Se conoce como “Canasta energética”. Sin embargo, lo que empezó como política en relación a la energía pronto integró otros componentes que se extenderán para hacer de esta estrategia una intervención integral e interinstitucional. Es que el acceso a la energía es muy desigual. Así lo indican las últimas cifras brindadas por Naciones Unidas, que dan cuenta de que en el mundo hay 1.600 millones de individuos que no tienen acceso a ninguna fuente de energía moderna. “Parece necesario incluir una perspectiva social en los temas energéticos. En ese sentido, hace un buen tiempo que propusimos a los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Economía, y a las empresas públicas [UTE y OSE], una estrategia para garantizar el acceso adecuado a la energía, concebido como derecho humano. Tal como establece la Política Energética, el Estado debe garantizar el acceso a los ciudadanos”, dijo a la diaria el director nacional de Energía, Ramón Méndez. Se trata de un plan que busca garantizar acceso seguro, eficiente y de calidad a la energía en Uruguay.
Luz
De acuerdo a la caracterización de los hogares uruguayos en cuanto al acceso y uso de servicios que aborda el estudio “Consumo de servicios de energía y agua en la población uruguaya”, realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en agosto de 2011, los hogares utilizan casi exclusivamente energía eléctrica para la iluminación, la conservación de alimentos, la refrigeración y la ventilación, mientras que para calefaccionarse y cocinar se utiliza en gran medida la leña. En el total de usos, la leña y la energía eléctrica tienen un peso similar, cercano a 40%, seguidas por el supergás, concluye el trabajo. En cuanto a la regularidad en el acceso, se destaca que casi 5% del total de hogares del país utiliza servicios eléctricos pero no tiene contador, y da cuenta de que las viviendas con acceso irregular a la energía eléctrica se concentran en los sectores más vulnerables. El gasto en servicios de los hogares muestra que los rubros de mayor importancia en el gasto total son energía eléctrica, supergás, agua y leña. Sobresale la inversión en energía eléctrica, que representa más de 50% del gasto en servicios. En Montevideo se acerca al 70%.
Abordar el tema plantea ciertas complejidades. Es que no existe una cantidad significativa de trabajos previos que den cuenta de cómo se vincula la vulnerabilidad social con el acceso a la energía. Es por eso que en 2011 se encargó una investigación sobre consumo de servicios de energía y agua en la población uruguaya realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (ver recuadro), con el objetivo de integrar estos datos a un diagnóstico primario. “Estamos caminando en la oscuridad porque no hay estudios previos precisos al respecto”, dijo el director del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Pilotos eléctricos
La relevancia del tema está dada por varios aspectos. Uno de ellos es la seguridad. En los hogares más vulnerables se suele utilizar las garrafas de supergás en condiciones inadecuadas y el uso de la electricidad se realiza en forma muy precaria, en condiciones que no están avaladas por ningún técnico, incluso muchas veces se trata de casas que están “colgadas” a la energía eléctrica y, por tanto, carecen de todo control. Según datos de la Dirección Nacional de Energía, cada año en invierno hay más de 20 de muertes en todo el país como consecuencia de accidentes vinculados con esta situación. “Las dificultades para el acceso controlado al servicio repercuten en poder abonar adecuadamente lo que se utiliza. Es muy difícil que puedan pagar el servicio porque lo están utilizando mal”, remató Méndez. Por otra parte, el piloto diseñado tiene que ser sometido a prueba. “Como sucede con todo tema complejo no sabemos si lo que hemos diseñado va a ser eficiente, y por eso nos parecía fundamental hacer planes piloto antes de extender la experiencia. Comenzamos en Pantaleón Pérez y Las Higueritas, en Montevideo, donde se detectaron cerca de 600 familias”, comentó.
El proyecto prevé algunas etapas de desarrollo: la primera fue el diseño del plan de intervención. La segunda fue un sondeo en el barrio mediante un relevamiento casa por casa de las condiciones de acceso a la energía. Esto se debe a que el plan primario se había diseñado para adaptar las estrategias a cada una de las situaciones que se encontraran. En relación al trabajo en el barrio, Méndez sostuvo: “Se trata de una metodología de participación muy directa. Un equipo técnico visita los hogares y trabaja desde una perspectiva múltiple de uso eficiente de energía, con aspectos educativos y desde un enfoque de derechos. Se piensa también en la intervención de especialistas en alimentación, porque se pretende que con este plan se desarrollen adecuadamente hábitos saludables en la cocina. Esto tiene que ver con la calidad de vida”, dijo.
En concreto, lo que se ofrecerá en los hogares donde se detecten dificultades es la incorporación de “gasodomésticos” (electrodomésticos que funcionan a base de gas) como estufas a supergás y cocinas que tiendan a la reducción del consumo de electricidad. Para ello, el plan pone una condición al usuario: la regularización de su servicio para poder acceder a la nueva propuesta. Como contrapartida se otorgará un subsidio en caso de que se detecte que es necesario hacer algún cambio de tecnología. “Usar un alambre para pasar electricidad, más allá de lo potencialmente peligroso que resulta, es ineficiente. Con esa energía las personas se calefaccionan y cocinan, lo que redunda en una muy mala calidad de alimentación. Si tuvieran una cocina y el hábito de usarla se podría aumentar la calidad. La cocina, la garrafa y la estufa se otorgarán con subsidio y en muchas cuotas de pequeño monto, para incentivar la formalidad, porque hablamos de familias que están en la informalidad. La gran dificultad que tienen es que están así desde 2002, cuando en tiempos de crisis los hábitos de consumo de energía cambiaron en el país”, explicó Méndez.
El problema se vuelve una madeja que parece no tener comienzo ni final. Es que si estas familias tuvieran que conectarse a la red formal de UTE y empezar a pagar la electricidad que consumen, como cambiaron sus hábitos, pagarían cuentas mayores a 4.000 pesos. “Entonces no pueden mantener la formalidad de este modo y vuelven a colgarse. Lo que busca el plan es que se transforme esos hábitos, para que la cuenta sea mesurada y se pueda pagar. Es un cambio cultural y de integración social. Muchos de estos hogares identificados están a cargo de mujeres con varios hijos; la idea es integrarlas a otros programas de los ministerios. Es una intervención social importante y el tema energético es una excusa para intervenir”, explicó.
En relación a la situación de “colgarse” de la red de UTE, Méndez comentó que esta propuesta también busca sanear a las empresas públicas: “Sobre todo UTE y OSE, en las que el robo de electricidad y de agua, respectivamente, es importante y, por lo tanto, mejorar los hábitos de consumo y regularizar el pago de servicios públicos en sectores donde no están haciendo esto. No se trata de que como son pobres está bien que tengan poca energía y que se conformen con eso. La idea es que tengamos todos la energía necesaria. El plan prevé que cada hogar pueda contar con al menos dos garrafas de supergás para calefaccionarse y cocinar. Cuando se roba electricidad o agua, el resto de los consumidores termina pagando ese precio; la idea es permitir que se desarrolle un plan social que se paga solo, ya que se termina ahorrando por pérdidas que ya no tendremos”, desarrolló. En relación al subsidio, el director dejó claro que esa política será a término. “Se prevé que durante un tiempo las familias recibirán un incentivo para cambiar los hábitos, pero esto debe disminuir a medida que pase el tiempo. El objetivo final es que se pague por lo que se utiliza”, explicó. “El sector energético en Uruguay mueve 6.000 millones de dólares por año y se tiene que tener en cuenta que existen los subsidios históricos que han permitido que algunos sectores no paguen lo que tienen que pagar por el consumo”, concluyó.
El proyecto de “Canasta energética” se ampliará a lo que se dará en llamar “Canasta de servicios”, cuya propuesta incluirá también una estrategia para la regularización de los servicios de agua potable en las distintas zonas abordadas.