El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, integrantes de varias gremiales del ámbito de la Justicia y senadores de los partidos políticos con representación en la cámara alta intercambiaron sobre el futuro del Poder Judicial. Al tratarse de tiempos de definiciones presupuestales, fue inevitable que el tema entrara en cada una de las intervenciones, marcadas fuertemente por un rechazo a la Ley de Presupuesto Quinquenal remitida al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Todas las ponencias fueron en ese sentido, excepto la del senador frenteamplista Rafael Michelini, que salió en defensa del presupuesto actualmente a discusión en comisión del Senado.

Chediak consideró que en Uruguay hay “una democracia plena”, pero que “no es bueno que el freno no sea tan poderoso como el motor”, más allá de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la obligación de “llevar el país adelante”. Si bien señaló que el diseño constitucional “asegura una independencia adecuada” a los organismos de contralor, Chediak lamentó que el soporte económico que recibirán con el presupuesto a consideración “no parece que sea beneficioso para el desarrollo del Estado de derecho”.

De todas formas, dijo que el Poder Judicial seguirá trabajando “en cualquier condición a la que se lo someta”, y destacó que por primera vez cuenta con un plan estratégico elaborado para los próximos diez años, en el que “ya están trabajando”. El magistrado habló de la existencia de un “déficit que no puede ser aceptado en el siglo XXI, en un estándar mínimo de protección de derechos humanos”, pero también destacó avances, como la reciente inauguración de un nuevo centro de servicios periciales o la presencia de equipos de aire acondicionado en todas las oficinas del organismo. También destacó que están compradas 1.000 nuevas computadoras para que en las oficinas no haya ninguna con más de cinco años desde su adquisición, o la compra de sensores biométricos para el contralor horario.

El ministro de la SCJ también se refirió a la reforma del Código del Proceso Penal que se debe implementar y a la propuesta del Poder Ejecutivo de implementar sólo algunos artículos ante la falta de recursos. Al respecto, señaló que “no se deben hacer reformas de fondo con problemas de bolsillo”, porque saldrán mal, y de esa forma se debilita la institucionalidad democrática. Sobre la idea de implementarlo por partes, planteó que la comisión del Poder Judicial que se encarga de la implementación de la reforma “puso el grito en el cielo” ante la propuesta del Ejecutivo. Chediak consideró que es imposible implementar una reforma de esas características sin fondos presupuestales incrementales, porque se requieren más técnicos, funcionarios, defensores y juzgados.

En trío

Los senadores y ex candidatos presidenciales de la oposición Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) estuvieron de acuerdo en que lo que está de fondo en esta situación es un avance del Poder Ejecutivo en detrimento del control de los demás poderes.

En relación al nuevo Código del Proceso Penal, Lacalle Pou consideró que las dos alternativas para su implementación son malas: o se aplica “en forma imperfecta” y con menos recursos, o no se aplica. El senador consideró que terminará ocurriendo lo segundo, con lo que dijo estar de acuerdo en la actual coyuntura, en la que el presupuesto propuesto representa “la renuncia a una mejor Justicia”. Lacalle Pou advirtió que hay un retiro de instituciones del control parlamentario, como lo que sucedió con la creación de la Secretaría Nacional de Deporte y el planteamiento en la Ley de Presupuesto para la creación de una Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, ambas en la órbita de dependencia de la República, por lo que los legisladores se ven impedidos de controlar.

Armas tomar

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) evaluará mañana nuevas medidas en torno al conflicto que mantiene desde hace meses con los poderes Ejecutivo y Legislativo. En diálogo con _la diaria_, el secretario general de AFJU, Carlos Fessler, dijo que evaluarán la ocupación de sedes judiciales en los próximos días.

Bordaberry señaló que en Uruguay existe “deterioro en el cumplimiento de derecho” y también en el plano de la ética y “los valores”, al tiempo que planteó que desde hace tiempo “lo político prima sobre lo jurídico”. El senador consideró que se trata de un problema generado por las mayorías parlamentarias, que si bien “lamenta”, a la vez respeta, porque se considera “demócrata”. Según Bordaberry, el Frente Amplio en el Parlamento “pasa por arriba” de “muchas cosas”, entre ellas la Justicia, la cual consideró que está “postergada” en el Presupuesto.

Mieres reclamó que, más allá de si en su momento correspondía el enganche de los salarios del Poder Judicial a los de ministros de Estado, existe una sentencia al respecto, por lo que consideró que se debe pagar lo que reclaman los funcionarios judiciales. Además, dijo que esa situación ha generado un “chantaje” implícito desde los otros dos poderes del Estado. El senador consideró “escandaloso” que el Poder Ejecutivo haya considerado cambios a la implementación del Código del Proceso Penal sin consultar previamente con la SCJ.

En solitario

Michelini salió en defensa del gobierno y dijo que en Uruguay existen estructuras jurídicas que dan seguridad a inversores y que el país se diferencia del resto de América Latina en la materia. El senador planteó que hay “tres o cuatro ministerios que Uruguay debe crear”, entre los que nombró una futura cartera de Deportes, otra de Medio Ambiente, un ministerio de Ciencia y Tecnología y otro de Justicia y Derechos Humanos. Para su creación, Michelini pidió que se generen acuerdos entre todos los partidos, de forma de ir concretándolos paulatinamente entre el actual período de gobierno y el próximo.

En relación al vínculo con el Poder Judicial, recordó que el primer gobierno de Tabaré Vázquez hizo “un gran esfuerzo” presupuestal por la Justicia, y que en el mandato de José Mujica las discusiones sobre el enganche salarial de los ministros de la SCJ generó una “catarata de desencuentros” entre ambas partes, que el senador aspira a solucionar mediante el diálogo. Michelini señaló que es importante que los jueces estén mejor pagos, pero advirtió que el país también tiene otras prioridades, como combatir la pobreza. Para el senador, si es declarada constitucional la ley que aprobó a fines del año pasado el Parlamento como una posible salida al conflicto, la norma implicará recursos salariales importantes para el Poder Judicial. En caso contrario, dijo que está dispuesto a “arremangarse” para buscar una salida que contemple a todas las partes. Michelini planteó que si el gobierno otorga un aumento para el funcionamiento se estaría “pasando de la raya del déficit”, respecto del que con el actual espacio fiscal está al límite, según evaluó.