La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ONG con sede en Ginebra, difundió ayer un informe de la situación de la “lucha por verdad y justicia” en los delitos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, elaborado a través de varias misiones de la organización en Uruguay durante 18 meses. En el informe señala que en el país se generó “un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos” entre 1973 y 1985, al tiempo que sostiene que en los últimos años el Poder Ejecutivo “no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente” y en “estrechos círculos gubernamentales” predominó la “teoría de los dos demonios”. Según el informe “Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado, y amenaza con retroceder”.
En su misión en Uruguay, la CIJ dice haber recibido “serias y fundadas quejas”sobre la “falta de apoyo” de algunas autoridades, “que debían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra los violadores de derechos humanos”. Los testimonios que la organización consultó -principalmente ONG y abogados de las causas- mostraron que “los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”. “El Ministerio les ha negado -también a los jueces letrados que iniciaban investigaciones- las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el Juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, destaca el informe. Además, sostiene que para eso se aducen razones “que no parecen válidas a simple vista”, como que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
Otro poder
El informe también responsabiliza al Poder Judicial del escaso avance de las investigaciones, especialmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La CIJ concluye que “la SCJ ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”. La organización considera que los contenidos de sus sentencias en estas causas “niegan y son violatorios del derecho internacional”, y también menciona la aplicación de sanciones “disfrazadas” -como traslados “inconsultos e infundados”- a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos a miembros de las Fuerzas Armadas.
La organización internacional asegura que la SCJ tuvo “un grave y deplorable enfoque” cuando, “debido a su alta investidura, debería estar a la cabeza de los esfuerzos institucionales para que la sociedad uruguaya realice plenamente los ideales de verdad y justicia respecto de algunos de los peores crímenes cometidos en la historia del país”. Además, recomienda revisar los mecanismos de designación, ascenso, traslados y sanciones de los jueces, porque “parecería que la forma actual no alcanza a ser considerada como un procedimiento abierto, transparente y adecuado, que privilegie el mérito y el esfuerzo de los jueces por sobre otras consideraciones”.
El informe también recomienda la revisión del Estatuto de los Fiscales Letrados del Ministerio Público, porque en opinión de la CIJ, “los Fiscales hubieran podido desarrollar un papel más activo” en los casos de violación de derechos humanos denunciados al término de la dictadura. Además, recuerda que de acuerdo con la normativa internacional, “si la violación de los derechos humanos implicó delitos penales, esos delitos deben perseguirse ex officio sin necesidad de que exista queja o denuncia de parte”.
Organización
El informe también alude al vínculo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil en la materia -en particular Serpaj-, uno de los temas que estuvieron en agenda últimamente. La CIJ considera que estas organizaciones deben ser apoyadas, reconocidas y bienvenidas en un debate “abierto y respetuoso”, al tiempo que indica que “la injuria y los ataques” las perjudican, pero hacen lo mismo con “el gobierno que las tolera”. “La CIJ considera que sería muy importante que el gobierno entrante en Uruguay confirme que reconoce el rol que las ONG de los derechos humanos tienen en la sociedad, dando así un mensaje claro a todos los sectores involucrados”, agrega el informe. En el sitio web de la organización, el secretario general de la CIJ, Wilder Tayler, afirma que “los ataques del ministro de Defensa [Eleuterio Fernández Huidobro] contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional”.