Los datos fueron transmitidos por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, quien marcó tres etapas históricas en el país con relación al aborto. La primera fue en la década del 90, cuando se multiplicó la cantidad de estas intervenciones en condiciones de riesgo y se estimaba que se llevaban a cabo 33.000 cada año. A partir de 2003 comenzó la etapa de asesoramiento de Iniciativas Sanitarias con la aplicación de la Ordenanza 369/04, que incluía las medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo y la recomendación del uso del Misoprostol. Finalmente, a partir de 2013 se implementó la IVE y se incluyó la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo.

Según datos del MSP, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 hubo 6.676 casos reportados en el primer año de implementación de la norma, a un promedio mensual de 556. En este período se registró un ingreso a CTI y una muerte materna por aborto ilegal, además de una complicación grave dentro del marco de la ley, que consistió en una histerectomía luego de concretada la IVE.

Briozzo afirmó que no se puede comparar el primer período (con 33.000 casos de aborto registrados) con el tercero (que sólo consigna 6.676 casos en el sistema de salud) sin tener en cuenta que trascurrieron casi diez años de políticas públicas que, entre otras cosas, brindaron asesoramiento a las mujeres que querían interrumpir su embarazo. “Es falaz seguir diciendo que no era cierta la cifra de 33.000 abortos. Lo cierto es que hay una política que hizo que disminuyeran, y hoy, en el momento de la despenalización, la práctica del aborto es infrecuente”, dijo en relación a los cuestionamientos que se realizaron desde la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) por el desfasaje respecto de las cifras históricas.

La política nacional apunta, definió Briozzo, a la disminución del aborto voluntario mediante la educación en salud sexual y reproductiva, de políticas para promover la anticoncepción, la planificación familiar y la IVE.

En la década del 90 Uruguay se ubicaba sexto en mortalidad materna en América, con una cifra alta de muertes relacionadas con abortos provocados en condiciones de riesgo. Según datos del MSP, una de cada tres mujeres moría en un aborto inseguro. Desde 2000 la mortalidad materna, incluyendo los fallecimientos causados por aborto inseguro, está en descenso. “Hoy nos ubicamos terceros en mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, sólo nos gana Canadá y Estados Unidos y probablemente tengamos la posibilidad de superarlos”, señaló el subsecretario.

De los casos de IVE, 41% se efectuó en el sector público y 59% en el privado. La mayoría (64%) fue en Montevideo y el resto en los demás departamentos (36%). Además se registró un incremento en el número de reportes de IVE en los centros de salud: 50% en diciembre de 2012 y un promedio de 95% en el segundo semestre de 2013. “En julio hay un incremento de reportes de casos de abortos seguros, lo que coincide con un hecho político que fue [la convocatoria para realizar] un referéndum para derogar la Ley de IVE, y esto generó condiciones para que las mujeres consultaran con mayor confianza, luego de que un pequeño 8% aprobó la posibilidad de que se revisara la ley”, destacó.

Del total de las mujeres que se realizaron abortos en el marco de la ley, sólo 18% tiene menos de 19 años (1.240 casos al año), mientras que la tasa de natalidad en las adolescentes es de 19% del total. “Esos datos echan por tierra la idea estigmatizante de que las adolescentes son las que interrumpen más el embarazo”, dijo.

Además se señaló que 6,3% de los casos de mujeres que se presentan para abortar continúan con el embarazo. La tasa de interrupción del embarazo es de 9 de cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. A nivel mundial, Uruguay se ubica por debajo de Europa occidental, por ejemplo, que registra en conjunto 12 de cada 1.000.

“Todavía puede haber abortos ilegales. Creemos que es una práctica marginal, y lo que decimos claramente es que sigue siendo una práctica altamente riesgosa. Hay que informar a la población de que el aborto ilegal es inseguro”, remarcó.

Objeciones

Consultado sobre los datos difundidos por el MSP, el integrante de MYSU Martín Couto dijo a la diaria: “Sería interesante que estuvieran a disposición para que cualquier persona pudiera sacar sus propias conclusiones. Uno no puede decir ‘el aborto bajó’, lo que tenemos son datos de lo ocurrido en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si no tenemos elementos para decir que no existe más el aborto clandestino no podemos decir que el aborto bajó. Celebramos la implementación rápida de la ley, pero hubo problemas como el de Salto, con el alto porcentaje de objeción de conciencia de los médicos, la [dificultad en la] accesibilidad a los servicios y el hecho de que todavía haya mujeres que, por confidencialidad, optan por la vía clandestina”.

Couto explicó que MYSU hizo un monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva en Salto durante el segundo semestre del año pasado, y se trató especialmente el tema de la objeción de conciencia establecida en la ley. “Todos los ginecólogos ejercieron el derecho de objeción de conciencia y se negaron a realizar los abortos, y las mujeres debieron ser trasladadas a Montevideo. En setiembre se incorporó una ginecóloga que viaja desde Montevideo para realizar ese tipo de intervención. Es una solución que puede ser vista como un parche, deberían buscarse otras soluciones”, reclamó.

Por su parte, Briozzo dijo que no se sabe cuál es el número de médicos que apelan a la objeción de conciencia. “La semana pasada la ministra [de Salud Pública, Susana Muñiz], firmó la ordenanza mediante la cual la declaración de objeción de conciencia se ha sistematizado en todo Uruguay. Hubo una gran confusión al inicio de la implementación de la ley con respecto a este tema y al alcance de la objeción de conciencia. Eso se ha ido corrigiendo este año, y creemos que va a disminuir el número”, estimó.

El MSP anunció la semana pasada que se incorporará la aspiración manual endouterina (Ameu) como nuevo método para la interrupción del embarazo, alternativo al Misoprostol, y que se está capacitando al personal para su implementación en los servicios de salud. La Ameu consiste en la evacuación del contenido del útero mediante el uso de un aspirador manual.

Según se señala en el estudio “Condena, tolerancia y negación. El aborto en Uruguay”, de Rafael Sanseviero, la Ameu “está especialmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el primer nivel de asistencia, en policlínicas municipales y para el manejo de emergencia de complicaciones de aborto incompleto”. Por otra parte, se destaca “el carácter ambulatorio que reviste un aborto o tratamiento de aborto incompleto realizado mediante la Ameu, lo que constituye una ventaja para la mujer y un abaratamiento de los costos de estos tratamientos a nivel público”, además de que no requiere una importante infraestructura ni personal altamente capacitado.

Couto consideró que la habilitación de la Ameu es “un avance que tiene que ver con la posibilidad de los profesionales de recurrir a otro método y elegir cuál es el mejor”.