La llamada Ley de Envases, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), surgió en 2004 y con un decreto posterior de 2007. Obligaba a las empresas que vertían material al mercado a elaborar un plan de gestión para evitar la contaminación ambiental. En los años posteriores al decreto, varias intendencias departamentales implementaron dicho plan de gestión de recolección de envases no retornables, entre ellas la de Artigas y la de Paysandú.

Según indica el sitio web del Mides, también se pretende que los recolectores de residuos “puedan formalizarse, tener su propio emprendimiento y estar dentro de lo que llamamos trabajo protegido”, para lo cual es necesario que “exista una organización social que contrate a esos clasificadores” y acompañe su trabajo y el proceso de desarrollo, mientras que las intendencias “aportan toda la logística y la autorización para trabajar determinados días de la semana en determinados barrios”. Una vez que esto se implementara, los recolectores comenzarían a percibir ingresos por dos vías, “una con el salario que está regulado por el mínimo nacional y un porcentaje por las ventas del material que recogen”.

El 23 de julio, a instancias del programa Uruguay Clasifica del Mides se abrió la licitación pública 28/2013, en la que se hacía un llamado a organizaciones sociales y cooperativas de trabajo “a los efectos de realizar el acompañamiento social a grupos de clasificadores y llevar a cabo la gestión operativa y de administración de las plantas de clasificación de residuos” en Montevideo. Finalizado el plazo para presentar las propuestas, ninguna organización o cooperativa se presentó.

Ante esta situación y aprovechando la oportunidad para hacer algunas puntualizaciones, la Coordinadora Pro Clasificadores (CPC) emitió un comunicado en el que denuncia varias cosas. Entre ellas, lamenta que no se hayan tomado en cuenta sus aportes, formulados para el proyecto de licitación, previo a la publicación del llamado, en dos reuniones que mantuvieron con autoridades de Uruguay Clasifica en 2012 y 2013; y el hecho de que “se haya desestimado un largo camino de experiencias de trabajo de la sociedad civil con clasificadores” que “son referencia y un camino a seguir”. Según el comunicado, el llamado “está avalando y legitimando remuneraciones miserables” si se cotejan con la carga horaria y las exigencias que enfrenta el recolector, y hace énfasis en el hecho negativo de que se expresara en las reuniones previas “la voluntad de topear los ingresos de los clasificadores, algo que, por otra parte, ya se intentó hacer en otros departamentos, donde está implementada la Ley de Envases”.

A su vez deplora que “los clasificadores no recibirán el 100% de la venta de los materiales recuperados, sino un porcentaje de los mismos, y que paralelamente deban de hacerse cargo, con sus ingresos, de pagar la disposición final de aquellos descartes que superen el 20% de lo recuperado” y considera poco serio que un llamado ministerial “admita comercializar residuos sin documentación de curso legal o a través de procedimientos irregulares”. Por último, la CPC plantea la posibilidad de crear un fideicomiso para “terminar con la comercialización informal de residuos, hecho que condena a los clasificadores a la informalidad y los desprotege al no tener cobertura de seguridad social ni seguro contra accidentes laborales, entre otros derechos”.

La CPC se constituyó en abril de 2013 y está integrada por diversas organizaciones entre las que se cuentan la Asociación Civil Retos al Sur, la Cooperativa de Clasificadores de Canelones Ave Fénix, los pandenses Tu Envase Nos Sirve, San Vicente (del padre Cacho), el Centro Uruguay Independiente y la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.