El 17 de diciembre del año pasado se presentó en conferencia de prensa en el Ministerio del Interior (MI) el primer proyecto de participación público-privada (PPP): la construcción de un establecimiento para la rehabilitación de las personas privadas de libertad que, en palabras del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, eliminará el problema de hacinamiento en el área metropolitana (ver la diaria del 18 de diciembre de 2012). Ayer, Bonomi, junto con Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas, presentaron formalmente el proyecto ante potenciales empresarios interesados en la licitación.
Bonomi explicó que entre diciembre y el día de ayer se recogieron las experiencias de países que transitaron la experiencia de construcción de cárceles con la metodología público-privada, y dijo que eso “permitió mejorar nuestro proyecto”. Bonomi estableció la “importancia” de “desarrollar una experiencia que mancomune una estrecha articulación a través del intercambio diario de información [entre el licitante y el Estado]”.
Para el ministro del Interior, el establecimiento que comenzará a construirse en 2014 en Punta de Rieles (Montevideo), “no sólo contribuirá a la adición de plazas sino también a la modernización del sistema penitenciario, actualizando los parámetros arquitectónicos, en línea con las necesidades de la administración, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de los programas de la rehabilitación”, “facilitando la operativa en todas las áreas”, agregó.
El Estado contratará el diseño de la unidad, la construcción y su financiamiento, así como el mantenimiento, reposición, limpieza, alimentación y lavandería; y se reserva las funciones sustantivas de seguridad, los servicios de salud y la reeducación de los internos, “como responsable de los compromisos asumidos en cuanto a derechos humanos en la Constitución”, explicó Bonomi.
El ministro de Economía, por su parte, sostuvo que este proyecto “es uno de los más difíciles que admite la modalidad PPP”, ya que hay “un nuevo esquema de relacionamiento, más equilibrado”, entre el sector público y el privado, porque “de esta manera los privados deben asumir riesgos que en otras condiciones no asumían”. En cuanto a los beneficios que recibirá el ganador de la licitación, el jerarca del MEF confirmó que tendrá “exoneraciones sobre los derechos de importación y los impuestos al patrimonio”, además de “créditos por IVA”, hechos que se establecerán por decreto. Agregó que “no van a ser las mismas en otros proyectos PPP”. El estimativo del proyecto asciende a 72,4 millones de dólares.