La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece la prohibición de compra y tenencia de tierra “con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe directa o indirectamente un Estado extranjero”. El proyecto ahora pasa al Senado.

Según expresó el diputado frenteamplista Yerú Pardiñas (Partido Socialista), la nueva normativa “apunta a la construcción de una política pública que consolide la soberanía en la utilización y la propiedad de un recurso natural como es el suelo” y propone “evitar el riesgo de que se vulnere la plena soberanía del Estado uruguayo frente a Estados extranjeros, los que, en ausencia de una normativa adecuada, podrían ocupar una posición significativa en la actividad agropecuaria”.

Pardiñas explicó que la iniciativa se enmarca en la lucha por frenar “un proceso que se está dando en nuestro país con gran fortaleza” que es la compra-venta de tierras por parte de extranjeros, y “un proceso incipiente en la región pero que ocurre en el mundo, que es el fenómeno de land grabbing”. También conocido como “acaparamiento de tierras”, este fenómeno amenaza la soberanía de varios países latinoamericanos y africanos mediante grandes adquisiciones de tierras por parte de Estados extranjeros o corporaciones que buscan solucionar sus crisis alimentarias. Si bien en Uruguay no se ha detectado la presencia de Estados extranjeros en actividades agropecuarias o en contratos de abastecimiento de alimentos, en Brasil y Argentina sí se verificó la presencia de países asiáticos que compraron tierras o realizaron acuerdos que involucran compromisos de entrega de alimentos, según afirma un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) que leyó Pardiñas.

La oposición, que también apoyó el proyecto, propuso, al igual que en la comisión, una salvedad en el artículo 2, que establece que “el Poder Ejecutivo no podrá disponer [...] que la titularidad de inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias pueda ser ejercida por sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionario representado por acciones al portador, cuyos titulares sean entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos”. La variación que plantearon blancos y colorados consistía en agregar, además de “explotaciones agropecuarias”, explotaciones “industriales o de servicio”, porque según afirmó el diputado blanco Rodrigo Goñi, así como está, “el proyecto no cumple con el cometido de defender los recursos naturales”. Explicó que en la exposición de motivos se sugiere que “los países de origen de las inversiones podrían considerar que la agricultura por contrato sea la alternativa viable y menos controvertida y, en lugar de concentrarse en la producción agrícola en sí misma, opten por invertir en actividades de comercio exterior”, por lo que “aunque la tierra queda, se llevan su producto”. Afirmó que sin las modificaciones propuestas el proyecto sólo asegura “lo de perogrullo, que la tierra es uruguaya”, y señaló que es por el emprendimiento Aratirí que “no se quiso incorporar otras ramas, porque la minería de gran porte se lleva todo”.

Pardiñas respondió que se procura “generar un primer avance en rescatar la soberanía que el país tiene sobre el territorio, y por eso se circunscribe a la propiedad de la tierra y a la explotación agropecuaria”. “Las normas que refieren a la minería tienen su especificidad hace muchos años”, aseguró.