En entrevista con la diaria, Óscar González, integrante de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) y de la cooperativa de clasificadores La Lucha, denunció que su sector es blanco de una escalada represiva por parte del Estado, y más concretamente de la IM a través de la requisa de carros. Enfatizó que ellos son los que hacen el trabajo más duro, pero los que obtienen menor ganancia del negocio. Al igual que el resto de los consultados, consideró que debido a la falta de investigaciones, no puede establecerse con claridad la diferencia de precio del residuo que ellos venden informalmente y el que terminan comerciando legalmente los depósitos. El integrante de La Lucha se quejó porque si bien en algunas ocasiones son consultados, sus opiniones muy pocas veces son tenidas en cuenta.

Contó que al cooperativizarse se mejoran algunas condiciones de trabajo, como contar con plantas de clasificado para no tener que hacer esa tarea en sus casas, que además brindan mayor capacidad de acopio. Pero igualmente siguen trabajando en negro, y sin estructuras edilicias adecuadas. Sobre este punto, Canessa explicó que en 1990 la Junta Departamental de Montevideo dejó sin efecto una norma que prohibía la recolección de residuos en la vía pública, pero sólo para quienes cumplieran determinados requisitos vinculados a la circulación de carros, el cuidado de los caballos y la gestión adecuada de los residuos en la vía pública, y eso es lo que la IM controla. Para Ostria es difícil lograr hábitos de trabajo formales en esa población porque hace muchos años que están fuera del sistema, y “acostumbrados a ganar su dinero sin límites, más que los de su propio esfuerzo”.

Al respecto, Jorge Ramada señaló que el PIT-CNT procura respaldar a la UCRUS y manifestó su desacuerdo con la postura de la IM hacia ese sector de trabajadores. A su vez, comentó que el número de accidentes de tránsito ocasionados por carros es ínfimo con respecto al total de siniestros, y denunció que en los depósitos de residuos ya han fallecido dos trabajadores, pero no tuvieron el mismo impacto mediático que el de los accidentes de tránsito motivados por carros de caballos. Sobre este tema, Sarachu opinó que el rol ambiental de los “clasificadores” es invisibilizado y la mayoría de la sociedad los rechaza, cuando en realidad sin su presencia “el sistema de disposición final hubiera colapsado hace tiempo”.

Las cifras acerca de la cantidad de recolectores tampoco son claras. Los registros de la IM consignan cerca de 5.000 en Montevideo, pero las del Ministerio de Desarollo Social (Mides) llegan a 10.000. En cuanto a las diferencias de precios en los distintos puntos de la cadena, desde el Mides estiman que el precio al que venden los depósitos es siete u ocho veces mayor que el que pagan a los “clasificadores”.