Fue en los años 60 y 70 una de las referencias mundiales por sus políticas de legalización de la marihuana y vuelve a serlo 40 años después. A mediados de 2010 el sistema político holandés encendió un debate sobre la necesidad de legalizar y regular el consumo de todas las sustancias prohibidas, si se quiere, desde una perspectiva liberal: ahorrar en el gasto público y aumentar la recaudación. En plena crisis, figuras tales como el ex ministro de Defensa Frits Bolkestein, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), conservador liberal, y la ex ministra de Salud Els Borst Eilers, de los Demócratas 66 (D66), liberales de izquierda, suscribieron la idea de que “la regulación del mercado de la droga ofrece una formidable posibilidad de alivio fiscal”.

Para equilibrar sus cuentas públicas los Países Bajos debían ahorrar 30.000 millones de euros. Todos los partidos hicieron propuestas en ese sentido, entre ellas una reducción de los pagos a la Unión Europea y el recorte de medios para la integración de los musulmanes, como exigió el populista de derecha Geert Wilders. “Todas esas opciones duelen”, afirmaban en un comunicado Bolkestein, de 77 años, y Borst Eilers, de 78, para luego ofrecer “una opción que ofrece alivio”. Los ex ministros calcularon en base a estadísticas oficiales que las operaciones policiales contra fabricantes de drogas contrabandistas y repartidores, penas de prisión, lavado de dinero, caída en los impuestos y muchas otras consecuencias de la prohibición de las drogas le costaron a la sociedad 15.750 millones de euros, es decir, 924 euros por holandés al año.

Pero el debate, que en eso quedó en Holanda, también empieza a tener sus réplicas en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos, principal “importador” de drogas en el orbe. El Instituto Cato, reconocido en este rubro por su promoción de la “libertad individual, gobierno limitado, mercado libre y paz” -tal su eslogan- publicó recientemente un informe estadístico que concluye que el fin a la “prohibición” del consumo ayudaría a resolver los problemas presupuestales. Si se legalizaran todas las drogas el gobierno ahorraría 41.300 millones de dólares al año en costo de aplicación de la ley y generaría unos 46.700 millones en recaudación tributaria: la marihuana generaría 8.700 millones en ahorros, y otros 8.700 millones en impuestos.