La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable reunió alrededor de 45.000 personas. Delegaciones de 188 países, incluido el nuestro, firmaron un documento final titulado “El futuro que queremos”. En él reafirmaron el compromiso por el desarrollo sostenible, reconocieron que es necesario erradicar la pobreza, respaldaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el respeto de todos los derechos humanos, de la democracia. Sostuvieron también su compromiso “a tratar de llenar las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible” y consideraron, tal como se había pactado en Río 92, que los países tienen responsabilidades compartidas pero diferenciadas, en alusión a la mayor responsabilidad que les compete a los desarrollados por el deterioro del medio ambiente.
Tal como se proponía, se colocó la economía verde como una salida para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, por entender que es una manera de gestionar los recursos naturales “con menos consecuencias negativas para el medioambiente”. El documento aclara que la economía verde debe ser compatible con el derecho internacional, fortalecer la cooperación internacional y no debe constituir una restricción encubierta del comercio exterior.
Por otra parte, se decidió fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aunque no se lo elevó a la categoría de agencia especializada. El texto define reconocimientos hacia múltiples aspectos que involucran alimentación, acceso al agua y el saneamiento, salud, energía, transporte, promoción del empleo y protección social, cuidado de los océanos y mares, cambio climático, bosques, biodiversidad y se planeó fijar objetivos de desarrollo sostenible.
Al finalizar la conferencia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, dijo estar “muy agradecido” por “el compromiso político mostrado por los líderes mundiales” en la elaboración del documento, destacó la creación de un “foro político de alto nivel” que supervisará la implementación de las medidas acordadas, y el compromiso de que toda la población acceda a servicios energéticos modernos en 2030.
El tema del financiamiento fue uno de los puntos difíciles de consensuar, por eso fue quitada la propuesta de crear un fondo anual de 30.000 millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo sustentable. El sitio web de la ONU afirma que en las últimas horas de la conferencia “gobiernos, compañías, universidades, agencias de la ONU y otras instituciones se comprometieron en Río+20 a aportar unos 513.000 millones de dólares para asistir programas de desarrollo sostenible en todo el mundo”. Pero ese tipo de acuerdos no se plasmaron en el documento, y ése es uno de los aspectos criticados.
Otra de las principales críticas que recibió el documento es que no fija plazos ni metas. Por ejemplo, se dice que los países reafirmaron los compromisos a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, pero no se establecen más detalles de cómo se concretará eso, que es exactamente opuesto a lo que propone la economía verde, bandera principal de esta conferencia. Decenas de organizaciones rechazaron la “falta de voluntad política” para lograr otro tipo de acuerdos y la poca urgencia con que se plantearon los objetivos; también, la Cumbre de los Pueblos rechazó el modelo de economía verde por ponerle valor a los bienes naturales y por ser una continuidad del capitalismo.
Lilián Celiberti, integrante de la organización uruguaya Cotidiano Mujer, participó en la Cumbre de los Pueblos. Consideró que “el documento final es muy pobre en relación con los problemas”, que el concepto de economía verde “es un nuevo paso de mercantilización de la naturaleza” y que “es una consolidación de un camino extractivista absolutamente riesgoso para la sociedad”. Agregó que el texto presenta “una debilidad en términos de derechos”, si bien se enfatiza la necesidad de igualdad de oportunidades para mujeres y varones, indicó que se quitaron conceptos como el de “los derechos de salud sexual y reproductiva”.