“Seguiremos nuestra tarea paciente, tenaz, comprometida en lograr un futuro mejor para aquellas mujeres que están esperando tener una vida más digna como corresponde a toda persona”. No fue un simple discurso. Fue parte de la proclama leída ayer por las mujeres -vecinas, militantes- que trabajan anónima y cotidianamente en torno a las Comuna Mujer de la Intendencia de Montevideo (IM). La insistencia y constancia de ellas y muchas otras hicieron presión para que se aprobara, hace diez años, la ley 17.514, de Violencia Doméstica. Una ley que aún tiene grandes huecos, y ése es, justamente, uno de los principales reclamos sostenidos ante un nuevo Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Por la ciudad
El Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres se conmemora el 25 de noviembre; las actividades relacionadas con el tema se desarrollan desde hace varios días y continuarán más allá del domingo. Cotidiano Mujer y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay presentarán hoy los resultados de la investigación “Del combate a la pobreza a las políticas de igualdad”, a las 9.30, en la sala de actos de Presidencia. El documento hace especial hincapié en la división sexual del trabajo. A las 18.00, invitan a La Colmena, en Maldonado 2182, al debate “La justicia de género en la región progresista: ¿cómo, dónde y a quiénes llegar?”. Mañana ómnibus de las empresas cooperativas de transporte lucirán un crespón negro en señal de luto por las víctimas. El domingo el colectivo Mujeres de Negro desarrollará una performance con 3.000 personas desde la plaza Independencia hasta la explanada de la IM.
“Reclamamos voluntad política para que los organismos competentes en el tema trabajen en forma articulada contra la violencia hacia las mujeres”, sostuvieron. En 2011 hubo 32 mujeres asesinadas por estos motivos y en lo que va de 2012 han sido 31.
Afirmaron que hay “omisiones del Estado” y que los recursos destinados “son insuficientes” y deberían ser “rápidos, eficientes y precisos”. Reprobaron “las actitudes de los funcionarios policiales que no atienden correctamente a las mujeres en situación de violencia doméstica” y pidieron al Ministerio del Interior que continúe capacitando en torno a la temática.
Exigieron al Poder Judicial que “ante el incumplimiento de las medidas cautelares, los infractores cumplan con la pena correspondiente”, y que en casos de homicidio por violencia doméstica la carátula del expediente “exprese la gravedad del delito diciendo ‘homicidio especialmente agravado’”.
Demandaron a los centros educativos universitarios, “en especial a las facultades de Derecho y Medicina, capacitar a los estudiantes y egresados en la temática de la violencia”; lo mismo pidieron para los maestros. Solicitaron a Salud Pública “el fortalecimiento de los equipos de asistencia” y que los profesionales hagan la denuncia judicial en caso de que una mujer presente lesiones por violencia doméstica.
Requirieron implementar políticas de inclusión laboral para mujeres mayores de 40 años, evitar las inequidades salariales por género y garantizar la representación política “al margen de la cuotificación”. También solicitaron que el tema del tráfico de personas sea incorporado en la agenda pública.
Pidieron a la sociedad toda que desarrolle nuevos modelos de masculinidad y convocaron a los medios de comunicación a “apropiarse del tema y destinar mucho más tiempo a sensibilizar a la sociedad para generar un pacto social de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres”.
Parlamentarios
La actividad se hizo en la explanada del anexo del Palacio Legislativo. La Bancada Bicameral Femenina, representada por las legisladoras frenteamplistas Bertha Sanseverino, Susana Pereira, Ivonne Passada, María Elena Laurnaga, Daisy Tourné, Daniela Payssé y Constanza Moreira, leyó una declaración. Manifestaron la intención de “minimizar la distancia que sigue existiendo entre la legislación vigente y la vida cotidiana de las mujeres”, de “lograr la efectiva implementación de las leyes” y “responsabilizar a todos los actores mediante una fiscalización efectiva”. Saludaron la aprobación del protocolo de actuación para la implementación de las tobilleras electrónicas, fruto del trabajo interinstitucional.
Insuficiente
En diálogo con la diaria, Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, especializada en Género e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, resaltó algunos puntos de la proclama de Comuna Mujer, con la que dijo estar “totalmente de acuerdo”.
Opinó que el tema de la violencia de género debe ser incorporado a la currícula de grado de Derecho, Medicina, Trabajo Social y Psicología, “porque son operadores que luego van a estar en el abordaje de estas situaciones”. Asimismo, sostuvo que “es necesario continuar con capacitaciones continuas y obligatorias a los magistrados y a todos los funcionarios del Poder Judicial así como a sus equipos técnicos”. Comentó que en los últimos años “la respuesta del Poder Judicial ha tenido un retroceso”, porque poco tiempo después de aprobada la ley 17.514 hubo “un avance en la capacitación” pero ahora “esa respuesta se ha burocratizado y no está siendo adecuada, los jueces no están dando respuestas acorde”.
Tuana remarcó que “no hay un compromiso del Estado en abordar la trata de mujeres y la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes”. Sobre los legisladores, reclamó que hagan cumplir las leyes, que se revea el capítulo de los delitos sexuales en el Código Penal, porque encierra “ideas muy patriarcales”, y que promulguen la ley de abuso sexual a niños y adolescentes, que duerme en un cajón del recinto parlamentario desde hace al menos cinco años.