La Defensoría del Vecino de Montevideo trabaja desde 2009 el tema de las fincas abandonadas. Por iniciativa de ese organismo funciona el subgrupo de "Estudios jurídicos y legislativos del Programa Fincas Abandonadas y Ocupadas", en el que participan los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Policía Comunitaria, la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo (IM) y la defensoría. En este marco, los integrantes de la comisión han establecido contacto con habitantes de los antiguos edificios de Comaec, Tiempost y la estructura sin terminar en Varela y Propios, con el propósito de atender las situaciones más emergentes y avanzar en soluciones con sus propietarios.

El informe anual correspondiente a 2010, presentado en mayo, contiene recomendaciones generales a los poderes Legislativo y Ejecutivo y a la intendencia. Al Parlamento le sugiere "estudiar la posibilidad de nuevas soluciones legislativas para aquellas situaciones de abandono de inmuebles por parte de sus propietarios que afecten gravemente el interés público". Al Ejecutivo le recomienda reglamentar la ley 18.308, de Ordenamiento Territorial, y a la IM, "resolver la ejecución de aquellas propiedades con situación grave de morosidad por adeudos tributarios departamentales y cuyo abandono y uso indebido provoque perjuicios a la comunidad". Y propone que los municipios, principalmente los de zonas centrales, hagan un relevamiento de las fincas abandonadas (cruzando información con oficinas departamentales para conocer la situación de adeudos y con la Dirección General de Registros para actualizar la titularidad dominal) y así "detectar y sistematizar las trabas existentes" para solucionar la situación "por parte de los responsables o para la recuperación del inmueble".

Consultado por la diaria, Diego Cánepa, prosecretario de Presidencia, dijo no tener presente el tema de la reglamentación de la ley 18.308, pero afirmó que una ley "no puede dejar de aplicarse por falta de reglamentación". Meses atrás, el defensor del vecino, Fernando Rodríguez, afirmó, al igual que los arquitectos, que es necesario tipificar el concepto de abandono para establecer parámetros que permitan al Estado adquirir un inmueble abandonado, amparándose en el bien común.