“La actividad de Pereira y Acevedo (suministrando sustancias médicas sin prescripción, susceptibles de toxicidad e inyectando aire) conformaron condiciones hábiles por cuanto adecuadas para dar muerte (que en definitiva es lo que se representaron y persiguieron bajo el argumento de aliviarles el dolor y sufrimiento a ellos y sus familiares), sólo que no fueron las condiciones adecuadas para la producción de la muerte, como así lo constató la Junta Médica, pero sólo en tanto y en cuanto las cantidades utilizadas en las sustancias y en el aire que se inyectó, fueron insuficientes para provocar la muerte y por ello, no es posible atribuírselas”, dice un fragmento del pedido de condena del fiscal.
El fiscal solicitó 16 años de prisión para Marcelo Pereira, que trabajaba en la Asociación Española y el Hospital Maciel y dijo haber inyectado morfina al menos a cinco pacientes; 14 años para Ariel Acevedo, quien se atribuyó diez muertes y trabajaba únicamente en la mutualista privada junto con otra enfermera, Andrea Acosta, para quien se solicitaron 24 meses de cárcel por encubrimiento. En diálogo con la diaria, el fiscal explicó que el caso tomó un giro a partir del informe de la Junta Médica -integrada por médicos forenses y docentes grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República-, que cortó el nexo causal entre el accionar de los enfermeros y las muertes de los pacientes.
Según explicó a la diaria uno de los miembros de la Junta Médica, su trabajo consistió en la revisión de las historias clínicas de las personas fallecidas cuyas muertes se habían atribuido Pereira y Acevedo. Según explicó la fuente, en ninguno de los casos puede hablarse de “muertes inesperadas”, debido a que con lo explicitado en las historias clínicas y las causas de las muertes allí asentadas, no pudieron deducir que algún factor externo hubiera incidido. De todas formas, precisó que esto en algunos casos era más claro que en otros, y que solamente hubo un par en los que pudo haber existido la posibilidad de que alguna acción de los enfermeros provocara cambios en los signos vitales de los pacientes. Si bien el miembro de la Junta Médica admitió que en ninguna de las historias se esperaba que estuviera registrado el suministro de sustancias sin indicación médica por parte de alguno de los enfermeros, señaló que no había otra pericia para hacer y por tanto se limitaron a considerar si se podían establecer elementos externos a partir de la evolución vital y de las causas de las muertes.
La Junta Médica descartó la exhumación de los cuerpos porque estimó que no arrojarían resultados útiles para la investigación, ya que se trata de cuerpos que en su mayoría están en descomposición desde hace al menos un par de años. Además, únicamente podrían servir para detectar restos de morfina, y no se registraría la aparición de aire en la sangre, pero al tratarse de una sustancia de uso médico, su aparición en alguno de los cuerpos tampoco sería una prueba útil, según argumentó la Junta. En el único caso en el que se practicó una autopsia fue en el de la mujer fallecida en marzo de 2012, última víctima de los enfermeros. En el estudio únicamente se encontraron trazos de morfina -restos de la sustancia que no pueden llegar a ser cuantificados- en una segunda prueba, luego de que la primera no mostrara la presencia de la droga.
Por la plata...
En diálogo con la diaria, Álvaro Coll, familiar de una de las víctimas, se quejó del tratamiento que recibió tanto de autoridades del gobierno como de la Asociación Española, institución a la que acusó de haberle ofrecido dinero. Además de realizar una auditoría que arrojó fallas en el control de medicamentos, la mutualista despidió a mediados del año pasado a varios profesionales que trabajaban en Farmacia. Si bien los profesionales sostienen que su despido por notoria mala conducta no tiene nada que ver con el caso de los enfermeros, en su momento la mutualista los había relacionado como parte de las medidas adoptadas por el caso. Como todos los despedidos iniciaron juicios contra la mutualista por la tipificación en función de la cual fueron cesados, desde la Asociación Española ofrecieron dinero para que los juicios se interrumpieran, con diferentes resultados según los demandantes. la diaria intentó comunicarse con la gerencia de la mutualista, pero se explicó que mantendrá silencio hasta que haya una sentencia judicial definitiva en el caso.
Análisis del discurso
Con estos insumos, el fiscal contaba únicamente con los reiterados testimonios de Pereira y Acevedo acerca de que era “normal” que inyectaran morfina y aire -respectivamente- a pacientes “terminales” por “compasión” hacia ellos y sus familias, pero técnicamente no era posible probar que hubieran ocasionado sus muertes. Rodríguez también señaló que la identificación de los fallecidos había sido un tanto imprecisa, ya que además de no poder dar cuenta con exactitud desde cuándo realizaban ese tipo de prácticas, tanto Pereira como Acevedo se atribuyeron algunas muertes que eran imposibles, debido a que los días en que ocurrieron los decesos ellos trabajaron en otro turno o se encontraban de licencia. Como la identificación fue mediante fotos en las que las personas no estaban en la misma situación que durante la internación (en general estaban intubados o con rasgos físicos deteriorados), es posible que los enfermeros hayan señalado a pacientes que no hubieran sido inyectados y que no hubieran hecho lo mismo con aquellos a los que sí les hayan aplicado sustancias no indicadas para acelerar sus muertes.
El otro insumo importante con el que contó el fiscal fueron las declaraciones de quienes trabajaban en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel y en el CTI neuroquirúrgico de la Asociación Española, quienes observaban comportamientos raros en los acusados, principalmente en el caso de Pereira. Fue precisamente por una enfermera que trabaja en el Maciel que el tema comenzó a ser investigado por las autoridades, luego de que observara reiteradamente que cuando Pereira llegaba de mal humor se introducía en alguno de los blocks, a oscuras, y manipulaba la vía inyectable de pacientes. Poco después, el paciente entraba en descompensación y debía ser reanimado, siempre sin éxito, procedimiento que se repite en los testimonios.
En el caso de Acevedo, las pruebas contundentes se encontraron en el celular de su compañera y también enfermera, Andrea Acosta, quien también conocía a Pereira y fue fundamental para establecer el nexo entre los dos. Conversaciones por mensaje de texto entre Acosta y Pereira referidas a que Acevedo había “limpiado al de la cama 5” sirvieron para que la enfermera también fuera procesada con prisión.
Cambio de carátula
En marzo de 2012, el juez Rolando Vomero solicitó el procesamiento con prisión de Acevedo y Pereira por homicidio especialmente agravado y el de Acosta por complicidad, además de solicitar los informes a la Junta Médica, la que también podía disponer de médicos especialistas de las patologías que sufría cada uno de los pacientes fallecidos, recurso que finalmente no fue utilizado. En el medio de la investigación, y a partir de un traslado que ya estaba previsto, asumió el caso la jueza Dolores Sánchez, que actualmente se encuentra estudiando el pedido del fiscal Rodríguez. El primer fiscal del caso, Diego Pérez, también solicitó traslado y desde noviembre del año pasado ya no está en contacto con el caso.
Según pudo saber la diaria, personas que intervinieron desde un principio en la investigación se mostraron sorprendidas con el viraje que tomó, al igual que con los resultados del informe de la Junta Médica. Los especialistas que integraron la Junta son conscientes de que su informe cambió la carátula del caso, pero según dijo uno de ellos, no le están “haciendo los mandados” a nadie, y el informe es el que pudieron elaborar con los insumos que tenían a disposición.
Otro de los puntos que generaron polémica en la investigación es la conclusión a la que llegó la Junta Médica acerca del suministro de morfina y aire a los pacientes. Para el grupo de forenses la cantidad de morfina que dijo inyectar Pereira (una ampolla, lo que equivale a unos 20 miligramos) y los 20 centímetros cúbicos de aire que inyectaba Acevedo no son suficientes para matar a una persona. Esta afirmación, que generó asombro entre los investigadores e indignación entre los familiares de las víctimas, es sustentada teóricamente por los médicos. De todas formas, el cuerpo teórico sobre este tema no es preciso para determinar qué cantidades de estas sustancias se necesitan para matar a una persona. Para el caso de la morfina, suele decirse que lo ideal es que se aplique hasta que el dolor en el paciente cese, pero lo que es preciso es que su aplicación sin indicación médica constituye un delito, independientemente de su cantidad. Para el caso del aire todo es aún más impreciso, ya que por obvias razones no hay experimentación con seres humanos al respecto, aunque hay quienes hablan de que se necesitaría inyectar al menos 100 centímetros cúbicos de aire para matar a una persona.
A partir de esta información, el fiscal Rodríguez no pudo solicitar la condena por homicidio, pero sí lo hizo por homicidio en grado de tentativa, teniendo en cuenta que si bien no puede probarse que las muertes hayan sido causadas por Acevedo y Pereira, sí fue clara su intención. Como no se puede hablar de una cantidad específica de muertes, el fiscal solicitó la condena por un número indeterminado y en situaciones especialmente agravadas, lo que hace que los años de condena solicitados sean más. En el caso de Acosta, la acusación cambió de cómplice a encubridora, debido a que si bien estaba en conocimiento de los hechos, no se probó que haya participado. De todas formas, ya obtuvo la libertad condicional, lo que hace casi imposible que vuelva a ser encarcelada una vez que la jueza dicte sentencia. Sánchez dijo a la diaria que espera que el caso tenga una resolución en los próximos meses, dependiendo de si las defensas de los acusados solicitan nuevas pruebas. A partir del resultado del informe de la Junta Médica, Acevedo cambió su declaración y dijo que anteriormente había declarado bajo presión de la Policía, lo que fue desestimado por la fiscalía, que lo tomó como una oportunidad que vio el acusado ante un cambio en la carátula del caso.