En enero todos sabían que 2013 sería un año “político” en Argentina. Las decisiones del gobierno estarían guiadas por el deseo de una buena performance en las elecciones, y la pregunta era si tendría “espacio de política” para maniobrar en la economía. Esa preocupación sigue vigente porque las restricciones sobre recursos e instrumentos se han acentuado.

Primero: el gobierno no cuenta con la política monetaria para controlar la inflación o la brecha cambiaria porque la emisión está determinada por la necesidad de financiar el déficit fiscal, que está lejos de ser controlado. Los subsidios a la energía y el transporte presionan sobre el gasto, los asalariados estatales no aceptan las pautas salariales del gobierno y los ajustes de las jubilaciones son automáticos. En segundo lugar, no hay espacio fiscal y las autoridades tomaron medidas más cercanas al ajuste que al estímulo. Tercero: las autoridades no tienen margen para seguir con la política cambiaria como mecanismo antiinflacionario. La estrategia de corregir el valor del tipo de cambio por debajo de la inflación se agotó por la erosión de la competitividad y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo podría volverse incontrolable.

La primera clase en cualquier curso de política económica es para explicar que cada objetivo requiere un instrumento. Esto motiva los dilemas de política: como la cantidad de instrumentos es limitada, el hacedor de política debe elegir bien los objetivos. La esencia de la política económica es enfrentar dilemas y realizar compromisos.

A ningún gobierno le gustan las situaciones dilemáticas por falta de instrumentos y por eso “crean” nuevos, cambiando reglas de juego. Se modifican arreglos institucionales para apropiarse de los fondos necesarios para mantener ciertos objetivos. Transformando las reglas de juego “aparecen” fondos donde no había y el gobierno “resuelve” el dilema. Pero no hay magia: los fondos no aparecen de la nada, se consiguen por la estabilidad de las reglas de juego y se paga con deterioro institucional el costo de políticas que no pueden financiarse. Los costos del deterioro institucional tardan en manifestarse: caída de la inversión, salida de capitales, menor demanda de dinero, deterioro de las políticas públicas y exacerbación de los conflictos de interés.

Por ejemplo, si un hacedor de política cuenta con fondos fiscales limitados y debe decidir entre financiar educación o jubilaciones, se enfrenta a un dilema. Como a nadie le gusta ser impopular, la decisión podría ser cumplir con ambos objetivos, aumentar el gasto, generar déficit y recurrir a la emisión monetaria para financiarlo. Parece que nadie se perjudica. Pero no es así: la emisión facilita la inflación y ésta, además de ser un impuesto antipobre, erosiona la estabilidad, acorta el horizonte de decisión y debilita la inversión.

El rol de las instituciones económicas es coordinar las acciones de los agentes, acortar la incertidumbre y tener decisiones anticipables y confiables. Cuando se destruyen las instituciones es difícil anticipar con certeza qué curso de acción elegirán los agentes o el gobierno en el plano económico y, bajo esas condiciones, es lógico que se afecte la inversión o que los contratos se pacten a muy corto plazo. Una economía que pretende funcionar sin instituciones creíbles y sin coordinación, es un barco sin brújula.

La política económica kirchnerista pasó de la abundancia a la escasez de instrumentos. Durante años, el gobierno contó con mucho espacio fiscal y externo y persiguió sus objetivos con instrumentos genuinos. Luego, de la mano de subsidios, expansión fiscal y atraso cambiario, los superávits gemelos desaparecieron y con ellos, la posibilidad de utilizar la política fiscal, monetaria o cambiaria. Se recurrió al cambio de reglas de juego ya no como excepción sino como método. Las autoridades “crearon” nuevos instrumentos controlando “cajas” que no manejaban. Ante la falta de fondos para financiar el déficit -y para evitar reducir el gasto- se “crearon” fondos cambiando la carta orgánica del Banco Central; para evitar la impopularidad de nuevos impuestos se “crearon” recursos por la vía de no ajustar por inflación ni el mínimo no imponible para asalariados o empresas; con el propósito de “crear” los dólares necesarios para importar, se modificaron reglas en el mercado cambiario, imponiendo un cepo.

Estos cambios para generar fondos están encontrando un límite. Y no es político, sino económico. Además, es contradictorio permitir aumentos a YPF cuando está vigente el congelamiento o amenazar a las empresas con abrir más las importaciones para evitar subas de precios tras generar conflictos en el Mercosur y con otros países por medidas proteccionistas que incentivan la industria nacional.

Sin instrumentos de política y una estrategia de cambios de reglas próxima al agotamiento, la discusión sobre objetivos e instrumentos queda librada al azar. No es posible descartar cimbronazos de relevancia. Son los problemas de navegar sin brújula.

  • Extracto de la nota publicada en el Observatorio Económico de la Red Mercosur.