La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) resolverá esta mañana qué postura toma respecto al proyecto de nuevo Código Penal que considerará como segundo punto del orden del día el plenario de la cámara baja, citada para hoy a las 10.00. Después de una reunión entre legisladores del FA y organizaciones sociales y una posterior reunión de bancada de senadores y diputados del partido de gobierno -ambas realizadas el viernes- en el transcurso del fin de semana los distintos sectores de la coalición de izquierda fueron tomando postura, tanto para que el tema vuelva a comisión como para aprobar el código hoy.

La diputada del Partido Socialista María Elena Laurnaga dijo a la diaria que su sector considera que lo mejor es que el texto vuelva a la comisión de Diputados para realizar varias modificaciones, que se podrían concretar en ésta o la siguiente legislatura. Gonzalo Mujica (Espacio 609) indicó que su sector tomó la misma posición con la intención de que los cambios se realicen “lo más rápido posible”, pero que el texto “quede bien”. Del otro lado, Jorge Orrico (Frente Liber Seregni), principal referente del tema en la bancada del FA, explicó a la diaria que su sector entiende que el proyecto debe ser votado hoy en el plenario.

El proyecto de Código Penal fue cuestionado por más de 30 organizaciones sociales, que en un comunicado previo al tratamiento del tema -el lunes 22 en la Cámara de Diputados- solicitaron a los legisladores que no voten el proyecto y que “retomen discusiones serias y abiertas” para llegar a un texto “que realmente garantice los derechos de todas las personas”. Las organizaciones se quejan de que han presentado “importantes aportes” ante la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, pero que el órgano decidió “hacer oídos sordos” a los planteos. Además, consideran que el proyecto de Código Penal a estudio parlamentario “implica un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado”.

Punteo

En concreto, se quejan de que el texto “banaliza los delitos sexuales que no implican penetración”, y reduce la pena de forma que “permita la excarcelación”, y también señalan que “restringe” la penalización vigente de la explotación sexual de menores de edad “a los casos en que se prueba la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario”, y por lo tanto adopta “las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual”. Acerca de este tema, en las últimas horas se ha sumado el rechazo del presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, Luis Purtscher, que en un comunicado señaló que el texto del código representa “un efectivo retroceso con consecuencias claras para las víctimas, los operadores institucionales y sociales”, informó El Observador.

Las organizaciones también señalan que el proyecto “desconoce los derechos reproductivos de las mujeres en tanto derechos humanos”, como ya fue reconocido en la Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, y además se quejan de que se reconoce como bien jurídico “la vida prenatal” y se impulsa su protección en el título del capítulo que refiere al aborto. Además, rechazan que el proyecto “limite” el delito de violencia doméstica al “ámbito familiar”, y que de esa forma excluya “las relaciones de noviazgo y otras modalidades de relaciones afectivas”. “En definitiva conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos”, agregan.

Otras voces

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) también emitió recomendaciones al Parlamento respecto al proyecto. Entre esos aspectos, la INDDHH hizo referencia a la necesidad de incorporar “a texto expreso” los delitos de “homicidio político, desaparición forzada de personas, tortura, privación grave de la libertad, agresión sexual contra persona privada de libertad, crímenes de guerra y asociación para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

Al igual que las organizaciones firmantes del comunicado, la INDDHH recomienda a los legisladores la inclusión de los delitos de tráfico y trata de personas de la misma forma en que se encuentran redactados en la Ley Nº 18.250, que aborda la temática. Además, instan a “eliminar los estereotipos de género que aún se mantienen” en el texto del proyecto, “en particular en relación a los delitos sexuales”, al tiempo que también recomiendan la incorporación de disposiciones que tipifiquen como delito “la difusión de teorías de superioridad o inferioridad racial y se prohíban las organizaciones que promuevan la discriminación racial e inciten a ella”. En materia de libertad de expresión, la INDDHH señala que lo mejor sería incorporar el texto de las modificaciones realizadas a la Ley de Prensa, específicamente para los delitos de difamación, injurias, y ofensas inferidas en juicio.

Acerca de este tema, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) también emitieron un comunicado en el que muestran su preocupación por la “inadecuación” del texto del proyecto “a los estándares internacionales y regionales en materia de libertad de expresión y derecho de reunión”, especialmente por el mantenimiento de varias figuras que “facilitan la criminalización de la protesta social”. “En particular, llamamos la atención sobre el mantenimiento en el texto a estudio del Parlamento de la figura de asonada, sobre el cual la Fiscalía de Corte se pronunció recientemente a favor de su inconstitucionalidad”, agregan APU y Cainfo.