El senador Pedro Bordaberry propuso reformar el artículo 43 de la Constitución de la República, que establece que "la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial". Adeptos a la propuesta de Bordaberry están desde hace dos meses juntando firmas para llegar a un referéndum que modifique la ley, de manera que los adolescentes de 16 y 17 años sean sometidos al mismo régimen penal que los adultos.
Tratamiento especial en la región
El 6 de abril Unicef emitió un comunicado de prensa en el que informaba su posición ante el debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley. En el documento el órgano pronunció: "Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional". En ese documento Unicef recordaba que los adolescentes en Uruguay no son impunes, puesto que aquellos que tienen entre 13 y 18 años están en la órbita del sistema de responsabilidad penal específico para menores, tal como establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 2004, en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Unicef Uruguay en su página web informa sobre la situación legislativa regional del tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Éstos son sometidos a un procedimiento especial de responsabilidad penal a partir de los 12 en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y México DF; a partir de los 13 en Uruguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana y de los 14 en Chile, Paraguay, Colombia y Panamá. El informe no dispone de datos respecto a Argentina, Guyana, Guayana Francesa, Suriname ni Belice.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada por el Estado uruguayo en 1990, considera como niño a todo menor de 18 años y establece una serie de medidas para el tratamiento de los niños que hayan infringido las leyes penales.
"Si Uruguay aprobara una reforma constitucional como la propuesta comprometería su responsabilidad internacional y debería denunciar el tratado, esto es, manifestar su voluntad de dejar de ser parte del mismo. Ello tendría consecuencias políticas relevantes en materia de la posición de Uruguay en relación a la comunidad internacional", afirmaron representantes del consejo ayer en conferencia de prensa.
El Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente está integrado por los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, por el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Pediátrico Luis Morquio y por representantes de la sociedad civil. Ayer se aclaró que el Poder Judicial se abstuvo de firmar la declaración.
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), explicó a la diaria que hubo dos motivos por los cuales Ricardo Pérez Manrique, representante de la corte en el consejo, se abstuvo de votar. El vocero indicó que "la SCJ como organismo nunca se expidió sobre el tema" y que sí se han pronunciado algunos ministros, pero a título personal; agregó que el segundo motivo es que "la corte entiende que este debate debe darse en el ámbito estrictamente político y no es oportuno que la SCJ intervenga".
Insumos
El consejo consultivo llamó a reflexionar “para dimensionar el problema en sus justos términos”. Lauro Meléndez, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, dijo a la prensa que la idea es apuntar a la “reconstrucción del entramado social”. Afirmó que bajando la edad de imputabilidad se revictimiza a los adolescentes e indicó que “por lo general se asocia pobreza y delincuencia” cuando en realidad “el tema de la desigualdad es lo que genera mayor violencia y no el de la pobreza de la infancia ni de las adicciones”. Meléndez apuesta al desarrollo de las políticas sociales, las que a su entender “tienen que devenir o provocar cambios culturales, si no nos integramos todos como sociedad va a ser difícil que encontremos una respuesta sólida y eficiente y que sea sostenible en el tiempo. La sociedad en general tiene que hacerse cargo de estos problemas”. Respecto a la ineficacia del INAU para contener a los adolescentes penados de libertad, dijo que se está reconfigurando el sistema, lo que es el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente.
En diálogo con la diaria Jorge Ferrando, director del INAU, agregó que esa reconfiguración incluirá varios programas y una mejora significativa del modelo de gestión con una propuesta integral que abarca la educación, la salud, el trabajo con las familias, la inserción social y el tema de seguridad, “pero desde nuestra óptica la seguridad es un aspecto que forma parte de un proyecto conjunto y si se la ve sola y aislada del conjunto se cae en excesos de pensar que la solución a esto es más represión”, sostuvo. Precisó también: “Hay que trabajar mucho con las familias, que muchas veces son las que promueven que los adolescentes salgan a robar, pero también hay familias que no quieren que sus hijos estén en eso y buscan apoyo”.
Ferrando señaló: “Para nosotros lo que podría caber es un análisis del sistema penal juvenil y eventualmente la creación de un cuerpo normativo que tome en cuenta quizás una cierta diferencia de adolescentes de 13 a 15 y de 16 a 18, pero no llevando el sistema adulto hasta los 16. Eventualmente podríamos pensar en un sistema penal juvenil que tome algunas medidas hasta los 15 años y quizás algunas medidas más severas entre los 16 y los 18. Eso no sería contradictorio con el marco normativo, sería totalmente posible y forma parte también de algunos aspectos que pensamos que tienen que estar en el debate”. El jerarca valoró que esa “es una iniciativa que nos parece que es bueno que los legisladores y otros actores tomen en cuenta porque sería un avance respecto al código actual de la niñez en esa área en especial”.