando el colectivo lo presentó ante la Comisión de Equidad y Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano para proponerla como una “ley marco para toda América Latina”, es decir, que sirva para ser retomada por otros países. Allí María del Carmen Liesegang, integrante de Mujeres de Negro, expresó: "En Uruguay cada 40 minutos hay una denuncia por violencia doméstica en comisarías o juzgados, y cada nueve días es asesinada una mujer por su pareja o ex pareja”. La referente aludió a la voluntad política de Alma Mallo y Daisy Tourné para aprobar la ley de resarcimiento a huérfanos de víctimas de violencia doméstica y remarcó que “todos los partidos políticos se comprometieron a aprobarla”. Liesegang dijo que la iniciativa “jamás reparará lo que significa la pérdida de una madre por femicidio pero al menos paliará en algo el desamparo de esos hijos huérfanos”.