La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) solicitó información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acerca de siete casos de asesinatos de mujeres trans de los que tomó conocimiento. A su vez, la INDDHH obtuvo información sobre seis de esos casos, todos ocurridos entre noviembre de 2011 y setiembre de 2012. Los seis homicidios son el de Kiara Penal, Cassandra, Gabriela, Jacqueline (conocida como “la brasilera”), Ángela y Pamela. Según los datos de la institución, este último es el único caso que fue esclarecido, con el procesamiento de dos jóvenes, uno de 20 y otro de 17 años.

Desde hace meses, distintas organizaciones de la sociedad civil -que trabajan en la promoción de derechos de diversidad sexual- plantean estos casos como simbólicos, para mostrar la discriminación y violencia de la que son víctimas las personas trans en Uruguay. La INDDHH basa su pedido en las recomendaciones que en abril realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado uruguayo para terminar con la violencia a las personas trans, entre las que estaba la necesidad de “adoptar las medidas policiales y de otro tipo que sean necesarias para prevenir cualquier forma de discriminación, violencia y acoso relacionada con la identidad sexual y de género”, “brindar protección frente a esos actos de violencia y velar por que dichos actos se investiguen activamente y sus autores comparezcan ante la Justicia”.

A su vez, la INDDHH se basa en un informe similar realizado por el Comité contra la Tortura, también de la ONU, que insta al Estado a tomar medidas “urgentes” para poner fin “al asesinato selectivo de personas por razón de su orientación sexual y su identidad de género”. En ese entendido, lo instó a tomar medidas legislativas para desalentar ese tipo de delitos, y brindar capacitación a efectivos policiales. En la respuesta que el Estado uruguayo brindó al comité, explicó que “el universo de casos considerados es reducido y no permite sacar conclusiones generales”, y que “en este caso resulta arriesgado inferir como conclusión que la falta de avances [en las investigaciones judiciales] esté directamente ligada a una actitud discriminatoria contra este colectivo”. Además, se destacaron “esfuerzos de prevención”, como campañas de información, y que la temática fue incluida en los cursos de formación de oficiales en la Escuela Nacional de Policía.

En diálogo con la diaria, el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, informó que el organismo realizó un pedido de informes a todos los jueces que se encargan de cada una de esas causas y que están a la espera de que llegue la información. Además, explicó que en la jurisprudencia uruguaya no hay normas específicas para ese tipo de situaciones.

Plataforma de derechos

Ayer, en la sede del PIT-CNT se presentó públicamente la “plataforma ciudadana en salud y derechos sexuales y reproductivos”, a la que adhieren 30 organizaciones e instituciones del Estado y la sociedad civil. El documento plantea las reivindicaciones que esas organizaciones definieron priorizar para los próximos cinco años, y a partir de la que agendarán entrevistas con todos los candidatos presidenciales.

El documento exige que los derechos sexuales y reproductivos puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones, y piden al sistema político que dote a las instituciones de recursos, para que las distintas leyes en la materia puedan ser correctamente aplicadas. Además, se señala la necesidad de fortalecer “un eficiente sistema de registro sobre el estado de situación” y generar los indicadores que sean necesarios para ello, al tiempo que piden que se mantenga la constante formación de recursos humanos para cumplir adecuadamente y “en forma humana” con las demandas de la población.

En materia de servicios, se reclama que en las políticas de educación y salud “se dé prioridad a la dimensión placentera de la vida sexual y se fomente el auto y mutuo cuidado”, asegurar el tratamiento de hormonización y de reasignación de sexo para las personas trans, y se pide promover “la desmedicalización del cuerpo de las mujeres”, además de “garantizar el trato digno, respetuoso y humanitario durante el control del embarazo, el parto y el posparto, dejando de lado prácticas rutinarias innecesarias”. También se reclama que la oferta de métodos anticonceptivos sea “amplia”; se pide la mejora de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y que se regule “de forma estricta la objeción de conciencia”.

Anoche, como cierre del declarado Mes de la Diversidad Sexual, el gobierno realizó la primera cadena nacional motivada por ese tema, en la que bajo la consigna “cambiemos el mundo” se repasaron los principales logros obtenidos en los últimos años.