Pese a que en 2009 la llamada “ley de cuotas” fue aprobada por 75 de 78 diputados, los partidos políticos con representación parlamentaria generaron varias estrategias para eludir la norma en las pasadas elecciones internas. Según indican los resultados preliminares de un estudio del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales expuesto ayer en el VII Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual, todos los partidos presentan “lo mínimo indispensable” para el cumplimiento formal de la norma.

Niki Johnson, una de las integrantes del proyecto, explicó que el estudio se abocó a analizar tres indicadores en los primeros nueve lugares de las listas de las internas al Órgano Deliberativo Nacional de los cuatro partidos. Por un lado, midió la presencia de una sola mujer en cada una de las primeras tres ternas de lugares de la lista -como exige la ley- y constató que más de 75% del total de las listas se limitó a cumplir la ley y no incluyó más de una mujer por terna. Esto implica un total de tres mujeres en los nueve primeros lugares de la lista, los más elegibles. Según señaló Johnson, esta situación muchas veces se agrava porque la mujer ocupa el tercer lugar de cada una de esas tres ternas, situación que se dio en casi 50% de las listas del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) y en 45% de las del FA.

Manipulación

Al comparar los datos con las elecciones internas de 2009, tanto el PC como el PN presentan una “leve mejoría” en los tres indicadores, mientras que el FA empeoró en la ubicación de las mujeres en las ternas y en la cantidad de listas encabezadas por mujeres. Justamente, las listas encabezadas por mujeres estuvieron en el entorno de 20% del total de las presentadas por los tres partidos, pero en el FA esa cifra se logra gracias a que Lucía Topolansky encabezó 17 listas en todo el país, y como no podría asumir todos esos cargos, en las restantes 16 oportunidades ingresaría su suplente, que en todos los casos es un hombre, según señaló Johnson.

Además, las cifras presentan notorias diferencias si se comparan las listas que apoyaron la candidatura de Vázquez y las que promovieron a Constanza Moreira. Mientras que 92% de las que apoyaron a Vázquez apenas cumplieron con el mínimo de mujeres por terna que exige la ley, sólo 13% de las que promovieron a Moreira se limitaron a cumplir con ese mínimo. Por su parte, 52% de las listas que impulsaron a Vázquez le dieron el peor lugar a la mujer en las primeras tres ternas, algo que hicieron únicamente 4% de las que apoyaron a Moreira. Acerca del encabezamiento de listas por parte de mujeres, la tendencia se repite: 43% para las listas que apoyaron a Moreira y 16% para los sectores que promovieron a Vázquez (las 17 de Topolansky y una de Rita María Sanguinetti).

Johnson también indicó que el sector del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou incurrió en otra “burla” a la ley, cuando hace semanas trascendió que Graciela Bianchi ocuparía el tercer lugar en la lista al Senado pero que seguramente renuncie para que ese lugar sea ocupado por Álvaro Delgado. “No sólo es una ley muy débil, sino que en los partidos hay una brecha entre los discursos y las acciones”, indicó la investigadora.

Otros temas

Ayer en las jornadas también se expusieron otras dos investigaciones. Una de ellas fue presentada por el docente y activista Diego Sempol, quien habló de la “ineficiencia” de la ley antidiscriminación y de los organismos que reciben denuncias. Comentó que la Institución Nacional de Derechos Humanos es la que mejor funciona, aunque por su perfil principalmente recoge denuncias de personas discapacitadas. En el caso de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, sostuvo que su escaso presupuesto impide mejores resultados y que por el perfil de trabajo las denuncias son presentadas mayormente por personas afrodescendientes. El otro organismo es la Inspección Nacional de Trabajo (del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), que según dijo debe lidiar con la ausencia de normas específicas. Sempol agregó que, en todos los casos, en la población existe falta de confianza acerca de la utilidad de la denuncia.

Por su parte, Maia Calvo expuso sobre la violencia que sufren las mujeres que están en pareja con otras mujeres, algo para cuyo tratamiento no hay organismos preparados, según dijo. De todas formas, destacó que el tema está comenzando a instalarse.