El aumento estará destinado a la ANEP (973 millones), a la Udelar (243 millones), al Hospital Militar (154 millones) y al Banco de Tumores (cerca de 1,3 millones). También asigna 262 millones para la contratación de 670 funcionarios en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) para 2012, y establece que en 2011 se destinarán 300 millones de pesos incluidos en el presupuesto como gastos imprevistos para la construcción del Sirpa.

Luego de entregar en mano el proyecto de ley al vicepresidente Danilo Astori, Lorenzo dijo que en la propuesta no hay más incrementos presupuestales que los previstos para Educación y el Hospital Militar y que, como en todo presupuesto, “quedan demandas insatisfechas”. El ministro aseguró que la Rendición “ratifica el rumbo y evalúa el presupuesto que aprobó el Parlamento el año pasado”.

En cuanto al balance de la economía, el informe presentado resume las estadísticas económicas e identifica como “uno de los principales desafíos de la política macroeconómica en el corto plazo” el control de la inflación, y prevé, pese a que el rango meta proyectado se situó para 2011 entre 4% y 6%, “un desvío significativo respecto a la proyección del presupuesto, de aproximadamente dos puntos porcentuales”.

El total del gasto en 2010 fue de 192.097 millones de pesos, de los cuales 54% correspondió a la administración central y a los organismos del 220 (Poder Judicial, órganos de contralor, INAU, ANEP, Udelar), 23% fueron transferencias a la Seguridad Social, y 10% al pago de intereses de deuda. A nivel global, 55% de los fondos se destinaron a remuneraciones, 28% a gastos de funcionamiento y 17% a inversiones.

A su vez, el proyecto habilita un aumento de la deuda pública neta de hasta 5.500 millones de Unidades Indexadas (650 millones de dólares aproximadamente). Hoy la deuda neta es de 13.188 millones de dólares.

El articulado de la Rendición modifica una ley de 2008 que crea a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, y establece que tendrá como objetivo promover la mejora de gestión y la transparencia de las compras y contrataciones del Estado. La agencia será dirigida por un consejo directivo honorario integrado por representantes del Ministerio de Economía, de la OPP y de la Agesic, que serán nombrados por el presidente. Entre otros cometidos, el proyecto establece que la agencia debe crear un Registro Único de Proveedores del Estado, elaborar catálogos de bienes y servicios para intercambiar entre distintos organismos y crear un sitio que centralice todos los llamados a compras del Estado. La agencia además deberá regular los procedimientos licitatorios en la órbita estatal.

En cuanto al Ministerio del Interior, el proyecto faculta al Instituto Nacional de Rehabilitación a lograr convenios con instituciones públicas o privadas para utilizar como mano de obra a las personas privadas de libertad. Si los presos realizan trabajos en el propio Instituto, el pago será igual al 50% de un salario mínimo, si lo hacen en otras instituciones, el pago será acordado en el convenio previo. De la remuneración que perciban, 10% será destinado al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito.

En el Ministerio de Transporte se crea la Dirección de Transporte Ferroviario y el puesto de director de esta unidad, que contará con 12.500.000 pesos para financiamiento y personal. Por último, en esta cartera también se modifica la tasa por el otorgamiento de permisos especiales de carga extraordinaria a determinados vehículos, en donde se toman como base “la distancia a recorrer, las sobrecargas de los ejes y del vehículo y su relación con el deterioro que se cause a las rutas nacionales utilizadas en el transporte, según la siguiente fórmula”.

Respecto al Poder Judicial, se autoriza a que realice su digitalización del archivo judicial “existente y futuro”, así como también de “todos los procedimientos judiciales y jurídicos”, en tanto que se establece que la Suprema Corte de Justicia quedará facultada para ordenar la “destrucción de expedientes judiciales y administrativos archivados”. La Rendición de Cuentas también establece varias modificaciones en el código del proceso penal.

El texto ingresará formalmente a Diputados el martes y esa misma semana se reunirá la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para comenzar el análisis.