Ayer ingresó al Senado un proyecto de ley que busca evitar que los jueces procedan al archivo de las causas que investigan los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Este hecho es el resultado de un largo e intenso debate dentro del Frente Amplio (FA) en el marco de una comisión especial que fue creada por el Plenario Nacional luego de que el 20 de mayo fracasara en la Cámara de Diputados el denominado "proyecto interpretativo" para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.

El lunes comenzará en el Parlamento una carrera contrarreloj con el tratamiento y la media sanción de los senadores. El martes ingresaría a la Cámara de Diputados mientras el plenario vota la Rendición de Cuentas, con el objetivo de que el miércoles se le dé sanción definitiva para que el Poder Ejecutivo tenga tres días, hasta el lunes inclusive, para promulgarlo y ponerlo en vigencia.

Entre los primeros planes de la comisión especial, que se reunió ayer de mañana, estaba votarlo en el Senado hoy. La postergación tuvo que ver con un pedido del presidente del FA, Jorge Brovetto, quien comunicó que el Partido Nacional (PN) resolverá en el directorio si respalda la iniciativa el lunes por la mañana. Por esa razón se convocó la sesión para la tarde. En tanto, la declaración de la Asamblea General tendiente a reconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) queda en suspenso hasta que este proyecto se haya promulgado.

El plazo para que los partidos de la oposición presenten sus respuestas vencía el lunes, pero el PN no tomó decisión formal debido a que el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, y el presidente de la Agrupación Parlamentaria, Jorge Larrañaga, están en el exterior. Pese a las expectativas que había en el FA de que el proyecto sea acompañado por legisladores de otros partidos, ayer las posibilidades de que algún nacionalista lo vote no parecían muy claras.

Si bien Heber antes de su partida expresó públicamente en más de una oportunidad la voluntad del PN de cumplir con el fallo de la CIDH, las declaraciones públicas de los legisladores iban en otro sentido. Al cierre de esta edición, la bancada de senadores blancos analizaba este tema y, según adelantó en diálogo con la diaria Carlos Moreira (Unidad Nacional), todo apuntaba a que "el PN no lo votará”.

El presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, sector que durante el proceso de discusión manifestó más reparos a la posibilidad de una solución legislativa, dijo ayer a Canal 4, en respuesta a la pregunta del periodista, que el tratamiento parlamentario "no implicará demora". "Los factores y los fundamentos que han justificado la elaboración y la presentación de este proyecto suponen premura, suponen urgencia, dado la evolución de los tiempos y los plazos que hay al respecto", completó.

El texto

El primero de los cuatro artículos que tiene el texto final “restablece la pretensión del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. El segundo se refiere específicamente a la posibilidad de que el 1º de noviembre prescriban los mencionados crímenes, y busca evitarlo al establecer que “no se computará plazo procesal alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley”. En el siguiente se declara que los delitos cometidos durante la dictadura “son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.

El proyecto presentado y firmado por varios senadores frenteamplistas contiene una extensa exposición de motivos en la que se enfatiza que el propósito es “adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular a los contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana”.

Sobre la Ley de Caducidad se señala que “su vigencia, aplicación e interpretación [...] continúa siendo un obstáculo para el fiel cumplimiento de las obligaciones estatales como el deseo de satisfacer legítimamente a víctimas y familiares, un mínimo afán de justicia, verdad y memoria”. Concluye diciendo que la iniciativa “pretende ser claro, sencillo y operativo al sentido de justicia de nuestro pueblo, para que a través de una justicia independiente, justa y eficaz pueda contribuir a la construcción del 'Nunca Más' dictadura y terrorismo de Estado en Uruguay”.