Como en cada una de las tres charlas organizadas por el grupo de investigación que desarrolló el proyecto “Más allá de la basura”, integrado por docentes del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, al analizar el sistema de gestión de residuos es inevitable que aparezcan prácticas de dudosa legalidad e incluso delitos. El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM), Néstor Campal, llevó al tercer encuentro una serie de fotografías aéreas de basurales generados principalmente por depósitos de intermediarios de residuos, ubicados cerca de asentamientos y que se desempeñan en el lado informal de la cadena de residuos. Según dijo Campal, días después de que las exhibió por primera vez, alguien ingresó a su casa y le robó los dispositivos donde tenía físicamente guardadas las imágenes, sin llevarse ninguna otra cosa.

La tercera mesa de discusión organizada por el grupo de docentes se destinó a considerar la dimensión ambiental del tema de los residuos, que ya había sido abordada desde el punto de vista económico y desde las políticas dirigidas a los clasificadores. Con las fotos, Campal mostró cómo, a partir de la existencia de los intermediarios que compran directamente y a bajos precios la materia prima a los clasificadores, en varias zonas se llenan cursos de agua con residuos y se generan basurales de grandes dimensiones. Incluso planteó el caso de un niño de tres años que “se perdió” entre envases que estaban en una cañada y que no pudo encontrarse.

Pero las dinámicas que se generan en esos entornos van más allá. Por ejemplo, el jerarca mostró la presencia de varios criaderos de cerdos en las inmediaciones de los depósitos informales, animales que, según dijo Campal, se alimentan con residuos, compuestos en un 80% por bolsas de nailon y entre los que también se encuentran pañales descartables. Según planteó, pese a que trabaja en estos temas desde hace años, haber realizado y registrado la recorrida aérea por estos lugares “le cambió la perspectiva” del problema.

El jerarca departamental reclamó que una de las cosas que tienen que ocurrir para que este sistema cambie es que se deje de “depositar” en la IM la única responsabilidad, porque se requiere una “solución nacional” que involucre a otros organismos estatales. Sostuvo que la comuna no tiene los medios y herramientas para resolver el problema y, por ejemplo, señaló que no tiene potestad para multar a particulares ni para pedirles documentos, mientras que Uruguay es de los pocos países en los que no hay una Policía que dependa de los intendentes departamentales. Además, sostuvo que la clasificación de residuos debería ser hecha por máquinas, y que el rol de las personas debería ser el de agregar valor a esa materia prima.

Otro órgano

Marisol Mallo, funcionaria de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, también planteó que la gestión de residuos no debe ser abordada solamente desde el punto de vista ambiental, porque además hay un problema social “grave”. En relación al decreto reglamentario de la Ley de Envases, por el que se estableció la creación de las plantas de clasificado, señaló que fue “una ventana” para la formación de puestos de trabajo, pero que la iniciativa no se planteó ocupar a todos los clasificadores ni solucionar estructuralmente el problema.

Mallo dijo que a partir de la actual forma de disposición de residuos se genera un riesgo en la cadena alimenticia de toda la sociedad, principalmente por la forma en que son alimentados los cerdos y otros animales que después se comercializan. También planteó que los problemas más importantes que se producen son la contaminación de cursos de agua, de suelos y del aire, principalmente por la quema a cielo abierto de metales y residuos. Acerca de este último punto, Jorge Ramada, integrante de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, dijo que por lo general la quema de cables -mayormente robados- es para vender cobre y exportarlo. Como Uruguay no es productor de cobre, dijo que han existido varios proyectos de ley para prohibir la exportación de ese metal, pero que no han prosperado. Ramada también planteó a Mallo que desde el gobierno se detuvo la discusión sobre una ley nacional de residuos que permitiera abordar el tema desde una perspectiva más amplia. Al respecto, Mallo respondió que en el período pasado de gobierno se conformó un grupo interinstitucional y se llegó a ciertos avances, pero faltó determinar qué lugar va a ocupar el Estado en la cadena de comercialización de residuos, ya que hay más de una opción y depende de la voluntad política.

Humberto Tomasino, que ha investigado el tema desde la Facultad de Veterinaria de la Udelar, dijo que hay que salir del modelo que encara el tema a partir de la culpabilización de los clasificadores y les restringe el acceso a determinados puntos de la ciudad o reclama por el derecho de los caballos antes que por los de las personas. Para Tomasino, deben diferenciarse los sistemas comerciales que se generan en la cadena de las “estrategias de sobrevivencia” de los clasificadores, a los que definió “más víctimas que victimarios”.