Gabriela es psicóloga, tiene 30 años, vive en el departamento de Maldonado y tomó todas las decisiones apoyada por su pareja, que la acompañó en cada instancia del proceso. Cuando se enteró de que estaba embarazada de siete semanas, la ley IVE aún no estaba reglamentada. Llamó a una amiga, se informó de sus derechos y consiguió Misoprostol en el mercado clandestino. Tomó las pastillas para provocar el aborto siguiendo las instrucciones, tuvo el sangrado y las contracciones esperadas, pero cuando se hizo la ecografía el embarazo continuaba en curso.

En ese ínterin le llegaron del exterior las pastillas que había comprado por internet, Misoprostol y Mifepristona, los mismos medicamentos abortivos habilitados por el MSP tras la aprobación de la ley IVE en octubre de 2012. Pero como la norma ya estaba reglamentada acudió al Hospital de Pan de Azúcar para hacerlo de manera legal y segura. “Desde el punto de vista legal y de procedimiento se me habilitó todo. Estuvo todo coordinado, rápido y bien resuelto, pero hubo cosas que realmente no estuvieron buenas”, comentó Gabriela a la diaria.

“Cuando le dije al ginecólogo que había tomado Misoprotol y no había funcionado, largó una carcajada. Quedé helada. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Dónde está el humor negro; capaz que yo también me río. Que se te ría en la cara cuando venís de fracasar en una decisión que no está buena, que en la noche anterior tuviste contracciones, querés que venga el dolor y terminar de una vez... Tuvo una actitud desubicada. El primer día me sacó llorando, no delante de él, cuando me fui. Yo estoy recontracontenida por todos lados, imaginate que agarre a una mujer que no lo esté”, relató.

Formalmente el ginecólogo actuó correctamente y la derivó al equipo multidisciplinario, integrado por una psicóloga y una asistente social. Le preguntaron si estaba segura de su decisión, cuál era su nivel de estudios, dónde trabajaba y con quién vivía. A Gabriela le hubiera gustado que le hicieran las mismas preguntas a su pareja, que estuvo presente en la entrevista, “que lo tuvieran en cuenta como participante”. Sobre este aspecto, la reglamentación prevé que el equipo se entreviste con el progenitor con el “consentimiento expreso de la mujer”.

En la tercera consulta, su ginecólogo le volvió a recetar Misoprostol, pero tampoco funcionó. “Le pedí que fuera urgente porque ya estaba en el límite (12 semanas) y decidida. Le dije que no me iba sin que estuviera resuelto. Además tenía miedo, estaba triste, ya me lo había hecho dos veces. El ginecólogo me dice ‘te voy a dar el gusto’ y llamó a la maternidad del Hospital de Maldonado para que me coordinaran la intervención quirúrgica”, continuó.

A última hora de ese día se fue a internar para practicarse el legrado, como le habían indicado, pero debió volver al día siguiente a las 6.00. “En Maldonado [capital] el médico fue muy soberbio. Le conté mi historia clínica porque tuve períodos metafásicos y una conización. ‘No estás en condiciones de hacer valoraciones técnicas, ¿estudiaste medicina?’, me dijo al principio. Después, en la intervención, encaró”, contó Gabriela.

“El sistema de salud en general fue violento. La ecógrafa me preguntó si quería escuchar el corazoncito. No está preparado el equipo técnico; cada operador dejó ver su opinión sobre el tema. En la ventanilla, una de las funcionarias me hizo caras [de desaprobación] y después comentarios a la otra. Diga que a mí no me importa, pero quizá a otra...”, consideró.

Vendrá la evaluación

La coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, entiende que la capacitación al personal sanitario es necesaria y adelantó que comenzará en febrero. “Es imposible trabajar en enero. Cualquier reunión es difícil de concretar porque no hay nadie en Montevideo ni en las capitales del interior”, apuntó. Maldonado fue uno de los departamentos donde hubo dificultades para la implementación, asociadas a la conformación del equipo multidisciplinario, pero fueron solucionadas con rapidez.

Actualmente las mayores dificultades se registran en Salto, donde todos los médicos hicieron objeción de conciencia. “Más allá de eso, las prestaciones se están dando, con mayor dificultad para las mujeres porque deben trasladarse a departamentos vecinos o a Montevideo”, señaló. Rieppi aseguró que en el resto del país no se reportaron incumplimientos, incluso en las capitalinas Círculo Católico y Hospital Evangélico, las dos mutualistas que presentaron objeción institucional. No obstante, la jerarca advirtió que la primera evaluación institucional del MSP de la aplicación de la ley IVE será a fines de este mes.

  • El nombre es ficticio.