Uno de los aspectos más débiles del sistema de recaudación del Fondo de Solidaridad, en términos de equidad fiscal, tiene que ver con que el monto del aporte varía de acuerdo a la duración de la carrera de la cual se egresó y no en relación a los ingresos del profesional. Por otro lado, el mínimo para exonerar es muy bajo, los ingresos deben ser de hasta 9.000 pesos o, para ser estrictos, 4 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones, cuyo monto a la fecha es de 2.226 pesos).

El presidente del Fondo de Solidaridad, Marcos Supervielle, y el gerente general, Enrique Miranda, en conversación con la diaria coincidieron en que estos dos puntos tienen que ser modificados. “Cuando se hizo la ley todavía no había IRPF [Impuesto a la Renta de las Personas Físicas] y no se sabían los ingresos, por lo que estamos sugiriendo al Parlamento que la contribución sea según el nivel de ingresos de la persona y no según los años de carrera. De esa forma sería mucho más justo”, explicó Supervielle. Con respecto al mínimo para exonerar, Miranda dijo que ese punto también fue propuesto al Parlamento: “Somos conscientes de que cualquiera que trabaja está por encima del mínimo de los 9.000 pesos. Entonces lo que proponemos es un mínimo alineado al IRPF, de entre 17.000 y 18.000 pesos”. El impuesto se comienza a pagar a los cinco años del egreso, se esté ejerciendo o no la profesión, durante 25 años.

Uno de los temas que plantea la existencia de este impuesto es si atenta contra la gratuidad de la enseñanza. En este sentido, Supervielle opinó: “La gratuidad no es un fin en sí mismo sino un medio para que todo el mundo pueda estudiar. Nosotros hicimos un índice de accesibilidad y prácticamente todos los estudiantes universitarios que están por debajo del dos y medio de BPC, si no tienen beca, no estudian”.

Por otra parte, Supervielle explicó que “el Fondo de Solidaridad tiene un estudio que muestra que los becarios tienen mejores promedios de estudio que los no becarios. Y, a pesar de ser personas de muy bajos ingresos, 17% de los egresados de 2010 fueron becarios del Fondo, uno cada cinco. Además, 90% de las becas que damos, las damos en el interior del país, y sabemos que la tasa de retorno de los egresados del Fondo [los estudiantes que vienen a estudiar y se vuelven a su lugar de origen] es de 42%, lo que es muy alto”.

El fundamento del Fondo es el de la solidaridad entre generaciones, sobre la base de que la educación es gratuita pero no gratis, y de que el egresado universitario tuvo un beneficio de la sociedad en su formación, aplicando esos conocimientos en su vida laboral, ya sea en su profesión o no. “No hay dudas de que un empresario que sea contador tiene ventajas sobre un empresario que no lo sea”, dijo Supervielle y señaló que “el tema es lo que la sociedad te dio, por eso el fundamento en la solidaridad intergeneracional, de generaciones más viejas que son solidarias con las generaciones más jóvenes”.

Otro aspecto que ha sido cuestionado es el pago del Adicional, aprobado en 2001, para egresados universitarios de carreras de cinco años en adelante, con un monto igual al máximo del Fondo de Solidaridad (3.700 pesos), siendo exonerable con ingresos mensuales menores a 6 BPC. Consultados sobre este tema, Supervielle y Miranda dijeron “no tener arte ni parte”: “Somos un pasamanos; lo recibimos y se lo damos a la Universidad. No nos corresponde a nosotros opinar, es un tema de la Universidad”.

Por otra parte, los profesionales que están en el exterior no están exonerados de forma automática. “No es que no pagues por estar en el exterior, no pagás por el hecho de no tener ingresos en una actividad laboral dentro del territorio”, explicó Miranda. En esos casos, la persona tiene hasta 60 días para presentarse con la documentación que compruebe que estuvo en el exterior y que no generó ingresos en el país. Debido a algunas quejas, se está pensando en extender el período de 60 días a 90.

Las deudas más grandes promedian los 40.000 pesos. En algunos casos, se trata de personas que hacen convenios para ponerse al día y luego dejan de pagar. El Fondo tiene la posibilidad de enviar a los morosos al Clearing e incluso de realizar embargos. “El Clearing es una herramienta más que tiene su eficacia como cualquier otra”, dijo Miranda.

Becas solidarias

Para las autoridades del Fondo de Solidaridad, las críticas o los argumentos en contra del sistema pierden peso cuando se llega al tema de las becas. En este sentido, Miranda destacó que “el fin no es recaudar, no es el aporte, el fin es dar becas. Hay 6.000 estudiantes por año que si no fuera por la beca no estudiarían”. Por su parte, Supervielle aclaró: “Somos el único país que tiene este sistema; los demás tienen el de crédito universitario. Vos sos pobre, querés estudiar, sacás un crédito en un banco y te dan la plata pero después estás pagando toda tu vida, y ahí sí que pagás”.

En total 60.300 becas fueron entregadas desde su creación hasta 2010 y 79.268.800 es el monto pagado en dicho período. “Tenemos un protocolo muy duro para dar las becas, y un control férreo”, dijo Supervielle. El requisito es tener ingresos bajos pero “no hay cupos, nosotros no filtramos, no discriminamos. El único tema acá es si sos vulnerable”, señaló.

Miranda explicó que para este nuevo período de inscripciones “se está introduciendo un nuevo sistema, se trata de un índice que, en base a una determinada cantidad de variables, permite determinar tu condición de vulnerabilidad”. Si el becario omite datos en su declaración jurada, o no informa cambios relevantes luego de recibir la beca, puede ser obligado a devolver el dinero y, según dijo, hay actualmente 180 estudiantes que están haciéndolo. El monto de la beca es de 4.800 pesos mensuales.

El año pasado se otorgaron 5.860 becas y se prevé que para el año que viene aumente en 6.500. “En la Regional Norte, en Salto, se entrega por becas un millón de dólares por año. Para evitar que tuviesen que venir a Montevideo, abrimos una pequeña oficina en Salto, con un administrativo y un asistente social”, dijo Supervielle, mientras que Miranda aclaró que abrir esa oficina “salió la compra de un mueble, el local es de la Universidad, no tenemos nada, sólo el personal”.

El 1º de noviembre pasado se abrió un nuevo plazo de inscripciones (a través de la web) para los que renuevan becas y para aquellos que, cursando estudios terciarios, piden la beca por primera vez. En enero próximo se comenzará a inscribir a los que el año próximo ingresan por primera vez a la educación terciaria.

Reformúlenlo

Un grupo de profesionales está juntando firmas para respaldar su propuesta de reformulación del Fondo de Solidaridad, que será presentada a los legisladores de todos los partidos políticos, y abarca cinco puntos: derogación del Adicional; reducción del plazo de aportación de 25 años a diez; pago desde el décimo año del egreso; exoneración a quienes no ejerzan; aumento del mínimo no imponible a 15 BPC mensuales.

“La idea surgió por la pesada carga tributaria que tenemos todos los profesionales”, dijo Carlos, que es abogado, en diálogo con la diaria. “Consideramos que el Fondo tiene una parte positiva, la parte de función social para la gente de bajos recursos que no puede llegar a la universidad. Lo que sí consideramos excesivo es el Adicional, ese dinero va a la Universidad, para gastos de infraestructura, gastos de los que se tendría que hacer cargo el Estado”, opinó.

Una de las quejas es que la Universidad no informa al estudiante ni antes ni después de egresar que tendrá que aportar al Fondo de Solidaridad y, según expresaron, “te enterás de que tenés que pagar cuando ya tenés deuda”. Señalan, además, que el sistema no es equitativo y proponen que pague solamente el que ejerza. Para Carlos, “de acuerdo a los laudos de trabajo, un cajero de supermercado, si tuviera una profesión, tiene que pagar el Fondo porque pasa del monto mínimo para exonerar. De alguna manera se está equiparando aquella idea de que ser profesional universitario equivale a un buen nivel socioeconómico, y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo”.

“Hay muchas carreras en que la inserción laboral es prácticamente nula, y a esa gente igualmente se le cobra”, señaló Silvana, psicóloga de profesión, y agregó que “es un impuesto que lo tenés que pagar durante 25 años y es realmente muy elevado. Pensamos que es una violación al principio de gratuidad de la enseñanza porque no te cobran durante la carrera pero luego de egresar, te dediques a lo que te dediques, vas a tener que pagarlo sí o sí”.

Al momento de la entrevista, llevaban reunidas unas 600 firmas, a las que se sumaría el apoyo, por ahora virtual, de los que adhirieron al grupo creado en Facebook. La propuesta de reformulación y las firmas serán llevadas a los legisladores después del 15 de este mes, pero según dijeron, las firmas “se van a seguir juntando”.

Para contactarse con el grupo: nomasfondo@grupo.facebook.com.