Patricia Totorica tiene 41 años. A fines de 2010 recién había llegado desde Rocha a Montevideo y consiguió hacer la zafra del verano como guarda de ómnibus de la Línea Este de Copsa, en el marco de un plan piloto llevado adelante por la empresa. La experiencia no fue buena. No logró mantener el trabajo más allá de los tres meses de prueba, y en ese breve período comprobó que el área del transporte es complicada para que trabajen las mujeres. "Empecé y teníamos situaciones incómodas todas, se notaba que los compañeros hombres no estaban contentos, tenían la fantasía de que les íbamos a sacar el trabajo", relató Patricia a la diaria.

Pero las situaciones de mayor maltrato y discriminación venían de un inspector, que además era el encargado de la agencia de Punta del Este y de la instrucción hacia las mujeres guardas. "Nos tocaban los peores turnos, las frecuencias que no quería nadie, si cometías un error te andaba a los gritos adelante de la gente. Nos trataba bajo amenaza, con frases del estilo 'a ver cuánto van a aguantar...'”. Además del maltrato, el funcionario hacía juicios sexistas, contó. "Si estabas en una terminal charlando con algún compañero iba y te decía que quedaba mal, decía que quedaba mal que las mujeres fumaran, cuando todos los hombres fuman en las terminales".

Antes de los tres meses cometió un error al cobrar un boleto y tuvo una discusión con el inspector, que derivó en su despido. "El error sí lo había cometido, pero si yo fuera un hombre capaz que la sanción no era tan grave". Patricia consiguió otro trabajo y no cuestionó su despido, pero fue a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) para denunciar los malos tratos. "Para mí era un trabajo transitorio, recién había vuelto a Montevideo y precisaba laburar. Pero me da rabia que la gente se lo tenga que bancar porque no tiene otra opción. Muchas mujeres aguantaban y soportaban las burlas, los peores horarios, no tener infraestructura pensada para la mujer, no teníamos baños, no teníamos uniformes".

Inspector

La IGTSS acreditó “fehacientemente” la situación de maltrato, acoso laboral y discriminación por razón de género por parte del inspector denunciado por Patricia. En marzo y abril de 2011 se realizaron inspecciones en la empresa y se consultó a varios funcionarios.

La resolución sobre el caso señala: “en al menos 11 declaraciones recabadas y con distintos matices, surgen acreditadas situaciones referidas a malos tratos, acoso laboral y particularmente discriminación por razón de género, de parte del Inspector denunciado para con el personal femenino al subordinado en general, y con la denunciante en particular, llegándose en ocasiones a provocar el llanto de trabajadores mujeres a consecuencia del trato dispensado por dicho Inspector”. Algunos de los testimonios citados en el fallo apuntan que al inspector “no lo quiere ninguna de las guardas y los guardas hombres”, que “hay un trato diferente por género”, que el inspector hablaba “sobre maquillaje y ropa”, que “les da a entender que las mujeres son inútiles, a ella le dijo que las mujeres no saben nada y dejan viajar a la gente gratis, le encanta amenazarlas y les dice que va a salir a matarlas a la calle” y que “todas le tienen miedo”. “A Patricia y a otras compañeras la hizo llorar porque le preguntó si tenian relación con una persona de la empresa (chofer)”, “las maltrata frente a los pasajeros” son otros de los testimonios, y otros recogen que el inspector hacía comentarios sobre la ropa que usan y que lo vieron “haciéndole gestos obscenos”. Otro trabajador señala que la empresa “no ha tomado medidas, está al tanto de todo”; “en una ocasión estaba en la agencia y él estaba interrogando a una mujer guarda, porque decía que tenía [una relación] con un compañero delante de los compañeros y el público presente hasta que lloró” o “en una oportunidad el Sr. la destrató de tal manera delante de compañeros y pasajeros que la llevó a pedir licencia médica porque le subió la presión”.

La resolución aclara que estos testimonios fueron recabados durante la inspección, por lo que se tratan de declaraciones “espontáneas y no recibidas a instancia de ninguna de las partes involucradas” y que de ellas “surge claramente acreditado que el denunciado ha incurrido en malos tratos de extrema gravedad, en particular y en especial respecto de las trabajadoras mujeres sometidas a su jerarquía”, vulnerando “su derecho a un trato igualitario, sin ningún tipo de discriminación en su contra por razón de género”.

Como atenuantes de la sanción se consideraron las medidas de capacitación que la empresa propuso implementar en materia de equidad de género. La sanción impuesta, en mayo de este año, consiste en una multa de unos 90.000 pesos, en una intimación a instrumentar un protocolo de actuación ante denuncias y la intimación al inspector denunciado a participar en un “curso o taller sobre no discriminación por razón de género en el trabajo”. A tres años de su denuncia, Patricia se quedó satisfecha. “No tengo un beneficio con esto, pero lo que quería era marcar un precedente”.