El 8 de julio de 2010 los uruguayos amanecían con la noticia de un incendio producido en un pabellón de la cárcel de la ciudad de Rocha, en el que murieron 12 reclusos (a las semanas la cifra aumentó a 13) y ocho sufrieron heridas de gravedad y quemaduras.
Luego de dos años y medio, ayer, se conoció que la Justicia archivó la investigación porque no surgieron “elementos que hagan presumir responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos”. La Jueza Letrada de 1ª Instancia de Rocha de 1º Turno, Marcela López, fue responsable de dictar la sentencia que dispuso el archivo.
Según se informó desde el Poder Judicial, “no puede perderse de vista que el incendio mismo fue causado por un caso fortuito”, ya sea por la caída de una sábana o manta de uno de los reclusos sobre un calefactor. “Es decir que no fue causado por el Estado ni por sus agentes”, establece el informe.
La jueza, que tuvo en cuenta las declaraciones de los sobrevivientes, indicó que los ocho testigos reconocieron la existencia de ranchadas en el pabellón, frecuentes en las cárceles, porque los reclusos buscan generar espacios, de alguna manera, más privados. El fuego se inició en la “‘Ranchada del Chuy’ y se extendió rápidamente por la cuadra”. Cuando los reclusos se despertaron, unos fueron al baño (éstos no sobrevivieron) y otros se acercaron a la puerta para pedir auxilio y poder respirar mejor. En cuanto a la apertura de la puerta, los relatos de la población carcelaria restante “resultan confusos”, aunque existe cierta coincidencia en que el llavero finalmente abrió la puerta “rompiendo el candado con una maceta”. Según los informes de la Dirección Nacional de Bomberos y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, hay coincidencias que permiten concluir que “la respuesta [del llavero] ocurrió entre los 2’ y 30’’ (dos minutos y 30 segundos) como límite menor, con un máximo de 8’ (ocho minutos)”. Tomando en cuenta otro informe, la magistrada advierte que los dos minutos con 30 segundos pueden verse incrementados porque “la alerta recién pudo darse cuando se visualizó el foco ígneo por parte de la funcionaria policial desde la garita en la que estaba apostada, lo que según sus cálculos fue a los seis minutos aproximadamente de iniciado”.
Gabriela Fulco, asesora en materia de cárceles del Ministerio del Interior, explicó que tras los incidentes, se evacuó en forma inmediata la mayor cantidad de reclusos posible y se tomaron todas las previsiones para evitar las rancherías.
A mediados de este año la antigua cárcel de Rocha cerró y el ministerio abrió un nuevo establecimiento en la chacra policial del departamento. Fulco señaló que durante muchos años hubo un sinfín de establecimientos en situación de riesgo y que en dos años y medio se han ampliado e inaugurado otros varios. “Más rápido de lo que vamos, no se puede ir”, afirmó, y justificó que los tiempos de diseño de construcción y de las obras son lentos.
El abogado Gustavo Salles, representante de la familia de dos personas fallecidas y dos lesionadas, consideró que al archivarse la causa hay omisión del Estado. Aclaró, entre otras cosas, que al vivir en situación de hacinamiento, los presos de Rocha viven bajo tortura, y “la Suprema Corte de Justicia y los Jueces Penales permiten que se torture a los presos”. “Entonces no es de extrañar que el Poder Judicial no encuentre responsabilidades”, acotó con indignación.