El gobierno emitió ayer la resolución anunciada el lunes por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en la que se revocan “por razones de legitimidad todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo” en aplicación del artículo 3 de la Ley de Caducidad que “consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos” en ésta. “En su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal”, añade. El segundo artículo establece que debe comunicarse la decisión a la Suprema Corte de Justicia. La resolución llega el mismo día en que una delegación del PIT-CNT transmitiera preocupación al canciller Luis Almagro por la forma en que el Estado uruguayo dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Gelman. La semana pasada se entrevistaron con el fiscal de corte Rafael Ubiría, quien explicó que el ministerio público no recibió comunicación formal del fallo por parte del Ejecutivo, que se comprometió a informar a los otros dos poderes.