Las conclusiones surgen del Informe de Relaciones Laborales del Primer Semestre de 2011, elaborado por el citado centro de estudios terciarios y presentado ayer por Rodríguez con el “objetivo central” de analizar la conflictividad y el rol de la negociación colectiva. Comentó que si bien la conflictividad entre enero y junio fue algo superior a la registrada en igual período de 2010, igualmente es baja en términos históricos, ya que, con excepción del año 2005 (especial por haber sido el primero de gobierno frenteamplista), en los siguientes fue mayor. Recordó que en la primera mitad de 2010 no hubo negociación colectiva, instancia que conlleva un margen seguro de conflictividad.
Su principal causa en el semestre fueron los reclamos salariales, que representaron 46% del total, seguida por los reclamos en las condiciones de trabajo, con 28%. Sobre la negociación colectiva, remarcó el amplio porcentaje de acuerdo registrado en los 127 subgrupos, de los que 85% se resolvió por consenso tripartito. Un 6% se zanjó por votación, implicando siete casos, en seis de los cuales el Poder Ejecutivo votó junto con el PIT-CNT, y en el otro con los empresarios. Por decreto presidencial se resolvieron dos subgrupos (1,5%), mientras que los restantes siguen abiertos (7,5%). Rodríguez destacó además “el alargamiento de los plazos” de vigencia de los convenios, subrayando que 22% fue a tres años, y 64% a dos años y medio, jerarquizando el valor de estabilidad general derivado de los convenios de mayor duración. En la misma línea destacó que el 65% de los convenios incluyó cláusulas de salvaguarda y 75% incorporó cláusulas de paz, en tanto que 55% tomó en cuenta enfoques de género y 35% de capacitación.
Monitor de gabinete
En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2010 a estudio del Parlamento se prevé la creación de la Unidad de Evaluación y Monitoreo de las Relaciones Laborales y Empleo, que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El titular de la cartera, Eduardo Brenta, comentó a la diaria que se había detectado la necesidad de sistematizar la información relacionada con el empleo, la demanda y las condiciones de informalidad o seguridad social por cada sector de actividad, para que sirvan como insumos para los negociadores de la Secretaría de Estado.
En conversación con la diaria, explicó que “las cláusulas de salvaguarda hacen pasar una situación especial [como un empeoramiento del contexto económico] a los Consejos de Salarios”, donde las partes deben diagnosticarla y actuar en consecuencia. “No se dice qué es una situación excepcional pero históricamente las cláusulas de salvaguarda no lo establecen: lo derivan a alguna institución u organismo, que en este caso son los Consejos de Salarios”.
¿Qué indica el placard?
En cuanto a los resultados de este proceso, destacó que los sectores más sumergidos (por debajo de 6.000 pesos) tendrán relevantes incrementos salariales reales. Como ejemplo señaló que en la industria y en los servicios los aumentos son en promedio de 46,15% y 53,18%, respectivamente. En sectores no sumergidos pero cercanos a ese nivel también surgen incrementos sustantivos, como en supermercados (42,83%), limpieza (28,6%) y seguridad (27,9%). Precisó que los rubros no sumergidos también muestran una mejora sustantiva de su poder adquisitivo, y enumeró los porcentajes promedio de aumentos sectoriales en vigencia de los acuerdos: 10,26% en la industria, 15,09% en comercio, 13,93% en servicios y 7,91% en rurales. “Estos convenios establecen crecimientos reales importantes”, valoró, algo que “puede ser un problema o no”. Si bien implican un mayor costo para las empresas y una posible pérdida de competitividad por esa vía, “uno de los factores que llevó a que la crisis del 2008-2009 afectara tan poco a Uruguay fue la existencia de un mercado interno que crecía” sobre la base de mayores ingresos. “Ahora que existe la posibilidad de un nuevo rebrote de la crisis, probablemente tener un mercado interno crecido implique un resguardo. Uno no sólo tiene que mirar la empresa sino todo el conjunto”, fundamentó. Ponderó que los sindicatos priorizaron “lograr crecimientos reales importantes y fijos” de los salarios, sin condicionamientos, y de hecho los “consiguieron” sustanciales y sin atarlos a productividad.
Nada es lo mismo
En cuanto a lo que resta del año, Rodríguez prevé “una conflictividad diferente”. Primero porque habrá una nueva instancia de discusión de la Ley de Negociación Colectiva que incluirá la visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al país para “hablar con los actores”. Si bien entre los empresarios “hay expectativas de éxito”, a nivel sindical “la postura es contraria”. En el segundo semestre también se realizará, “si no se posterga nuevamente”, el congreso del PIT-CNT, donde será necesario “ver la correlación de fuerzas entre las diferentes corrientes sindicales”. Al respecto, llamó la atención sobre los resultados de dos votaciones gremiales recientes vinculadas a estrategias de fuerte enfrentamiento: AEBU Banca Oficial y ADEOM. En ambos casos perdieron las alianzas más radicales y ganaron las menos confrontativas. “Es un hecho significativo sobre el que habrá que poner atención”, evaluó. Entre tanto, se deberá esperar para apreciar los efectos de la denuncia al gobierno presentada ante la OIT por COFE con el respaldo del PIT-CNT por “no respetar la Ley de Negociación Colectiva”. Por último, estimó que en el sindicalismo habrá algunos “temas de discusión estructurales” no referidos a aspectos reivindicativos: la negativa del sindicato de AFE a la propuesta oficial de reestructura del ente y el rechazo al proyecto de participación público-privada. En ambos casos la conflictividad “dependerá de la actitud de los actores”. “Todo indica que si hay conflictividad será por causas diferentes a las que se dieron en el primer semestre”, concluyó.