Contrarrestar los movimientos de migración campo-ciudad, como ya lo hemos dicho en la columna inicial de este ciclo (“Volver al campo para reconstruir el país”, ver http://ladiaria.com.uy/UFT), es una necesidad estratégica urgente. Y ante un fenómeno que se da a nivel planetario, ver qué se ensaya en otras partes del mundo puede darnos algunas pistas de posibles alternativas a estos procesos. Una de ellas, poco conocida en Uruguay, tiene que ver con las discusiones sobre la implementación de una “renta básica de los comunes”, o de posibles variaciones de ingresos ciudadanos que surgen a partir de esta matriz.

¿Qué es la renta básica de los comunes o universal (RB)? Es un ingreso que cada ciudadano y ciudadana, por el solo hecho de nacer, tiene derecho a recibir en forma periódica para cubrir sus necesidades básicas inmediatas. En lo que se denomina su modelo fuerte, ese ingreso se otorga con carácter universal (a todas y cada una de las personas por igual y sin aplicación de impuestos), individual e incondicional. El acuerdo general es que el monto no sea menor a lo que en cada país se determine como la línea de pobreza, y en algunas propuestas se plantea que la mayor parte del ingreso se destine al uso personal, y el resto tenga un destino colectivo-comunitario. Un modelo fuerte de RB se aplica en Alaska, Estados Unidos, financiado a partir de la renta de la explotación minera. Cada persona que tenga un mínimo de seis meses viviendo en ese estado recibe una mensualidad de más de 2.000 dólares. En Canadá, Brasil y España se están estudiando diferentes propuestas al respecto. En otros lugares se han implementado variantes de los modelos débiles de RB. Por ejemplo, en el Distrito Federal de la ciudad de México se otorga una RB individual e incondicional a todos los mayores de 65 años. Quien quiera conocer algo más sobre la RB puede bajar de internet numerosas publicaciones, entre ellas la del Seminario Iberoamericano “Renta Básica Universal: ¿derecho de ciudadanía? Perspectivas europeas y latinoamericanas”, realizado en Montevideo los días 3 y 4 de noviembre de 2008 y organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, donde quedaron planteadas diferentes posturas con respecto al tema (http://ladiaria.com.uy/UFU).

En la línea del modelo débil, en Colombia y España, por ejemplo, se está proponiendo una renta básica rural (RBR), cuya aplicación en Uruguay pensamos que se debería investigar seriamente. Hablamos de pagar a cada uno de los campesinos/agricultores familiares (en forma individual e incondicional) una RB mensual equivalente al monto que corresponde a la línea de pobreza en el país. Este monto sería en la actualidad, tomando como referencia lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en junio de 2014, $ 4.335,77 (la canasta básica total del interior rural, CBTR).

Investigar seriamente implica calcular a cuántas personas les correspondería esa RBR, así como los costos de concretar esta iniciativa; si la CBTR es realmente suficiente para un ingreso digno en el medio rural, ¿qué sucedería con quienes ya estuvieran recibiendo otros ingresos superiores a ese monto (por ejemplo, pensiones: la consigna debería ser que nadie recibiera menos de lo que cobra actualmente)? ¿Qué tiempos y procesos serían necesarios para implementar la propuesta y, principalmente, cuáles deberían ser las fuentes de financiación?

Sobre esto último dejamos planteada una orientación. Así como muchas veces, ante el deterioro de determinadas infraestructuras, voces gubernamentales salen a decir que quienes hacen mayor uso de ellas deberían pagar por su mantenimiento, quizá sea tiempo de establecer que los principales responsables de la profundización del vaciamiento del campo deben asumir los costos de algunas estrategias para contrarrestar ese fenómeno.

El agronegocio, que hoy es presentado como el principal motor de la economía uruguaya, implica la concentración de la propiedad de la tierra por parte de un grupo de empresas, responsable a su vez de que migren a las ciudades muchos de quienes producían nuestros alimentos. De algún modo, entonces, como sociedad, deberíamos garantizarles a estos últimos un mínimo de vida digna para que puedan seguir en el campo, porque además necesitamos garantizar que la producción de esos alimentos continúe.

Estamos convencidos de que la RBR sería un motivador para que jóvenes que quieran quedarse en el campo lo hagan, al contar con un ingreso básico para comenzar sus emprendimientos, o que otros que han migrado puedan retornar al medio rural. No estamos proponiendo un subsidio para pobres; mucho menos una limosna. Sería un reconocimiento de que los agricultores familiares son estratégicos para alimentarnos, para nuestra soberanía alimentaria. En definitiva, un pacto para vivir.