“Hubo elementos racistas en la agresión sufrida por Tania Ramírez el 14 de diciembre de 2012”, establece la resolución preliminar de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). No obstante, esa afirmación “no alude a ningún tipo penal, ni mucho menos a la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público”, ya que “se trata de ámbitos de actuación diferentes dentro de la institucionalidad del Estado Uruguayo”, agrega. En este sentido, a lo largo del documento se detallan las facultades de la INDDHH, que, entre otras cosas, no tiene competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
La investigación efectuada por la institución, que incluyó declaraciones de Ramírez y testimonios de otras personas que presenciaron el hecho, los llevó a concluir que las agresoras le dijeron “negra de mierda”, “hacete una planchita” y “negra hija de puta”. “En conclusión, es claro para la INDDHH la existencia de componentes racistas y discriminatorios en la agresión que motiva el caso a estudio”, se argumenta en el texto.
En el informe preliminar el organismo también se refiere a la “celeridad o no” de la actuación de los órganos responsables de investigar y juzgar. Sobre este punto se aclara que la institución no brindará “ninguna recomendación específica por el momento”, sin embargo, acude a la doctrina y jurisprudencia internacional y argumenta: “En ocasiones, es irrelevante el tiempo transcurrido para la ponderación del daño; en otras, es muy lesivo para la víctima. Por ello, los otros elementos de apreciación de la razonabilidad -complejidad del asunto y conducta de autoridades y particulares- deben ponderarse igualmente a la luz del prejuicio que se está causando a la víctima. El tiempo no corre igual para todos, ni los elementos considerados tradicionalmente para fijar la razonabilidad del plazo afectan a todos igualmente”.
Cabe recordar que tres de las agresoras se presentaron voluntariamente ante la Justicia a más de un mes de ocurrido el episodio (el 29 de enero) y que el juez Juan Carlos Fernández Lecchini les imputó el delito de lesiones graves y las procesó con prisión. En ese entonces, el fiscal del caso, Carlos Negro, descartó que haya habido discriminación racial en el incidente, aunque aclaró que sí hubo discriminación porque hubo insultos, pero eso no fue lo que determinó el móvil de la pelea.
Largo camino
La institución recibió la denuncia de la agresión a Ramírez en las primeras horas del viernes 14 de diciembre de 2012. En el documento firmado por los cinco integrantes del organismo -Mariana González Guyer, Ariela Peralta, Juan Faroppa, Mirtha Guianze y Juan Raúl Ferreira- se da cuenta de cómo transcurrieron los hechos de mediados de diciembre hasta la fecha y de los informes solicitados a diversas instituciones que involucró la investigación. Asimismo, se recuerda el encuentro mantenido el 28 de enero con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien convocó en forma urgente a la Comisión contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Ésa fue la segunda convocatoria urgente para tratar el tema en cuestión. La primera tuvo lugar a pocas horas de sucedido el hecho a la salida de un boliche de Montevideo y la segunda fue motivada porque el video de las cámaras de seguridad tomó estado público. En ese entonces Ehrlich lamentó la “indiferencia” de la gente que presenció la pelea. Insistió en que no ocurrió en “horas de la noche” y en un ámbito de “soledad”, sino que frente a un “número importante de testigos” y aseguró que el video “nos refleja a nosotros como sociedad”.
Por su parte, la INDDHH también se refiere a la difusión del video de la agresión en los medios de comunicación. Entiende que no debe dejar de prestarse atención a que la grabación “tomó estado público a través de los medios televisivos”; “Este hecho abrió un complejo, y no siempre bien direccionado, debate respecto al hecho en sí; a las motivaciones de las agresoras; y a la supuesta responsabilidad de la víctima. En algunos programas de radio y televisión se recogió la opinión de periodistas, analistas y ‘panelistas’ donde se pudieron escuchar comentarios velada o directamente discriminatorios o racistas en relación al caso”.
En sus conclusiones el organismo manifiesta “preocupación” por la actitud de muchas personas presentes al momento de la agresión a Ramírez: “Estas actitudes van desde la más absoluta pasividad; a la burla y, en ocasiones, hasta el incentivo para que la agresión violenta continuara”. Acota que el tema se presta para objeto de otro estudio desarrollado con mayor profundidad por el organismo. “En este momento, la INDDHH solamente pretende sumarse a otras voces que han reclamado una profunda reflexión sobre la calidad de la convivencia en la sociedad uruguaya de nuestros días”, concluye.