“El agua es un recurso esencial para la vida, el acceso al agua potable y su saneamiento constituye un derecho humano fundamental”, dice el artículo 47 de la Constitución, sancionado hace nueve años. Esta reforma, que fue impulsada desde la ciudadanía y aprobada por 65% de la población, también aclara que es fundamental la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Agrega que “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de órdenes económicos”.
Uruguay se transformó en el primer país del mundo en colocar en su Constitución la prioridad de los intereses sociales por sobre los económicos en el uso del agua, y la población y sus distintas organizaciones civiles fueron los principales artífices de este cambio. Pese a ello, aún se considera muy escasa la participación.
El lugar por medio del cual es posible exigir este derecho es la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), en cada una de las tres zonas de cuenca en las que está dividido el país. Es allí donde se pueden manifestar las las discrepancias con el modelo económico vigente, en el que, de acuerdo a distintos actores, prevalecen las razones de tipo económico en detrimento de las de índole social. Por ésta y otras razones, el sábado 28 de setiembre se llevó a cabo el Encuentro Binacional de la Cuenca de la Laguna Merín y el Derecho Humano al Agua, en Melo, Cerro Largo. Organizado por Redes-Amigos de la Tierra, el programa Uruguay Sustentable, la CNDAV y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).
¿De dónde tomamos el agua que se utiliza y cómo se distribuye? ¿Es devuelta mejor o peor a la naturaleza una vez utilizada? ¿Cómo se gestionan los reservorios naturales de este recurso? Todas estas preguntas oficiaron como disparadores para comenzar el debate que involucró a las 40 personas presentes, entre las que se encontraban vecinos, una emprendedora turística, delegados del Sindicato de Trabajadores del Arroz, una maestra, ambientalistas, integrantes de ONG, entre otros.
Luces de alerta
La cuenca de la Laguna Merín se encuentra al este del país, abarca cinco departamentos y es un área de gran diversidad ambiental. Está formada por una zona de sierras, una más baja, de lomadas y colinas, donde se asientan los principales arrozales del país, y otra zona de llanuras, que es inundable, donde se encuentra la Laguna Merín. Además se extiende sobre suelo brasileño y se comunica con la Laguna de los Patos por un canal natural. De aquí que se desarrollen políticas de integración en su manejo en ambas naciones. Según Marcel Achkar, docente del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e integrante del programa Uruguay Sustentable, destacó que en Uruguay las políticas públicas mantienen una contradicción: la incentivación de la actividad agraria (principalmente la producción de arroz) y estrategias de conservación, lo que propicia la constante construcción de represas en la cuenca que abastecen al sector arrocero, algunas causando la degradación y erosión del suelo, como consecuencia de su inadecuada construcción. Además, según Carmen de Sosa, integrante de FFOSE y de la CNDAV, no se ha logrado aún que OSE integre una visión de lo que fue la reforma constitucional en relación con la atención de los pedidos de la ciudadanía.
Los desafíos que se plantearon se relacionaron con los efluentes de las incipientes actividades de feed lots (engorde de ganado de corral) y tambos de la región, que no cuentan con una reglamentación. También preocupa la regulación de la minería actual (obtención de calizas y áridos), pero en especial la gran cantidad de zonas de prospección declaradas, es decir, aquellas donde potencialmente es factible la explotación de algún tipo de mineral. Esto significa que sobre un tercio de la cuenca se tiene algún interés minero (en especial hierro y oro). Inquieta también la actividad agrícola, a la que a los tradicionales cultivos de arroz se suma la soja.
El crecimiento económico del país, según un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se va a basar en la producción primaria, especialmente la agricultura y la forestación. Se supone que la agricultura va a avanzar sobre los mejores suelos del país. Los humedales de esta cuenca han sido incorporados al área Ramsar (por la Convención de los Humedales, pactada en 1971 en la ciudad iraní homónima) para la protección de humedales. Sin embargo, en 1994, luego de diez años de haber ingresado, pasó a formar parte del Registro de Montreux por no cumplir con los requisitos establecidos.
Una experiencia
En las instancias de encuentro, la ONG con enfoque en desarrollo sustentable Pindó Azul habló de su experiencia en el área protegida de Quebrada de los Cuervos, con casi 12 años de gestión del cultivo de plantas autóctonas sin agrotóxicos, preservando la biodiversidad de la fauna y la flora, trabajando de cerca con la población de la cuenca, integrando a estudiantes universitarios y evitando, mediante un plebiscito, que un emprendimiento minero (llevado adelante por ANCAP) se instalara en la región. Lo que se busca es hacer entender que es posible producir conservando, y que no es un impedimento al desarrollo.
José Puigdevall, integrante de la ONG, sostuvo: “Ante el embate de esta propuesta hegemónica de desarrollo extractivo, nosotros entendemos que tenemos que agarrarnos de nuestras más fuertes raíces culturales, porque es la única forma de que no nos pasen por arriba y terminemos siendo simples transeúntes de nuestros territorios, sin poder manejar los procesos de toma de decisiones en el desarrollo que realmente queremos desde el punto de visto comunitario, humano, desde una percepción holística de la salud, integrada al ambiente y al hábitat”.