Nunca más ciertas fueron esas palabras, ya que desde esa fecha hasta el presente, una larga cadena de medidas de ajuste ha seguido al aumento en enero del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tanto en la retención a las rentas del trabajo -entre 0,75% y 7% en función del salario- como en el aumento de la retención a los beneficios que grava la renta del ahorro. Llamado -desde los sectores que lo impulsaron- “recargo complementario de solidaridad”, la suba del IRPF marcó el comienzo de una larga lista de pérdidas de beneficios sociales, poder adquisitivo y derechos de los trabajadores españoles.
Con el sector público dirigido hacia la reducción del gasto, y el privado reacio a invertir por miedo al riesgo de pérdidas, la economía sigue sin mostrar cambios positivos. Los consumidores, que ahorran al máximo y consumen al mínimo por miedo a lo que vendrá, están inmersos en un contexto en el que disminuye el ingreso y aumenta el precio de los productos, lo que deriva en una escasa demanda interna y un veloz aumento del desempleo.
En las calles de Madrid se ve a diario el costo real de quiénes padecen la crisis. Aumento de personas pidiendo en el metro o intentando vender lo invendible, junto a ingeniosos carteles de limosna intentando recaudar algún dinero. Un panorama general de cierre de comercios, incremento de anuncios de venta de vivienda, y de alquileres de plazas de garaje de quienes vendieron su coche o ya no pueden mantenerlo, y largas filas de comensales en las puertas de los comedores de la Iglesia o municipales. Escasea el dinero, y a pesar de que los ciudadanos se ajustan a diario el cinturón, les sobra mucho mes al final del salario.
Atadita…
Falta dinero pero sobra ingenio, y José M Sánchez Gordillo puso lo suyo despertando del letargo a medios y políticos en el caluroso agosto español. Alcalde de Marinaleda (Sevilla), dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y parlamentario por Izquierda Unida (IU), no dudó en ofrecer su personalidad pública para apoyar y ejecutar, junto con varios militantes del SAT, el robo en un supermercado de diez carros cargados de alimentos básicos. La medida “robinhoodiana” surtió un efecto de llamado de atención a gobiernos y ciudadanía, frente a la necesidad general que se está viviendo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó a principios de mes un informe que confirma que la recesión económica sigue en aumento, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,4% en lo que va del año. Este agravamiento estaría dado según el Banco de España por la caída del consumo privado, que aporta más de 50% al PIB total. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recesión se profundizará con una disminución del PIB de 1,7% en 2012 y un descenso de 1,2% en 2013. Según palabras de James Daniel, jefe de la misión del FMI en España, las últimas medidas anunciadas por el gobierno para disminuir el déficit provocarán un primer impacto negativo en el crecimiento, con descenso de la producción. Aun así, apoya los planes de ajuste e insta a cumplirlos para que se vean los resultados. “No basta con anunciar metas ambiciosas para el déficit fiscal, sobre todo porque no se las alcanzó en el pasado: ahora hay que cumplirlas”.
Troika, sin peres
El 9 de junio España fue rescatada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Con una ayuda de hasta 100.000 millones de euros destinada exclusivamente a sanear el sector bancario, el país fue, después de Grecia, Portugal e Irlanda, el cuarto en ser rescatado por el Eurogrupo. A pesar de todos los eufemismos dichos en su día por el gobierno para evitar la palabra “rescate”, eso fue lo que ocurrió. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo refirió como “un préstamo en condiciones muy favorables”, que tendría efectos positivos en la economía y por el que Bruselas no exigiría ningún tipo de condicionalidad económica o fiscal. Paralelamente, los ministros de Finanzas de la eurozona se encargaron de desmentirlo, y si bien no dijeron explícitamente cuáles eran las condiciones, advirtieron que habría supervisión sobre reformas estructurales y mercado de trabajo. Nadie presta dinero sin pedir nada a cambio y la troika conducida por el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) exige, obliga y ejecuta. El caso de Grecia lo ejemplifica mejor. España tiene que bajar este año el déficit hasta 6,3% del PIB, según la directiva multilateral, y a menos de 3% para 2014. La eurozona concedió -este mes- un año más de prórroga a España para cumplir el objetivo, fijado en principio para 2013. Y la aplicación por Madrid de las “recomendaciones” de la troika supone, naturalmente, el ahogo para la clase trabajadora y un amplio espectro social. El 19 de julio, el Consejo de Ministros aprobó -con mayoría absoluta y sin el respaldo de la oposición- un paquete de disposiciones calificadas como “el mayor ajuste de la democracia”, del que se espera recaudar 65.000 millones de euros hacia finales de 2014. En él se incluyen medidas recaudatorias y de ahorro del gasto de las que no se salva ningún sector de la administración estatal.
Entre las de mayor trascendencia por su impacto negativo, y con la que el gobierno espera recaudar hasta 10.000 millones de euros anuales, está el aumento del Impuesto del Valor Añadido (IVA) a partir de setiembre. El IVA general pasa de 18% actual a 21% y el reducido de 8% a 10%, cambiándose además ciertos productos y servicios desde la categoría reducida a la general. De esta manera reciben, como en el caso de las entradas de cine y teatro, las flores o el servicio funerario, un aumento de 13 puntos porcentuales al pasar del 8% reducido al 21% general. Esta subida indirecta de los impuestos repercutirá en el aumento de la canasta alimenticia en más de 510 euros anuales, que se suman a la pérdida de ingresos (aproximadamente de 222 euros al año) de los ciudadanos con la subida del IRPF. La capacidad de compra se verá por lo tanto disminuida y tenderá a ser general, lo que según algunos expertos produciría más desempleo.
En materia fiscal también sube el impuesto a sociedades (grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas), los tributos medioambientales y sobre el tabaco. Se incrementa, además, el IRPF a profesionales y autónomos, pasando del 15% actual a 21% y se elimina la desgravación fiscal por compra de vivienda desde 2013.
En cuanto al ahorro en la administración, entre lo que generó más reclamos y movilizaciones, se destaca la reducción salarial a todo el funcionariado. Se suprime el aguinaldo -“la paga de Navidad”- de diciembre y se reducen los días libres eliminando los llamados “moscosos” (francos para asuntos propios) y los “canosos” (se obtienen por antigüedad). Sumando esto a las medidas aplicadas a este mismo colectivo en el ajuste de enero, cuando se le incrementó la jornada laboral, se le congeló el sueldo y se dispusieron acciones de movilidad para reducir plazas y ahorrar más, el gobierno espera ahorrar hasta 6.315 millones de la divisa europea.
Te cuento
Una funcionaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas explicó a la diaria la situación del sector. “Los empleados públicos en general están muy enfadados, hasta un punto de indignación al que nunca se había llegado. Los funcionarios de carrera -que aprueban una dura oposición- reciben un salario muy discreto que se ve mermado siempre que alguna dificultad se cruza en el camino del gobierno de turno. Da igual que gobierne el PSOE o el PP: históricamente, los dos nos han mermado la paga cuando no les salían las cuentas. Te aumentan los días libres a cambio de un aumento de salario -éste es el origen de los famosos ‘moscosos’ y ‘canosos’-, pero cuando pasan los años y ya nadie se acuerda, te los quitan”.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de fines de junio, uno de cada cuatro españoles está sin empleo (24,8%) y la tasa de desocupación entre los más jóvenes marca el 53%. Los parados, parte de la sociedad más visible y aguda de la crisis, suman 5.693.100 personas, quienes penarán aún más con la última tanda de recortes. Esto porque, entre los ahorros anunciados por el gobierno, se recortarán las prestaciones por seguro de desempleo desde el sexto mes de cobro. Ello aportará un ahorro de dinero y fomentará la búsqueda de empleo por los afectados, según el presidente Rajoy, quien mientras mencionaban las disposiciones en el Congreso recibió un admonitorio “que se jodan” de una diputada del PP, Andrea Fabra, cuya intervención ya le acarreó muchas críticas, insultos y cánticos burlescos desde la población.
La reforma laboral de febrero, que fomenta y abarata el despido junto al ajuste presupuestario, provocó la destrucción de 63.000 puestos de trabajo e incrementó el número de los hogares (1.737.600) donde ningún miembro tiene empleo. El sector sanitario y el educativo tampoco se salvan de la tijera fiscal. España posee uno de los sistemas de salud mejor valorados de Europa, pero este privilegio puede mermar con los recortes. El monto esperado por el gobierno con esta reducción es de 7.267 millones. El copago de medicinas y ambulancias en función de la renta; la eliminación de la atención sanitaria a inmigrantes irregulares; la reducción de camas e internaciones domiciliarias; la reducción de personal para atender a los pacientes; las privatizaciones de servicios y el cierre de hospitales son algunos de los resultados que se verificarán en el corto plazo.
Además, se recortarán en 15% los beneficios a los cuidadores de personas dependientes amparadas en la Ley de Dependencia (2006) bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por la cual el Estado financia los servicios de cuidados de personas dependientes por enfermedad o accidente. Esta medida, que afecta a 435.000 personas, supondrá un ahorro de 3.020 millones provenientes de la disminución en la ayuda y la ampliación de plazo para recibir la prestación.
La educación experimentará un recorte de gastos de 21%, estimado en 3.700 millones de euros, otro en la contratación de personal -40% menos- y el aumento en 20% de los alumnos por clase, que pasarán a tener 30 estudiantes en primaria y hasta 36 en secundaria. Junto a este ahorro previsto se ejecutarán disposiciones recaudatorias que suponen: aumento del costo de las matrículas en universidades, de entre 15% y 25%; en escuelas de idiomas, de 13%, y en institutos de Formación Profesional (FP) pasará de ser gratuita a exigir 180 euros para el curso 2012-13. Los recortes afectaron de igual manera a bomberos, policías nacionales, guardias civiles y militares, que se unieron a las protestas y manifestaciones de todos los públicos realizadas en más de 80 ciudades el 19 de julio.
Ocaso del padre
La lista de damnificados por el clásico ajuste incluye, al menos simbólicamente, a la Casa Real, que decidió recortar el salario del rey en 7,1%, lo que equivale a 20.910 euros anuales, así como sus gastos de representación. Este ahorro es de entre 90.000 y 100.000 euros en el presupuesto 2012 de la Casa Real, que asciende a 8.264.000 euros.
Una de las preocupaciones más fuertes con relación a la economía española -tanto a nivel nacional como del exterior- es el déficit presupuestario que padecen las autonomías regionales, que incrementan velozmente el pasivo del Estado español.
Algunas de las autonomías -a las que el gobierno exige una reducción del déficit- no podrán hacer frente a sus obligaciones financieras y deberán aplicar sus propios recortes, pudiendo incluso incurrir en impagos. Cataluña -primera en anunciar su intención de pedir un rescate económico al fondo económico estatal -es la comunidad más endeudada con un total de 42.000 millones de euros (21% de su PIB), pasivo equivalente a 5.571 euros por habitante. Le siguen Madrid, con una deuda de 16.572 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con 15.373. La suma de las tres es casi 51% del total de la deuda regional.
La economía española se contraerá este año 1,7%, tras haber crecido en 2011, al menos, 0,7%. Pese a haber cumplido con las orientaciones del FMI y de Bruselas, no habrá expansión del PIB hasta 2016, cuando el déficit se situaría en 2,6% según las previsiones del FMI en su último informe de julio sobre el país. Este informe deja entrever un nuevo reajuste del IVA antes de 2014 y un mercado laboral más degradado, en el que “algunas personas trabajen de manera diferente, en condiciones más flexibles, o ganando menos”. De igual manera, Mario Draghi, presidente del BCE, expuso en un informe sobre la situación de la eurozona, que una manera de incrementar la productividad y bajar el desempleo es reducir el salario mínimo y “relajar las leyes de protección laboral”. Asimismo, enfatizó la necesidad de medidas adicionales como privatizaciones para aumentar la competitividad.