El articulado fue elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Educación y Cultura (MEC), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Administración Nacional de Correos (ANC). En su esencia apuesta a que los aportes estatales para la sostenibilidad del SPU sean eliminados para 2020.
Al margen
Los operadores privados no fueron consultados para la elaboración del proyecto de ley. Rubens Martínez, director gerente de Tiempost, declaró en diálogo con la diaria: “Nos parece bueno el énfasis en la formalización del sector” aunque es “muy beneficiosa para el Correo Nacional”. Según dijo, “el Correo genera déficit y las empresas lo pagan”. Martínez recalcó que “hay contradicciones” en el texto en lo referente a lo “fiscal” y sobre todo a que “el Correo Nacional podrá tercerizar funciones y las empresas privadas no”. El directivo lamentó que “no haya habido instancias de diálogo” previas al ingreso de la iniciativa al Parlamento.
El SPU dista de ser un concepto “novedoso”, según José Luis Juárez, presidente de la ANC: “Uruguay ha sido un pionero en la universalización del acceso a las comunicaciones, siempre”. En este sentido señaló que el acceso universal se enmarca en que “Uruguay definió como política que no hay un correo para ricos y otro para pobres, ni distinción geográfica; hay uno solo”. La cobertura de una red que abarque las poblaciones de menos de 500 habitantes en el envío de la correspondencia y de más de 5.000 en el envío de encomiendas dentro del territorio nacional requiere de un subsidio. “Se eligió un régimen mixto en el que financian todos los que participan en el mercado, el propio operador designado, y lo que falta lo pone el Estado porque es el que tiene la obligación”, dijo Juárez.
Según datos del resumen ejecutivo previo a la redacción del proyecto de ley, al que accedió la diaria, el sistema se financiará con 45% de los ingresos de la ANC, 8% de la tasa de SPU y 47% de transferencias estatales. El documento describe que los aportes públicos descenderán progresivamente dado el aumento del volumen de operaciones, la utilización de tecnología especializada y la modernización de la ANC. La tasa de financiamiento del SPU, 10% del precio de envío exento de impuestos al valor agregado, abarcará la totalidad de empresas del sector: “Este sobrecosto lo pagamos todos los que participamos en sectores rentables, porque el Correo tiene servicios que no son SPU, la logística de valor agregado, la plataforma de transferencia de fondos, los servicios internacionales de courier”, ejemplificó el jerarca.
Se estima que el mercado postal, con 130 operadores, tiene una dimensión de 122.000.000 de envíos anuales por un valor de 162.000.000 de dólares. “Ése es el valor de mercado, yo sé que vale más; cuando la Ursec, el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) entrecrucen datos va a ser mucho más”, afirmó Juárez. El proyecto establece sanciones económicas por evasión fiscal (de 5.000 a 500.000 unidades indexadas), como así también la clausura por cinco días de los locales comerciales e incluso la revocación de licencias. “La evasión se da en todos lados. En Montevideo, el eje Bulevar [Artigas]-Bulevar [España], lo concentrado de la ciudad no tiene casi evasión, pero de ahí en adelante es campo de nadie hasta Bella Unión”, graficó el entrevistado.
Intercambio de figuritas
El Correo cambió su estatus en 1996: de Unidad Ejecutora del MEC se transformó en empresa pública de naturaleza comercial, y en 2011 pasó a la órbita del MIEM. Los costos por la prestación de los servicios básicos, según datos de 2009, llegan anualmente a 34.000.000 de dólares, mientras que los ingresos por año ascienden a 15.000.000; la diferencia para alcanzar la sustentabilidad es aportada por el Estado. El presidente de la ANC indicó que “todos los correos del mundo tienen déficit. Ésa es una de las cosas que hay que desmitificar: en todo el mundo, si le ponés el SPU al correo es deficitario y si se lo sacás no”. Simultánemente, el Estado tiene deudas con el organismo: “El endeudamiento del Correo tiene mucho que ver con el endeudamiento que tiene el propio Estado con el Correo; se le venía a comprar cuando no se tenía plata, [y] eso cambió radicalmente desde el período anterior”, afirmó.
La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay fue recibida la semana pasada por la comisión legislativa que estudia el proyecto de ley. La versión taquigráfica de ese día registra que el gremio mencionó la dificultad para cobrarle a los acreedores del sector público. Consultado Juárez, comentó que éstos “no sólo son del sector público, del privado también”, aunque admitió que “la deuda de la Intendencia de Canelones es la más importante, luego hay otras intendencias y organismos de la administración central”. Los funcionarios también plantearon que 15% de facturas que los entes públicos destinan al correo es distribuido en zonas con mayor dificultad de acceso. “Creo que es natural; cuando se pidió que se pasara ese 15% fue una orden del presidente de la República. Si yo tengo que direccionar la carga no te voy a dar la frutilla de la torta, te voy a dar un pedacito de hiel y un pedacito de miel, es natural”, matizó Juárez.
La norma a estudio prevé que los entes autónomos paguen un costo fijo por factura (tres pesos y fracción más), por lo que, admite el entrevistado, los presidentes de estas empresas “no me van a felicitar porque saqué esta ley”. El horizonte de la ANC no está puesto en esta modalidad. “Consideramos que fue una apuesta de la década del 90, que no es válida en 2012 con la factura electrónica”, describió el gerente, y agregó: “El compromiso es que a 2020 no haya asistencia, así que la rentabilidad en los negocios, con un enfoque global y comercio electrónico”, es parte de los objetivos del directorio.