La ANP busca construir un muelle pesquero en la bahía de Montevideo, frente al barrio Capurro, y para ello abrió el 17 de noviembre una licitación para adjudicar parte de la obra. Se trata de ganar espacio en el puerto de Montevideo para ampliar la superficie destinada al movimiento de cargas, y agilizarlo. Las actividades pesqueras se concentran en el muelle Mántaras, que quedaría liberado una vez concretada la obra, permitiendo la construcción de los muelles C y D, que se destinarán a la carga; también se pretende mejorar las operaciones de las flotas pesqueras.
Principios y negocios
Aunque se coincide en que el proyecto “mejora” las condiciones de trabajo, a nivel sindical hay discrepancias (ver la diaria del 28/10/10). Mientras el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) se opone a la concesión de los servicios a empresas privadas, en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) estuvieron "de acuerdo desde un principio". “Nuestra discrepancia es histórica y conceptual, y el precio político será pagado por la administración”, advirtió el dirigente del SUNTMA, José Franco. Por su parte, Ricardo Suárez, del SUPRA, entiende que "el espacio del puerto de Montevideo es reducido y es necesario ampliarlo”, para lo cual el consorcio constructor “tiene que hacer negocios”.
Pero el proyecto parece no tuvo buena recepción en el ámbito privado, ya que sólo una empresa compró el pliego licitatorio. La firma española Barros y Asociados, elegida para elaborar el informe sobre la iniciativa para la ANP, formó un consorcio junto con las también españolas Sulfanor (logística) y Frioya (instalaciones frigoríficas), con las que planea presentar su proyecto. Solicitó más plazo a la ANP para presentarlo y el organismo aceptó, fijando como nuevo límite el 27 de abril.
Díaz aseguró a la diaria que "preocupa la situación" y detalló que el organismo "se había comprometido a hacer el primer acceso a la obra", trabajos que ya comenzaron. "Los inversores tendrían que ver que la obra va en serio", sostuvo. La prórroga se concedió porque los privados "no terminan de presentar la oferta. Y eso nos preocupa, pero por otro lado nos vemos obligados a acceder al petitorio", admitió.
Explicó que la prórroga excede el plazo solicitado por la empresa, de 30 días a partir del 17 de febrero (fecha prevista para el cierre); ahora, la ANP volverá a contactarse con empresas que habían mostrado interés. En general, son firmas de orígenes cuyas flotas pesqueras recalan en el país, principalmente españolas, chinas, y surcoreanas. "Es muy probable que [la licitación] no vaya mucho más allá de abril: no se puede seguir estirando", enmarcó Díaz. De no haber oferentes, el proyecto "va a tener que seguir igual, pero con fondos públicos", informó.
Pasen y vean
La obra implica la construcción de dos módulos, uno destinado a la flota nacional y otro a la extranjera. Es éste el licitado en la oportunidad y se prevé que dure unos dos años, a un costo aproximado de 35 millones de dólares. Después se llamaría a otra licitación para adjudicar el módulo destinado a la flota nacional, en un proceso que llevaría otros dos años. Díaz dijo que aún no se conoce el monto de esta inversión: “Todavía estamos estudiando la figura geométrica que debería tener la parte del área nacional”, obra que “va a ser hecha con fondos propios”.
El proyecto global incluye tres muelles en los que podrán estar amarrados al mismo tiempo al menos 50 buques, un parque de contenedores con dos muelles de descarga y una serie de cámaras de frío de última generación. Se proyecta el amarre de popa (perpendicular a la escollera), que permitirá acomodar más barcos que en Mántaras, donde el amarre es por banda lateral (paralelo), modalidad que, de todos modos, deberá contemplarse para la carga y descarga de pescado.
Las empresas que construyan el complejo tendrán a su cargo, durante 30 años desde la conclusión de los trabajos, el servicio a barcos extranjeros de manejo de cargas, recolección de residuos, suministro de combustible y almacenaje de la pesca en frigoríficos. A cambio, las firmas abonarán un canon anual al Estado y parte de sus utilidades. El plan no contempla servicios para pesca deportiva ni artesanal.