Más de 50% de las 63 familias del Conjunto Habitacional 20 (CH 20) del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE) ubicado en el Barrio Sur, en Montevideo, que tienen sus propiedades en situación regularizada, firmaron boletos de reserva para adquirir nuevas soluciones habitacionales. Se prevé que en una semana se realicen las mudanzas que estarán a cargo de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
El CH 20 se ubica en la rambla República Argentina y Zelmar Michelini. Allí viven 96 familias. En octubre del año pasado, un informe solicitado por la ANV al ingeniero civil Ponciano J Torrado sostiene que el edificio (cuyas obras se iniciaron 1964) está en “estado ruinoso”, por lo que se decidió “el realojo de sus moradores” y “la inmediata demolición del edificio” debido a “las severas patologías que presenta” (ver http://ladiaria.com.uy/AC9n). La ANV había ofrecido a las familias un listado de 120 viviendas a elegir. El primer grupo que está regularizado, que consta de 63 familias, tiene preferencia. En febrero podrá hacerlo el segundo grupo, que optará entre las viviendas que queden libres de ese listado. En muchos casos, los propietarios eligieron soluciones habitacionales distintas de las propuestas por la ANV, incluso fuera de Montevideo, según se informó a la diaria desde la ANV.
El segundo grupo, que está en situación irregular, consta de 33 familias que deberán esperar a febrero para conocer las viviendas por las que podrán optar. El 31 de marzo es el plazo que dio la ANV para que todas las familias se muden. Los apartamentos del CH 20 fueron tasados en 65.000 dólares los de un dormitorio, 80.000 los de dos y 95.000 los de tres.
No hay dos sin tres
El edil del Partido Nacional (PN) Edison Casulo envió, hace algunas semanas, una carta al decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela, en la que le solicita que reciba a los ediles de los tres partidos políticos para pedir un nuevo informe sobre la situación del edificio. Esto se debe a que surgió una nueva opinión sobre su estado, expresada por los hijos del constructor del complejo, Homero Pérez Noble. Consultado al respecto, Casulo dijo que “[el decano] no sabe, no contesta. Supuestamente hoy [por ayer] el decano se reintegraba de su licencia. Mañana de mañana lo voy a llamar [por hoy]”.
Por otra parte, señaló que, junto a los vecinos, está previsto contratar el alquiler de servicios de una empresa “y hacer nosotros, por la vía privada, una investigación”. “Se está haciendo un esfuerzo sobrehumano, habrá que contratar a un escribano y a un ingeniero independiente”, dijo.
Según la ANV, los informes que evalúan la situación del edificio fueron enviados y revisados por los decanos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
Por su parte, la arquitecta Norma Pérez Noble, realizó un “informe” que contrasta las conclusiones de los realizados a pedido de la ANV. El 13 de enero los vecinos del INVE lo presentaron a la secretaría del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame. Pérez Noble dijo a la diaria que, si bien aún no hizo un informe de análisis de la situación del edificio, evidenció “los problemas y contradicciones que presentan los informes de ellos [ANV]”. A su entender, “cambian su orientación y están equivocadísimos”. La arquitecta señala en su análisis que “se elaboran informes técnicos en base a fotos sólo del exterior del edificio y presunciones, sin efectuar cateos reales ni pruebas a las estructuras, para determinar su estado interno actual, ni su resistencia”. Indica que “se incurre en errores gravísimos” respecto al sistema de construcción y la resistencia del hormigón utilizado que, a su entender, es muy superior al tradicional. Además, denuncia la existencia de “dos informes contradictorios” del mismo autor (Torrado), uno de abril de 2013, “indicando las etapas y procedimientos para reciclar el edificio”, y el otro que “apunta al desalojo y demolición del edificio, invocando un colapso inminente”.
También se le envió a Beltrame más de 3.000 firmas para solicitar un tercer informe técnico, explicó a la diaria Brian Rodríguez, vecino del INVE. “Si hay una controversia técnica tiene que haber un tercer informe que laude. Vecinos de 57 [de los 96] apartamentos del edificio firmaron para que se realice un tercer informe y se hacen responsables de lo que pase con el edificio a la espera de éste”, dijo.
A su entender, si un tercer informe no está pronto antes del plazo previsto para desalojar el edificio, el 31 de marzo, habrá “vecinos que se van a encadenar y van a tener que sacarlos a la fuerza”, mientras que si se realiza un tercer informe que avale el realizado por Torrado, “nos vamos todos calladitos y con la valija al lado”.