Los vecinos se reunieron ayer con la arquitecta y su hermano, Homero Pérez Noble (hijos del constructor del edificio), para presentar el estudio ante los medios de comunicación a los que habían convocado. La cita fue en la plaza detrás del complejo. Durante la reunión, en la que unas 20 personas dialogaban entre ellas, se escuchaba de fondo una voz emitida por un altoparlante contratado por los vecinos para divulgar lo sucedido: “El INVE [por Instituto Nacional de Vivienda Económica] no se cae, señores. Tenemos un informe que lo asegura”, decía. “No al desarraigo, no al atropello, no al terrorismo psicológico, no al desalojo del INVE. Tenemos derecho de quedarnos acá”, continuaba la voz que se iba alejando para recorrer algunas calles.

El estudio consistió en una serie de pruebas que se realizan con un esclerómetro que fue comprado por los habitantes del CH 20. Se realizaron 175 percusiones sobre la totalidad de las pantallas, que son rectangulares y conforman las cajas de escaleras, y sobre los pilares de cimentación. Eso fue certificado por la escribana Liana Manuela Ramírez Berón, que se hizo presente y labró un acta. También estuvieron los ediles Edison Casulo (Partido Nacional, PN) y Sebastián Rubino (Frente Amplio, FA), quienes participaron como testigos.

Según se desprende del estudio, “los resultados obtenidos confirman que la resistencia promedio oscila entre 500 y 710 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que duplica y triplica la resistencia utilizada en estructuras reflejando, por su homogeneidad, la estabilidad y solidez de la estructura del edificio. Esto, sumado a las generosas dimensiones de las piezas estructurales sobre las cuales se pueden apoyar edificios mucho más altos, refrenda lo anteriormente expresado”.

Norma Pérez Noble dijo a la diaria que “se constató que la resistencia es muy pareja, por encima de la resistencia de cualquier hormigón que se utiliza en los edificios modernos. El hecho de que los resultados dieran muy estables y muy por encima indica una gran estabilidad en el edificio, que además está fundado sobre las rocas, el mejor soporte que puede tener. Colapso estructural no tiene. Si la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] tiene otras razones para desalojar a los vecinos, que no los asuste con esto, porque el edificio no se va a caer”.

Según explicó, se trata de una prueba no invasiva. “El esclerómetro es un aparato que se creó en los años 50. Al presionar hace una percusión en el lugar y mide el retroceso del rebote, y después eso se convierte en kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. Acá tuvimos una resistencia mayor que la del hormigón común, que es de 210 o 250. La solidez de este edificio es como la de un búnker”, agregó.

A su entender, “se puede poner varios pisos más y el edificio va a seguir viviendo, debidamente reciclado, con una obra seriamente hecha, donde se restauren los hierros que se ven. No es más que piel, no está comprometido para nada el corazón del edificio, estructuralmente hablando”, sostuvo.

La arquitecta afirma que las paredes consisten en paneles prefabricados macizos de hormigón, por lo que va a ser “muy complicado de tirar el día que quieran hacerlo”. “Las fachadas de otros edificios en la rambla también muestran hierro picado a la vista y deterioros, mientras que las fachadas que dan al norte están más sanas”, agregó.

En el estudio se advierte sobre la futura demolición del edificio, ya que, según la arquitecta, “se deberán estudiar los riesgos que ésta puede generar en edificios cercanos, por fallas en el subsuelo rocoso, por efecto de las ondas expansivas que generará cualquier método que utilicen [para demolerlo], ya que enfrentan una estructura muy difícil de destruir”. A su entender, “el efecto será similar al de un miniterremoto”.

Infórmese

Brian Rodríguez, vecino del CH 20, dijo a la diaria que el resultado del informe es “un alivio muy grande, ya que no podíamos dormir pensando que el edificio capaz que se caía, según lo que decía la ANV”. “Por suerte, la verdad salió a la luz y gracias al esclerómetro que compramos pudimos comprobar que el edificio resiste tres veces más que un edificio común”, afirmó. Para Rodríguez habría que volver a tasar los apartamentos, “ahora que sabemos que no hay riesgo de que se caiga el edificio”.

El estudio fue enviado al ministro Beltrame y al presidente Mujica, junto a una carta firmada por vecinos, en la que se les pide que soliciten a las facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad de la República que hagan el estudio que sea necesario para conocer la situación del edificio.

El lunes, el decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela, recibirá a ediles de los tres partidos para tratar el tema. Cancela dijo a la diaria que los docentes de la facultad y los encargados del Instituto de Estructura y Transporte volverán de su licencia en febrero para poder evaluar, a partir del planteo de los ediles, las posibles opciones. “Hay que tener claro qué es lo que quieren informar o estudiar, de lo que uno quiera saber depende el estudio que se haga. El lunes tenemos prevista una reunión, pero hacer un estudio requiere pasos previos, es muy informal todavía”, señaló. Según el decano, la facultad “está siempre a disposición para aportar desde su conocimiento, siempre que las autoridades y los organismos competentes hagan las solicitudes necesarias”.

Obsérvese

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la compra directa por excepción -aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- de hasta 50 viviendas ubicadas en barrios céntricos de Montevideo por parte de la ANV, para realojar a los vecinos del CH 20, con un gasto de hasta 3.841.724 dólares. En sesión del 20 de noviembre del año pasado acordó observar el gasto aduciendo que “la contratación no encuadraba en los cometidos del organismo establecidos en el artículo 10 de la Ley 18.125” y que esto “vulneraba el principio de especialidad recogido en el artículo 190 de la Constitución de la República, en tanto implicaba una actuación por fuera del ámbito de su competencia”.

El directorio de la ANV, mediante una resolución del 26 de noviembre, dispuso reiterar el gasto argumentando, entre otras cosas, que no comparte la opinión del TCR, ya que el artículo citado establece que la finalidad de la ANV es “promover y facilitar el acceso a la vivienda, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución de la República, así como contribuir a la implementación de las políticas públicas en materia de hábitat urbano”.

En otra resolución, el tribunal señala que “los principales responsables de la situación ruinosa del inmueble son, en primer lugar, sus habitantes, ya que de acuerdo a las estipulaciones contractuales entre la ANV y los titulares de las viviendas [...] y en segundo lugar, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [...] y por lo tanto, la ANV al realizar esta contratación, no sólo está actuando fuera del ámbito de su competencia, sino que también se está abrogando cometidos ajenos, lo que implica violación del principio de especialidad y del principio de especialización”.

El TCR advierte que “tanto los ingenieros del organismo como el ingeniero supernumerario analizaron reparar el edificio, actuación que encuadraría dentro del marco de las competencias de la ANV, pero que no se llevó a cabo debido a que primó el criterio del MEF, el cual más allá de su condición de beneficiario del Fideicomiso Social V, no tiene competencia en materia de vivienda”.