El seguro para exceso de lluvias que irá de enero a abril es una experiencia piloto que se extenderá a otros cultivos y zonas del país. La iniciativa renueva las mediciones pluviométricas, casi inexistentes en Canelones desde los años 80. El seguro de índice para horticultores canarios estará subsidiado por la Junta Nacional de la Granja (Junagra) y es el primero de este tipo que se implementa en Sudamérica.

La propuesta se presentó ayer en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), donde estuvieron el ministro de la cartera, Tabaré Aguerre, la directora general de la Granja (Digegra), Zulma Gabard, el representante del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por su sigla en inglés), Miguel Robles, el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Mario Castro, y el representante del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Mario Bidegain.

Robles destacó la voluntad de autoridades, técnicos y asociaciones de productores para pasar del “escritorio a la práctica”, y destacó que era la primera vez desde que trabaja en el tema seguros que tenía conocimiento de un programa piloto de seguros “de la talla del que se está realizando”. Por su parte, Castro manifestó que el BSE persigue contar con un seguro de este tipo desde “hace bastante tiempo”. Según dijo el presidente del BSE, los seguros de índice son claros porque dan a conocer la cobertura, cómo se mide y cómo se paga, y están ligados a una base de datos científica.

Aguerre admitió que el carácter de pionero en la región puede causar dificultades de entendimiento, pero instó a las asociaciones de productores a colaborar con la difusión. El ministro dijo que 2013 “no caerá fácilmente en el olvido” para la fruticultura y la horticultura, en referencia a las pérdidas generadas por la granizada en enero. Para Aguerre, los seguros requieren “diseño técnico”, pero también “voluntad y decisión política”. Explicó que “es mejor incorporar recursos de las finanzas públicas para subsidiar un seguro que salir a indemnizar”. A su vez instó a participar en la difusión del seguro a los “socios estratégicos”, en referencia a las asociaciones de productores.

“Por primera vez en el país, se aplican 8,1 millones” de dólares para el fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria, señaló Aguerre.

Por si llueve

Según el material de difusión del BSE, al que pudo acceder la diaria, el nuevo seguro permite comprar al productor “cupones” contra el exceso de lluvia. El cupón, que es una unidad de suma asegurada, es un instrumento que paga 500 dólares al asegurado cuando existe un evento de lluvia excesiva (diez días) durante el mes de cobertura.

Al seguro podrán acceder los productores de cebolla, tomate, zanahoria, boniato y zapallo kabutiá de Canelones. Según dijo Fernando López, secretario de la Comisión Nacional de Fomento Rural y miembro de Junagra, la definición de los cultivos fue motivada “porque fueran rubros que tuvieran una importancia relativa en la canasta básica”.

La medición de las lluvias se realizará por medio de cinco estaciones automáticas que ya están instaladas y en funcionamiento. Según Bidegain, la medición pluviométrica en Canelones será “un cambio radical”, ya que hoy casi no existen datos. Además, la información obtenida por las estaciones estará disponible tanto para el productor como para el asegurador, lo que es un “respaldo y una garantía”, aseguró.

Los seguros de índice son una tendencia que se ha popularizado en el exterior, por la confiabilidad de los datos, comentó Bidegain. En este caso “el acumulado de las precipitaciones activa el pago” del seguro. Un ejemplo, proporcionado por el material del BSE: si en febrero de 2014, trascurridos diez días de lluvia, el acumulado supera 144,4 milímetros, el productor recibirá 500 dólares, por un cupón que habrá pagado a 35,7 dólares.

El seguro como cultura

López indicó que la disposición de los productores de contratar seguros “ha ido avanzando”. Según el secretario de la CNFR, en el momento del evento climático de 2002 la penetración del seguro era apenas de 5%. En cambio, cuando se produjo la granizada en enero de este año la cifra había aumentado a 25%. “Si bien el aumento es importante todavía falta mucho”, reconoció.