La situación de la educación, el ingreso de los funcionarios tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la función pública y la ausencia de recursos adicionales para el Poder Judicial fueron algunos de los temas que generaron más rispideces ayer durante la sesión de la Cámara de Representantes, que todavía continúa votando el proyecto de Ley del Presupuesto Quinquenal.
La nacionalista Graciela Bianchi tuvo una activa participación durante la discusión del presupuesto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Criticó que los lineamientos establecidos en el mensaje presupuestal para este inciso fueron “muy generales” y sostuvo que esperaba “algún cambio del ‘ADN’” de la educación, porque “está en problemas”, pero “no hay ninguna cosa nueva ni concreta”. Si bien destacó que el presupuesto presentado por ANEP estaba “técnicamente muy bien hecho”, criticó la diferencia entre lo solicitado por este organismo y lo que recibió por parte del Ministerio de Economía (cerca de un tercio de lo que había pedido para los dos primeros años), lo que evidenció una “desconexión” entre ambas partes. “Si no se asigna lo que requiere la ANEP, corren riesgos las inversiones en infraestructura y la ampliación de las escuelas de tiempo completo”, advirtió. Eduardo Rubio (Unidad Popular) aprovechó la oportunidad para sumarse a las críticas, sosteniendo que el Frente Amplio (FA) no cumplirá con su promesa de llevar la inversión en educación al 6% del Producto Interno Bruto y que el gobierno ha respondido con represión a las protestas. Como alternativa, propuso artículos sustitutivos que contemplan todos los recursos pedidos por la ANEP.
Salió al cruce de estos cuestionamientos el diputado del MPP Sebastián Sabini, que aseguró que el “compromiso programático” del FA es “seguir aumentando la inversión en educación pública”. El legislador repasó cómo en los últimos diez años aumentó la inversión de la educación pública por alumno, aunque en secundaria la brecha de inversión entre el sector público y el privado sigue siendo grande, por lo que “el presupuesto a estudio prioriza la educación media”. “Hay una enorme crisis de crecimiento de la educación pública que nos interpela. El FA se ha establecido enormes objetivos”, argumentó, sosteniendo que con las últimas reasignaciones se duplicará el número de centros educativos de tiempo extendido. Según dijo, durante la gestión del FA “se redujo el número de estudiantes por grupo, aparecieron los maestros comunitarios y se quintuplicaron los profesores de educación física”.
Justicia finita
Otro de los temas que generaron controversia fue la escasez de recursos adicionales para el Poder Judicial. Si bien en la propuesta original el Poder Ejecutivo no había incluido ninguna referencia a este poder, la bancada oficialista acordó incluir siete artículos propuestos por la Suprema Corte de Justicia que no implicaban ningún aumento del gasto, y varias iniciativas adicionales de la oposición naufragaron.
Las críticas al FA se concentraron como nunca en esta parte de la sesión. Se sostuvo que la omisión al Poder Judicial rebajaba la “calidad institucional” del país y atentaba contra la separación de poderes. El diputado colorado Ope Pasquet calificó la situación de “vendetta presupuestal”, dado que se trata de un poder que “con sus sentencias ha disgustado al gobierno”. No fueron muchas las voces oficialistas que respondieron a estos reclamos. Uno de los pocos fue el diputado Alfredo Asti, que dijo que el caso del Poder Judicial es igual al de otros incisos, como los correspondientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o al Ministerio de Salud Pública, que tampoco reciben aumentos.
A la hora de hablar del presupuesto del Mides, la discusión se puso tensa frente a la propuesta del gobierno de pasar a régimen de provisoriato a aquellos funcionarios tercerizados con más de 18 meses de antigüedad que ingresaron por concurso (ver “Esperan ratificación” en la página 2). El nacionalista Gustavo Penadés dijo que es “inaceptable que se quiera meter por la ventana a más de 1.000 personas para presupuestarlas”, mientras que su par Jorge Gandini describió la situación como un “gran desorden con una feroz tercerización”, en la que los funcionarios de ONG son los “rehenes”. Desde el oficialismo, Gonzalo Civila explicó que el tema fue discutido en la interna del FA porque hubo una preocupación por consolidar el “ingreso democrático a la función pública”, que “no ha sido preocupación de otras fuerzas políticas en la historia reciente”. El Partido Independiente acompañó la solución del FA. La cámara también aprobó por unanimidad el Plan Nacional de Vivienda, y los artículos referentes a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Educación y Cultura y Salud Pública. La oposición también aprovechó para cuestionar el recorte que hizo el oficialismo en los fondos previstos para el Sistema Nacional de Cuidados. “Dicen que son 200 millones de pesos anuales para 2016 y 2017, pero en el proyectado de los cinco años implica una quita de 1.400 millones de pesos”, advirtió el nacionalista Pablo Abdala. El proyecto deberá terminar de votarse en esta jornada.