“Hoy estamos dando número para ocupaciones”, bromeó ayer el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, al llegar al acto en el que se firmaría el convenio para poner en marcha la incubadora de emprendimientos cooperativos. Se refería a la “jornada compleja” que tenía por el conflicto que mantienen los funcionarios judiciales, que reclaman por el nulo incremento para el Poder Judicial dispuesto en el Presupuesto. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) había resuelto suspender las ocupaciones del lunes porque el MTSS los había convocado para una reunión en la mañana de ayer, con senadores del Frente Amplio (FA) y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en la reunión de ayer, según explicó el secretario general de AFJU, Carlos Fessler, “no hubo ninguna propuesta” del Poder Ejecutivo. Los senadores les pidieron un cuarto intermedio para “ver qué posibilidades había de acordar alguna salida”, ante lo que los funcionarios resolvieron retomar las ocupaciones. Ayer ocuparon el Palacio de Tribunales (frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia) juzgados civiles y de familia de la ciudad de Maldonado y de Ciudad de la Costa.

El senador Ernesto Agazzi, coordinador de la bancada frenteamplista, consideró que los planteos que realizaron los funcionarios “son razonables y justos”, pero consideró que “hubo un problema de los tiempos”, ya que hoy esperan terminar de votar el presupuesto en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado; el lunes el texto se comenzará a votar en la cámara. Agazzi dijo, además, que los planteos de AFJU implican “cientos de millones de pesos, y nosotros no podemos ampliar el Presupuesto”.

En relación al artículo que establece que las sentencias laborales de trabajadores públicos se podrán cumplir una vez que estén previstas en una norma presupuestal, que los trabajadores reclaman que se elimine, Agazzi explicó que es “una prevención” para “cosas grandes; no si diez o 20 funcionarios ganan un juicio”. La referencia es a la sentencia, que aún no está firme, que establece que se les debe otorgar un aumento de 26% a cerca de 4.000 funcionarios judiciales. “En ese caso, como nuestro Presupuesto no tiene una bolsa esperando por conflictos laborales, la única manera del gobierno es dejar un tiempo para hacer la previsión presupuestal”, explicó Agazzi.