Más allá de los plazos formales, los trabajadores perciben que se acerca fin de año y el panorama de negociación “está complicado”. “Una negociación que lleva tres meses, si no arriba a soluciones, se agota en sí misma”, sostuvo el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT Milton Castellano, que visibiliza un “estancamiento” que se pone en evidencia en los “escasos” acuerdos alcanzados y el “retraso” de los sectores más sumergidos.
Los trabajadores señalan que hay dos problemas: por un lado, los lineamientos propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son “sumamente rígidos”, con “correctivos muy largos, que no garantizan un crecimiento del salario real de los trabajadores”; por otro, consideran que hay “poca voluntad de acuerdo” por parte del sector empresarial.
A su vez, los empresarios perciben de la misma forma a los trabajadores; consideran que éstos tienen “poca flexibilidad”, según dijo Juan Mailhos, el asesor jurídico de la Cámara de Industrias presente en las negociaciones tripartitas. El abogado dijo que las expectativas de ambos sectores son “muy divergentes” y que mientras “no se sinceren los planteos” es “difícil pronosticar” un acuerdo.
Espejos y reflejos
Desde el gobierno, sin embargo, la visión es totalmente opuesta a la de los otros dos actores. Murro, “hormonalmente optimista” según se autodescribió ayer en un almuerzo de trabajo con empresarios, consideró que “se viene negociando bien” porque “a pesar de que fueron criticadas, las pautas no eran tan malas”.
Buscando desmentir a los que dicen que hay un “supuesto trancazo” en las negociaciones, el ministro presentó ayer un estudio realizado por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) que establece que el tiempo promedio de negociación en las cinco rondas previas fue de cuatro meses y medio, mientras que al día de hoy ha transcurrido “poco más de la mitad de ese tiempo”.
El documento también da cuenta de los tiempos de acuerdo de cada grupo. En general, los que acordaron en menor plazo fueron el personal no médico de la salud privada y el transporte urbano de Montevideo (dos meses), y la construcción (tres), mientras que a otros sectores, como el textil, la vestimenta, las curtiembres, el calzado, los lácteos, el empaque y envasado, y los distribuidores de supergás, les llevó entre cinco y seis meses. Los choferes de taxi y el subgrupo de los trabajadores del sector de las bebidas sin alcohol se tomaron entre seis y siete meses, y al de los hoteles le llevó 12. Los metalúrgicos -que fueron señalados por los trabajadores como el grupo “más atrasado” y con “graves problemas”, acordaron, en promedio, en cuatro meses y medio.
En esta sexta ronda ya firmaron la salud privada (médicos y no médicos), las panaderías, el básquetbol y los pilotos aéreos; por otra parte, aún no han firmado el acuerdo los aeroaplicadores. Los saladeros y secaderos, las malterías y el transporte urbano y suburbano de pasajeros se encuentran en preacuerdo, y las zonas francas y las actividades deportivas están en una etapa avanzada de negociación. Para la Dinatra, las negociaciones en estado “complejo” son las de las estaciones de servicio, los trabajadores paraestatales, los cierres de cremallera y los productos de cuero para consumo animal.
Murro confió en que a pesar de que “hubo cierto apresuramiento” en algunas medidas sindicales, “las cosas se están encaminando” y se llegará pronto a un acuerdo. “Me animaría a decir que esta ronda va a tener un tiempo de finalización menor al promedio”, dijo, y estimó que “en el correr de noviembre se van a firmar la mayoría” de los convenios.
Por su parte, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, quien compartió mesa con sus ex compañeros de la central sindical, dijo a la diaria que “es posible” que se logre “concluir” la ronda en los 40 días de negociaciones que faltan. “Nosotros vamos a seguir dando tiempo a la negociación, y cuando se acerquen los tiempos de cerrar los acuerdos vamos a ayudar directamente a encontrar la salida”.
Si a fines de noviembre no se acuerda, se procederá a votar sobre las opciones propuestas. El Estado tiene la prerrogativa de inclinarse a favor de los empresarios o de los trabajadores, quienes, a pesar de sus diferencias, coinciden en que es deseable evitar esta situación. Castellano opinó que ese extremo es “lo peor que puede pasar”, porque el convenio colectivo es “la base para las relaciones laborales”, y si no se llega a un acuerdo, las consecuencias inmediatas son “incertidumbre y problemas”. Mailhos, por su parte, afirmó que al sector empresarial “no le interesa que el Poder Ejecutivo laude”, sino que aspira a mantener los niveles de acuerdos alcanzados en rondas anteriores, ya que éstos traen aparejada la paz laboral, “tan necesaria para poder comerciar y prestar servicios”. Castillo también se alineó en esta intención, y consideró que “no es conveniente” que se decida mediante el voto.
Dentro del margen
Consultado sobre el aumento del desempleo, que este año se ha ubicado en torno a 7,5%, Murro lo consideró “leve” en la comparación histórica y lo atribuyó al aumento de la Población Económicamente Activa (PEA) por las medidas de combate a la informalidad, teniendo en cuenta que ésta es el denominador del cociente que define la tasa de desocupación. “En Uruguay nunca hubo tanta gente trabajando”, afirmó, y puso los datos sobre la mesa: al día de hoy, hay 1.650.000 personas ocupadas, 130.000 desocupadas y 42.000 amparadas por el seguro de paro. En los últimos diez años, la cantidad de trabajadores desocupados y en seguro cayó 40%, mientras que el crecimiento de la PEA lo hizo 16% y el número de ocupados aumentó 23%.
Dada esta realidad, Murro consideró que “se trata de cifras razonables”. También compartió esta visión Castellano, quien sostuvo que “el desempleo ha de verse en períodos más largos”, ya que “oscilaciones de un punto, como las que se presentaron en el último año, en general, en la estadística, son moderadas”.