Acá a lo lejos

Levantarse a las 6.00 para recorrer tres kilómetros en moto hasta la ruta 8, en el departamento de Canelones, y tomar allí un ómnibus que la trasladará otros 20 hasta Pando es parte de la rutina de Cecilia, de 13 años. Lo hace para ir al liceo, siempre y cuando no llueva, porque en ese caso “crece la cañada y no da paso”. En el viaje rutinario regresa a su casa a media tarde. En Canelones lo corriente es que las líneas de transporte tengan varias frecuencias. En otras zonas del país el regreso puede llegar a ser entrada la noche. Una alternativa es la de las pensiones, cuyo acceso depende de las posibilidades económicas de la familia, o los hogares estudiantiles públicos, administrados en su mayoría por las intendencias. En cualquiera de los casos implica vivir durante la semana fuera del seno familiar.

La dificultad de acceso a la educación media es un elemento reiterado por las entrevistadas. Es a la edad liceal que el medio rural empieza a perder pobladores del sexo femenino, especialmente a partir de los 14 años, según surge de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el Censo 2011. Otro elemento que surge es el de las expectativas familiares, que suelen distar de las individuales. Los adolescentes están “deseosos de un espacio para pensar en su futuro”, explicó la psicóloga Isabel Foderé, integrante del equipo Orientando Orientales, un programa de responsabilidad social empresarial del Centro de Psicoterapia Di Mauro-Davrieux, dedicado a brindar procesos de orientación vocacional a estudiantes de primer año de bachillerato de liceos del interior. “Nos interesa llegar a los lugares más remotos”, destacó Foderé. Pero pese a las expectativas individuales, con frecuencia “no hay un incentivo familiar tan grande”. Sospechan que “con el correr de los años, con esto de la expectativa contextual, quizá no se llegue a concretar aquello a lo que personalmente se aspiraba”, indicó.

Los niveles educativos alcanzados por las mujeres que habitan el medio rural son superiores a los de los varones, pero, de todos modos, el desempleo femenino duplica al masculino, explicó la doctora en Sociología Rossana Vitelli, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (FCS).

Si se comparan los niveles educativos máximos alcanzados con los de las mujeres del medio urbano, los de mujeres rurales son significativamente más bajos.

Muchas de las entrevistadas para esta investigación respondieron “que me casara” cuando se les preguntó qué era lo que sus familias esperaban de sus futuros. “Mis perspectivas eran muy básicas; eran las que me había enseñado mi mamá. No iba más allá de casarse”, comentó con una sonrisa María Flores, dirigente de la Unión Nacional de Asociaciones de Trabajadores Rurales y Afines. Hoy es trabajadora de un establecimiento lechero, rubro en el que paulatinamente es más frecuente que haya mujeres. Algunos sectores de producción están más abiertos que otros a contratar personal femenino. Uno es la citricultura. Sin embargo, hay tareas a las que no pueden acceder, negación para la que se esgrime una razón concreta: “Porque no es un trabajo de mujeres”. Eso le ocurrió a Shirley* en Paysandú, cuando presentó certificados de sus cursos y su libreta profesional para desempeñarse como tractorista. Aunque en la citricultura hay cuadrillas completas de mujeres, en ningún caso (ni de las entrevistadas ni que éstas conocieran) llegan a ser capatazas.

De las asalariadas que viven en el campo junto con su pareja en un establecimiento que les provee vivienda, la mayoría que tiene un empleo ha sido contratada como cocinera. “A mí nunca me preguntaron cómo cocinaba ni si sabía hacer otra cosa. Al que querían contratar era a mi marido”, explicó Karina Blanc, que fue asalariada y hoy está al frente de un establecimiento familiar. Es de la zona de Pueblo Ceballos, en Paysandú, donde hay un grifo público de agua potable, y la tarea de ir por ella con baldes y tanques la realizan las mujeres.

Escuchar los clasificados en Radio Rural permite dar cuenta de que cuando el pedido es de “pareja para estancia”, ella irá a la cocina y cobrará mucho menos. Incluso, coincidieron varios entrevistados, “muchas veces el que cobra los dos sueldos es él”.

En cuanto a los asalariados, en las remuneraciones las diferencias también se basan en el género. El promedio salarial para un hombre en 2011 fue de 15.240 pesos y para una mujer, de 8.807, explicó Vitelli.

En el medio rural “se refuerzan, por varias cosas”, los valores patriarcales, la subordinación femenina y los patrones morales asumidos como conservadores en los medios urbanos, sostuvo la investigadora. Los roles por género están claros. En el Censo 2011 sólo 0,6% de los hombres de ese medio dijo ser el encargado de las tareas del hogar.

Un requisito que se exige a las parejas que aspiran a trabajar en establecimientos rurales suele ser que no tengan hijos. Incluso cuando hay trabajo ofrecido en pareja, quienes se postulan aclaran: “matrimonio sin hijos” o, a lo sumo, “matrimonio con un hijo”, como un elemento positivo a resaltar. Llamar a cada uno de los que se ofrecían en una semana reveló la incógnita: “Si tenés más de un hijo ya empieza a ser más complicado que te den trabajo”, explicó Carlos, de San José.

Pocas y muchas

Pese a que la población del medio rural disperso es 5,3% del total de habitantes del territorio nacional, en la mayoría de los departamentos esta realidad varía. En San José, por ejemplo, representa 15,2% del total, y en Florida, 13,5%. La composición de la población en el medio rural, además, tiene características muy diferentes de la de las ciudades y de la mayoría de los centros poblados. Fundamentalmente sobresale que, contrariamente a la mayoría femenina (en el país hay casi 4% más mujeres que hombres), en el medio rural la población mayoritaria es masculina. Viven allí 76.855 mujeres, de acuerdo al Censo 2011 del INE. Esa cifra representa 43,7% de la población rural del país; la diferencia es 12,6%. En un contexto en el que, como describe la coordinadora de Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti, las mujeres “son tratadas como un sector, como una minoría, pese a ser más de la mitad de la población”, ocurre que en el medio rural, donde las barreras culturales son aun más complejas de atravesar, se agrega otro multiplicador de las complejidades: ser menos cantidad.

Más de 40 mujeres que habitan el medio rural disperso, incluso muchas que residen en ciudades pero están vinculadas a aquél, fundamentalmente por razones de trabajo remunerado, fueron consultadas para esta investigación en instancias individuales o grupales. El universo es amplio y policromático e incluye a aquellas que trabajan en él aunque vivan en ciudades. Varía de acuerdo a posibilidades económicas, de traslado, la cercanía de centros poblados y, sobre todo, del tipo de producción dominante en la zona, como de la región del país en la que se encuentre. También depende de si están organizadas o no, lo que a su vez suele estar atado a las condiciones anteriores. Sin embargo, con matices, algunas características surgen como mayoritariamente compartidas.

A la intemperie

Gritar no es una posibilidad que una mujer del medio rural suela manejar para pedir auxilio si es víctima de violencia física en su hogar. Ni siquiera sueña con la denuncia de un tercero que haya escuchado lo que ocurrió; no hay personas en un radio de un kilómetro y medio, y la ruta más cercana está a uno. Denunciar ella misma al otro día no está en sus planes. El destacamento de la seccional policial está lejos y, además, el único agente que tiene, que llegó un lustro antes para poder hacer rendir su sueldo sin tener que pagar alquiler en el pueblo, es el mismo que cada fin de año recibe un cordero de parte de su marido, así como semanalmente leche y huevos que él mismo va a buscar. El relato es ficticio, pero no inverosímil. Sentir la falta de garantías para presentar una denuncia por violencia doméstica fue una respuesta frecuente en las entrevistas realizadas a mujeres del medio rural disperso, especialmente entre las no organizadas.

Un caso surgido mientras avanzaba esta investigación terminó siendo gráfico. En la madrugada del 5 de mayo de este año, en el salón Mevir de Goñi, al norte del departamento de Florida, la licenciada en Trabajo Social Marisel Luis fue asesinada. En julio de 2012 había presentado, en la Seccional 13ª, una denuncia por acoso contra quien, a la postre, fue quien la mató. La denuncia fue tomada como queja y no se dio intervención a la Justicia. La madre de la ex esposa del asesino denunció que su hija había concurrido a la misma seccional policial a presentar una denuncia por violencia doméstica: “Se rieron de ella”, contó. El Ministerio del Interior (MI) está implementando un proceso de generación de un referente en violencia doméstica por cada seccional policial, en todas las jefaturas de Policía del país. “La Policía tiene alcance nacional; por lo tanto, el objetivo central es que pueda dar una respuesta adecuada a las situaciones de violencia de género en todo el país”, explicó a la diaria la directora de Políticas de Género del MI, Marisa Lindner, quien admitió que “es un proceso que hay que seguir profundizando”. Sin embargo, quienes están al frente de los destacamentos del medio rural suelen carecer de formación para actuar ante situaciones de violencia basada en género. El referente de la seccional trabaja directamente en la propia comisaría y no en el destacamento, que es una dependencia de ésta. El director de Seguridad de la Jefatura de Policía de Florida, Richard Aragonés, explicó que los destacamentos policiales de las seccionales del interior del departamento “son cubiertos generalmente por policías de los grados inferiores: agentes y cabos”. “Tiene mucho que ver la necesidad del policía, porque muchas veces es él el que necesita una solución habitacional y pide el destacamento”, explicó.

Lejos todavía

Los Servicios Especializados de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también tienen “dificultades de llegada al medio rural”, admitieron tanto integrantes de sus equipos técnicos y referentes territoriales como el propio ministro Daniel Olesker. De todos modos, resaltan, han sido implementadas medidas para no quedarse únicamente en las ciudades capitales de los 15 departamentos en los que existen estos servicios. El ministerio cuenta con esos equipos fijos, pero también con siete móviles que periódicamente llegan a localidades del interior, llevando a cabo tareas de asesoramiento, contención y seguimiento de casos. El Mides se encuentra en un proceso de diagnóstico focalizado en las mujeres rurales para implementar nuevos programas y redireccionar los ya existentes.

La responsable del programa Violencia y Salud del Ministerio de Salud Pública, Sandra Romano, explicó que éste no tiene prevista una respuesta específica para el área rural. “Pero sí es una preocupación; hay interés”, dijo.

Para la infancia y la adolescencia la situación es similar. “Somos conscientes de que en algunas áreas nosotros necesitamos mayor llegada, sobre todo en el área rural”, explicó la coordinadora del Sistema Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, María Elena Mizrahi.

Las integrantes del equipo técnico del servicio especializado del Mides en Florida explicaron a la diaria que han recibido consultas de maestros rurales que “notan cambios de actitud en algún alumno”, o incluso deducen una posible situación de violencia en el hogar en charlas con madres de escolares. “Para este tema, y para muchos otros, la escuela es el único lugar de referencia”, comentó el director del Departamento de Educación Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Limber Santos. “Muchas veces es la única institución pública; la única presencia del Estado. Son elementos nada menores que implican para la escuela un rol diferente a cumplir. Estamos lejos aún de formar adecuadamente a los maestros rurales como para poder cumplir cuando se ven inmersos en escuelas rurales. Ocurre a veces que los maestros no sienten tener todas las herramientas como para poder actuar en un medio en el que están trabajando”, explicó.

El MI no tiene datos sobre denuncias de situaciones de violencia doméstica en el medio rural. Tampoco de mujeres asesinadas en ese contexto. “No tenemos [información] con ese grado de desa-gregación”, se explicó en el proceso de respuesta al pedido formulado para esta investigación. De todos modos, con base en los registros que públicamente lleva la organización no gubernamental Caminos, y añadiendo casos no registrados allí pero también correspondientes a femicidios ocurridos en contexto de violencia basada en género, se observa que en lo que va de 2013, uno de cada diez femicidios tuvo el medio rural como escenario.

El otro temor

En el caso de las asalariadas o las parejas de asalariados que habitan el medio rural, surge otra traba para realizar la denuncia; suelen vivir en el mismo establecimiento en el que ambos o uno de ellos trabaja. “Es para líos con la empresa”, explicó Esther*, de la zona de Sarandí del Yi, en Durazno. En el medio rural, 39,3% de los hogares es usufructuario u ocupante de la vivienda que habita, algo que en el medio urbano ocurre en 17% de los hogares. El contratado suele ser el hombre. “Esto provoca que ante situaciones de ruptura del vínculo matrimonial o de pareja sea la mujer quien quede sin vivienda, dado que está atada al contrato de trabajo con su esposo. Esta situación es especialmente grave en casos de violencia doméstica, porque supone un factor de gran vulnerabilidad para su perpetuación”, señala el documento “Análisis legislativo: derechos de las mujeres rurales y equidad de género”, elaborado por las doctoras Diana González y Alicia Deus, en el marco del proyecto “Uruguay: hacia el país de la equidad”.

La Justicia que no llega

El documento tiene un capítulo centrado en el acceso a la Justicia en general, y no sólo en situaciones de violencia doméstica: “Los servicios de Defensorías se concentran mayoritariamente en las capitales departamentales, resultando, en los hechos, de difícil acceso para la población rural; es de especial importancia la generación de servicios itinerantes de asesoramiento”. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, admitió a la diaria que esto es así, aunque aseguró que se ha iniciado un camino tendiente a mejorar el escenario. “Hay preocupación de la Corte en este sentido, una preocupación que viene de la propia población que tiene imposibilidades, por razones económicas, por lejanía o por falta de locomoción, de ir a las capitales departamentales. Se ha pensado en crear defensores de oficio que puedan ser itinerantes, que al menos cada 15 días vayan a localidades que están lejanas a la capital”. Pero, independientemente del interés, explicó que se encuentran ante una “deficiencia de personal” que compromete incluso ese leve avance planteado. “El defensor de oficio ya es escaso para las capitales departamentales. Tendríamos que sacarlo un día o dos al mes para que vaya a atender a poblaciones a las que sí puedan ir aquellos que no lleguen a las capitales departamentales”.

Ruibal destacó un proceso de capacitación del personal en materia de violencia de género cuando se le contaron algunos casos descritos por entrevistadas, por ejemplo el de una joven de una localidad sanducera a la que la jueza actuante en una instancia por violencia doméstica le recomendó: “Gurises, son jóvenes; arréglense y vengan la semana que viene que los caso”.

Las vacas primero

En cuanto al acceso a los servicios de salud, el anecdotario es similar o peor al de la educación. En Paso Hondo, en Tacuarembó, Lucía lleva en moto a su hija de seis meses a realizarse los controles pediátricos a San Gregorio de Polanco. La moto la conduce su marido. Son 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta. Cuando estaba embarazada se quedó en la casa de su madre en San Gregorio, lejos de su pareja, pero cerca de la atención médica.

En Tres Árboles, en Paysandú, quienes tienen locomoción propia llegan a Paso de los Toros (Tacuarem-
bó) en media hora. Quienes no la tienen suelen usar el ómnibus, que pasa tres días a la semana. Pero va hasta Paysandú capital, y demora dos horas. Si la persona viajó el lunes, después de atenderse en el hospital deberá esperar hasta el miércoles para regresar a su casa. La historia se repite a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. “Hay lugares a los que el médico va cada 15 días, o simplemente no va. Para ir a una ciudad a sacar número, hay que ir de madrugada y no nos sirven los horarios de los ómnibus”, explica Isabel Olivos, del grupo de mujeres de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Pero cuando una vaca se enferma, lo corriente en los establecimientos es que se active rápidamente un sistema sanitario que tendrá en poco tiempo a técnicos o profesionales en el lugar, además de adquirirse con celeridad los medicamentos necesarios, explicó Raquel Gilmet, de la Asociación Mujeres Rurales del Uruguay, en una entrevista publicada por la agencia Efe.

En el contexto rural, tener o no tener hijos, y especialmente tener más de uno, significa un problema a la hora de pensar en el acceso al mercado laboral, no ya sólo para la mujer sino también para la pareja, y el embarazo implica muchas veces desarraigarse o tener que practicar odiseas para realizarse los controles rutinarios, tanto en la etapa pre como posparto. Pese a esto, la paridad media de las mujeres que habitan en este medio es superior a la del medio urbano. Serán ellas luego las encargadas de cuidar a los niños.

Trabas, desarrollo y libertad

El escenario en el que nacen y viven las mujeres del medio rural suele convertirse en una variante silenciosa y naturalizada de violencia psicológica que, desde la perspectiva de desarrollo, significa una traba no sólo para el desarrollo individual, sino también para el colectivo. “Hay un derecho de las personas de poder concebir, diseñar y ejecutar un plan de vida”, comentó el doctor en Ciencias Sociales y coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de la FCS, Reto Bertoni. Quien no tenga la libertad de hacerlo, “no puede desarrollarse”, enfatizó. “Una sociedad que está constituida, mayoritaria o minoritariamente, por personas que no pueden concretar ese plan de vida no puede ser una sociedad desarrollada”.

El premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen, “habla mucho de los guardianes de la tradición. Hay sociedades en las que está instituido qué es lo que le corresponde ser a cada uno; qué es lo que le corresponde a la mujer, al niño, al viejo. La principal enseñanza que creo que tenemos que sacar de la historia de la humanidad es que a veces el gran déficit está en que las personas no pueden siquiera concebir la posibilidad de elegir. El enfoque de las capacidades, dice Sen, es que el desarrollo es libertad y que la capacidad de elegir es lo que hace a las personas realmente personas. Pero él mismo plantea que la capacidad de elegir no es innata, no es genética; los seres humanos tenemos razón y por eso podemos elegir. Hay determinadas condiciones sociales que permiten o no la elección. Quizás allí tenemos que enfatizar que el desarrollo es un proyecto colectivo; las condiciones, el contexto social en que la persona vive, es lo que le permitirá alcanzar la capacidad de elegir. Esa capacidad viene por el lado de la educación, por el lado de poder tener un espíritu crítico hacia sí mismo, hacia su sociedad, hacia su entorno y hacia las ideas dominantes en ese entorno”, indicó Bertoni, apuntando que se trata de “cultivar una capacidad de decisión a lo largo de la vida, que hace que la persona tenga éxito y tenga fracasos, pero que pueda hacerse cargo de ellos”. Aun cuando se puede ir más allá del contexto, hay una situación de injusticia, dijo. “En una sociedad en la que manifestamos que todos tenemos ciertos derechos, que tengas que desplegar una energía extraordinaria para poder ejercerlos tampoco es justo”, apuntó.

*Los nombres son ficticios para reservar la identidad.