En 2011 la Comisión Nacional de Sida (Conasida), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sistematizó denuncias presentadas en Uruguay por personas con VIH ante organizaciones sociales; 72% de ellas referían al ámbito de la salud, por “dificultades en el acceso a tratamiento y atención” y por “la falta de confidencialidad” (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/12/males-sociales/ ). La encuesta evidenció que el acceso al sistema de salud, uno de los aspectos fundamentales no sólo para el bienestar de la persona sino para evitar que se propague el virus, es el principal escollo. La discriminación se extiende en ámbitos laborales, educativos, sociales y la padece cualquier persona que tenga VIH, incluso niños.

Ayer, en la sede de la ONU, en conferencia de prensa, la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual (Fudis), Conasida, la Asesoría Macro en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el área de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa 
ITS/Sida del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron sugerencias y el inicio de un diálogo nacional para personas LGBT con VIH.

Propuesta legislativa

La instancia excedió al colectivo LGBT. La diputada Bertha Sanseverino presentó un anteproyecto de ley sobre VIH desde una perspectiva de derechos humanos. Fundamentó su iniciativa en un trabajo comparativo realizado por la ONU en 2006 de de la legislación de VIH en 13 países de América Latina y el Caribe, sobre 12 aspectos que deberían estar contemplados en la legislación. La situación de Uruguay no era alentadora puesto que, como explicó Sanseverino, si bien existen normas, principalmente establecidas por el MSP, ninguna tiene carácter de ley.

El anteproyecto no ha sido ingresado todavía al Parlamento. El objetivo será “regular las políticas de prevención, educación, diagnóstico, control epidemiológico, atención integral e investigación”. Enfatiza en la responsabilidad del Estado de proteger a las personas con VIH; establece aspectos para la prevención, la obligatoriedad del sistema de salud de brindar tratamientos, medicación y estudios, de capacitar a los recursos humanos. Menciona el derecho a la información, a la no discriminación, a la confidencialidad, a recibir una consejería pre y postest de VIH, y prohíbe la exigencia de dicho test como requisito para ingreso o ascenso laboral; le da a la Conasida el rol de órgano consultivo y establece sanciones para quienes incumplan las normas.

Sanseverino remarcó uno de los 12 aspectos recomendados en el trabajo comparativo de 2006: que los Estados proporcionen y apoyen servicios de asistencia jurídica como defensorías del pueblo, oficinas de denuncias sanitarias y comisiones de derechos humanos para que las personas reclamen por los derechos vulnerados y para “mejorar el acceso a la Justicia”.

En el mismo sentido, Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Mides, comentó que “es fundamental tener herramientas de exigibilidad, que esos derechos que están en el papel después se concreten en la práctica” y agregó que en Uruguay “aprobamos leyes muy bonitas, muy avanzadas y después muchas veces no llegan al día a día, las personas no cuentan con las herramientas para hacerlas valer”.

Avance con los colectivos

Ayer se presentó la “Matriz sobre ciudadanía y derechos de las personas LGBT”, que resultó de un encuentro de organizaciones LGBT realizado el 13, 14 y 15 de octubre en el que participaron 22 colectivos de 11 departamentos. Fue impulsado por la dirección de Políticas Sociales del Mides, el área de Salud Sexual y Reproductiva y el programa ITS/Sida del MSP y la ONU.

Ruben Montaño, referente de Fudis, resaltó que esos tres días de discusión fueron importantísimos para que se contactaran los diferentes colectivos y armaran propuestas y para fomentar la comunidad LGBT. “Que esa matriz no quede sólo en esto”, pidió.

El texto abarca cuatro aspectos: salud, educación, vida cotidiana y empleo; para cada uno de ellos describe el estado de situación y las acciones necesarias para revertir las problemáticas.

Scagliola dijo que además de ser “un diagnóstico y propuesta de acción”, la matriz será una “guía de trabajo para el Mides para ver cómo ir a los problemas de la cotidianidad”.

La matriz, así como el proyecto de Sanseverino, serán insumos para el “Diálogo sobre derechos y VIH”, que se desarrollará en 2013, aseguró Scagliola. “Uruguay se debe un diálogo nacional sobre esta temática, en el que habrá que confluir desde las distintas perspectivas de aquellos grupos que por la situación de estigmas y de discriminación que viven se ven vulnerados y expuestos en mayor medida al VIH”. Agregó que así como hoy se cuenta con una hoja de ruta para LGBT habrá que construir otras para otros colectivos en los que el VIH tiene un alto impacto: personas privadas de libertad, trabajadoras sexuales, migrantes, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, consumidores de drogas”.

Tres casos por día

Liset Collazo es integrante del consejo ejecutivo de la Conasida en representación de la sociedad civil, es referente por la Asociación Uruguaya al Sero Positivo (Asepo), que brinda consejería y tiene un espacio en el centro de referencia VIH/sida, en el hospital Pereira Rossell. Dijo que si bien hay mayor apertura del sistema sanitario, se viven “terribles” situaciones de discriminación.

Collazo opinó que debería haber mayor prevención y “campañas sostenidas”. Alertó que “hoy en día se diagnostica a tres personas diariamente en nuestro país, dos hombres y una mujer. Es impactante”.

Insistió en la importancia de la educación en prevención dirigida a las embarazadas: en el Pereira Rossell se duplicaron los diagnósticos de niños con VIH el último año, debido a la transmisión durante el embarazo o la lactancia.

Hizo referencia a la necesidad de que haya una ley para atender las necesidades. A modo de ejemplo, dijo que los niños o adultos con VIH reciben una pensión por discapacidad sólo si la salud está muy deteriorada. Agregó que en el caso de los niños esa pensión es un apoyo alimenticio importante y decisivo para hacer frente a la fuerte medicación, porque muchas veces son huérfanos, o sus madres o abuelas no tienen trabajo. “Es importante esta ley para que podamos tener niños que en un futuro puedan ser hombres y mujeres saludables con una enfermedad crónica como es el VIH, y para detener la epidemia. Pensando en costos, si se les da la pensión se gasta menos después en medicación e internaciones, porque muchas veces el estado inmune desciende tanto que el paciente tiene que internarse o recibir más medicación”.

Hoy a las 11.00, en el Centro Cultural de España, la ONG Iniciativa Latinoamericana y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación presentarán aportes del proyecto “Hacia la inclusión social y el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/sida de las poblaciones más vulnerables en Uruguay”. Trabajaron en capacitaciones con gays y personas trans en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia y Maldonado. Evidenciarán discriminaciones en ámbitos educativos, económicos, sociales y culturales, anunció Stella Domínguez, referente de Iniciativa Latinoamericana.