Para Luis Pedernera, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Frente Amplio (FA) hizo con el sistema carcelario de menores de edad “lo mismo que hicieron los gobiernos blancos y colorados con el de mayores”, y señaló elementos que se dieron en ambos gobiernos, como la apelación a “la cárcel como elemento salvador” o el aumento de penas. Así lo dijo en una conferencia sobre tortura en el marco del seminario “Privación de libertad y derechos humanos”, que organizó Naciones Unidas en Uruguay el viernes. Pedernera se mostró frustrado porque, dijo, “desde hace 20 años voy a los mismos lugares a hablar sobre los mismos temas”, lo que quiere decir “que no los podemos solucionar”, agregó en alusión al cambio de paradigma en el sistema penal adolescente.
Además, sostuvo que “en temas de impunidad y tortura llegó la hora de iluminar lo que debe ser destruido” y evaluó que “la situación está mal”. Según consideró, para todo el sistema político y parte de los actores sociales, “la cárcel es la solución a todos los problemas”, y recordó con preocupación dichos del ministro del Interior Eduardo Bonomi, en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) hace un par de años, cuando señaló que es necesario aumentar los mínimos de las penas a diez años para una mejor rehabilitación. “El día que me presenten a un rehabilitado en una cárcel voy a creer en ese sistema de castigo”, ironizó Pedernera, y afirmó que la prisión “sólo sirve para sacar de circulación a las personas”.
En relación con las políticas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), puesto en marcha hace un par de años, consideró que “es un continuo” de las políticas precedentes en el tema, principalmente porque “no se han removido los cimientos”, lo que lleva a que “se siga operando desde el viejo esquema”. Según el integrante de Ielsur, la creación del Sirpa fue una buena oportunidad desaprovechada para “depurar los cuadros” de funcionarios y “separar a los torturadores”. Además, consideró que en el actual esquema de privación de libertad a menores de edad “no hay objetivos, plan ni políticas articuladas”.
Dicho y hecho
Hace algunos días trascendió que el fiscal de Pando, Leonardo Morales, pidió el procesamiento sin prisión de dos ex jerarcas y cuatro funcionarios del centro Ser por abuso de autoridad. Consultada por la diaria sobre el futuro de esos cuatro funcionarios, Rodríguez explicó que hasta que la jueza del caso no se expida, el Sirpa no tomará ninguna medida, porque “eso sería prejuzgar”. Según añadió, esperarán, entre otras cosas, porque incluso podría darse el caso de que una figura que constituya un delito no sea una falta administrativa.
En la conferencia también intervino una funcionaria encargada de apoyar a las familias de los internos de ese hogar. Dijo que “la lucha ha sido muy dura” y que es “difícil expresar el dolor de las familias y los gurises” ante las situaciones de violencia. También dijo que es difícil que se animen a hablar, así como encontrar abogados que los “defiendan, más allá de patrocinarlos”, al tiempo que sostuvo que hay funcionarios que “sabotean” a otros que “quieren trabajar por una verdadera rehabilitación”.
Para Pedernera, “el norte debería ser evitar la judicialización”, algo que nunca ocurrió después de 24 años de ratificada la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente por el Parlamento uruguayo, según dijo, al tiempo que agregó: “Seguimos anclados en una perspectiva que surgió en los años 90”. Acerca de los episodios de tortura en el sistema, afirmó que “son cíclicos”, y sobre las últimas denuncias a funcionarios del hogar Ser de la Colonia Berro, indicó que al principio fueron negadas por las autoridades, pero ahora “con algunos pedidos de procesamiento, parece que el sufrimiento de las madres era verdad”. Además, preguntó qué dispositivos antitortura existen en el sistema y aseguró que “no se cuida a los funcionarios que denuncian”. Al respecto, ejemplificó con la situación de dos funcionarios que denunciaron abuso sexual y agresiones a un interno, que además fueron desafiliados por el sindicato del Instituto Nacional del Adolescuente del Uruguay (INAU) por “delatar a compañeros”.
El otro lado
Pedernera cuestionó también a los jerarcas del Sirpa y del INAU, porque “siempre son los grandes ausentes en ese tipo de actividades”. Es que en representación del Sirpa acudió a la actividad la abogada Mónica Rodríguez, quien se dedicó a explicar los objetivos de gestión en los dos años y medio transcurridos desde que asumieron las autoridades. Según señaló, el primer objetivo de la gestión fue el de la “cero fuga” y el segundo fue “inundar el sistema de educación”, tanto para los internos como para los funcionarios. Respecto de este último, destacó especialmente más de 50 convenios para la inserción laboral de los internos firmados con empresas públicas, privadas y sindicatos, y la tendencia a la profesionalización de los recursos humanos, por ejemplo, mediante convenios de intercambio con otros países y que los funcionarios adquieran capacidades para la resolución de conflictos a través de la mediación.
Acerca de las denuncias por malos tratos, Rodríguez indicó que todas las situaciones irregulares se han investigado y que el Sirpa abrió en total 192 investigaciones internas, de las que 107 continúan en curso. Además, dijo que hay 19 denuncias penales, muchas de ellas efectuadas por la propia institución. Según evaluó, en este tipo de comportamientos pesa fuertemente “la forma de realizar la tarea que muchos funcionarios tuvieron por 25 o 30 años”, y “cuesta adaptar la metodología de trabajo a un nuevo paradigma”. En este sentido, informó que recientemente ingresaron varios nuevos funcionarios a la institución, pero que “no dio el tiempo para que realizaran la capacitación”, que harán el año que viene.
La abogada dijo también que desde el Sirpa se propusieron terminar con el hacinamiento y hubo un intento de separar a los internos que esperan un fallo judicial de los que ya están condenados, algo que fue dificultoso por los tiempos de construcción de nuevas celdas. Según concluyó, “estamos en camino de ir creando un sistema nuevo”, principalmente mediante la capacitación. Además, dijo que también están de acuerdo en que la privación de libertad no debería ser la primera alternativa para los adolescentes que cometen delitos, e informó que están trabajando con el Poder Judicial al respecto. Consultada sobre el apoyo que se brinda a las familias de los internos, dijo que ésa “es tarea del INAU o del Ministerio de Desarrollo Social, pero no del Sirpa”.
Interpelados
Susana Falca, asesora de UNICEF en Uruguay, sostuvo que “el Estado uruguayo no supo lo que estaba aprobando al ratificar la Convención de Derechos del Niño” y cuestionó al Poder Legislativo por la ausencia de normas que reglamenten aspectos del Código de la Niñez y la Adolescencia como las excepcionalidades, que quedan libradas exclusivamente “a la interpretación de los jueces”. Según añadió, un elemento que es tenido en cuenta para las sentencias es “la peligrosidad del sujeto”, sobre la que no hay ningún parámetro que la defina, y muchas veces los jueces consideran más peligroso a un joven que no tiene una familia que lo apoye o que esté excluido de la educación formal, explicó.
Falca dijo además que estas decisiones judiciales se basan en una “demanda social”. En ese sentido, criticó a la sociedad uruguaya, que está “afectada por grandes dosis de insolidaridad” y que “no logra reconocerse en el otro”. La abogada llamó a sentarse a discutir sobre “un verdadero derecho penal juvenil” después del plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad penal “sea cual sea el resultado”, porque “si no, va a venir otro proyecto”, evaluó.
En este sentido, el sociólogo y docente de la Udelar Luis Eduardo Morás compartió datos de una encuesta de Cifra de 2010 en la que siete de cada diez uruguayos se mostraron de acuerdo en violar los derechos humanos de las personas que cometen delitos que ponen en peligro la seguridad ciudadana. Para el sociólogo, la forma de pensar de la mayoría de los uruguayos en temas de seguridad expresa que hay que encerrar a la mayor cantidad de gente por el mayor tiempo posible y en las peores condiciones. Morás cuestionó el proyecto de reforma constitucional que se plebiscitará en octubre y dijo que la solución pasa por tener “menos encarcelados” en un sistema que ya no admite más población carcelaria.