El Consejo de Educación Secundaria (CES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene en sus planes la “transformación” del Programa Aulas Comunitarias (PAC), que desde 2007 cogestiona con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organizaciones de la sociedad civil y cooperativas. Entrevistada por la diaria días atrás, la directora del CES, Celsa Puente, dijo que “la sociedad no puede seguir aceptando que [haya jóvenes que] estén fuera del liceo en un dispositivo distinto”, y advirtió que si bien el PAC surgió “cuando no había otras respuestas” y “fue excelente”, pasados “tantos años”, no se puede permitir “que los más vulnerados queden encapsulados en un dispositivo ajeno al liceo y después pretender que ingresen al liceo con el mismo plan que el resto”.
La “vaguedad” del planteo de las autoridades despertó rechazo e incertidumbre en las organizaciones que cogestionan el programa, que aseguran que los jóvenes objetivo del PAC “caerán inmediatamente” del sistema educativo. Gonzalo Salles, Rodolfo Lemez y Álvaro Ramos, voceros de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, dijeron a la diaria que la información que recibieron de las autoridades fue que en 2016 se prevé cerrar nueve aulas de las 26 del programa. Se quejan de que tuvieron que solicitar reiteradas veces reuniones con las autoridades del CES y del programa, y que cuando pudieron conseguirlo, se trató de un encuentro “informativo” en el que “no hubo espacio para el diálogo”.
Los trabajadores explicaron que, aunque comparten el objetivo de que todos los jóvenes sean incluidos en el liceo, consideran que aún no es el momento de dar ese paso, porque el liceo no ha cambiado de forma significativa con respecto a cuando comenzó a implementarse el programa. En una reunión con Puente y jerarcas del Mides, las organizaciones preguntaron cuál es la modalidad que esperará a estos jóvenes en los liceos; según los voceros, les respondieron que “eso está previsto en la página web del CES”. Los trabajadores plantean que están de acuerdo con repensar el sistema educativo, pero “no en dejar a los gurises de rehenes de la experimentación”, porque, sostienen, Secundaria no tiene una propuesta “sustentable” diseñada.
Forma y sustancia
Si bien hay aspectos formales que perjudican a las organizaciones, como el hecho de que tendrán que pagar despidos que no están previstos en los convenios, los voceros hacen énfasis en los jóvenes: según afirman, éstos muchas veces tienen su único contacto con políticas sociales por intermedio del PAC. Otro punto que mencionan es que las Aulas Comunitarias, por lo general, están ubicadas en zonas donde a los liceos y las escuelas técnicas les cuesta llegar, una variable importante para personas que para ir al liceo deberían recorrer mayores distancias. Sostienen que son las organizaciones sociales las que cuentan con experiencia acumulada en trabajo en territorio, porque en el caso de los centros educativos, el trabajo con la comunidad depende de la voluntad de cada director. Además, señalan que ANEP no cuenta con planificación territorial para los proyectos pedagógicos, y lamentan que se perderá un trabajo de años de convencimiento a los jóvenes para que cursen el PAC.
Si bien consideran que la decisión de las autoridades es legítima, sostienen que “elude” ese trabajo acumulado, principalmente por la forma en que les fue planteada. Dicen que se enteraron de la medida por la prensa, y sostienen que se toma “sin evaluación y sin una propuesta real armada”. Los voceros plantearon que la mayor preocupación de las organizaciones es qué pasará con los 2.000 adolescentes que atiende el PAC, y buscan establecer alguna instancia de diálogo con las autoridades para participar en el diseño del futuro programa que apunte a mantener escolarizados a estos jóvenes, que vienen con dificultades desde primaria. Consideran que las autoridades actuaron con “liviandad, ligereza y soberbia”, y que descartan todo lo que sea “disonante” con sus planteos.
Otro cristal
En diálogo con la diaria, Puente hizo énfasis en que las políticas educativas “no pueden estar puestas en función de las condiciones laborales de nadie”; el CES “no puede mantener un programa porque alguien se queda sin trabajo”, sino que “tiene el deber de trabajar por y para los jóvenes”, señaló. La jerarca insistió en que “en su momento”, el programa fue muy bueno para revincular a los estudiantes con el sistema educativo, porque “no había otras respuestas”, pero dijo que la situación ha cambiado. Según explicó, después de que en 2016 se cierren nueve aulas, aún no está definido si se seguirá por etapas y se procederá con ocho y nueve en los siguientes dos años, o si se continuará con las 17 restantes en 2017. Puente dijo que los contratos de los trabajadores vencen el 28 de febrero y que a quienes cesarán se les avisó “con suficiente tiempo de antelación”, en la reunión que mantuvieron con las organizaciones en la primera quincena de octubre.
Puente habló de la necesidad de apostar por otras “exploraciones pedagógicas” para los jóvenes a los que va dirigido el PAC, mediante un “acompañamiento fuerte” e inserto en la realidad social. Si bien la alternativa que está pensando el CES plantea una opción específicamente pensada para los jóvenes más vulnerables, Puente señaló que también se proyecta que haya actividades en conjunto con todos los estudiantes del liceo. La jerarca explicó que desde el CES se pensó una idea central que va a ser ejecutada en conjunto con equipos territoriales, en base a una concepción sociocomunitaria y educativa, en la que se elimine la idea del centro educativo como “cápsula cerrada”. De hecho, Puente señaló que el Mides se ofreció para sistematizar las experiencias del PAC en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Pese a que se tomarán aspectos del programa, la nueva propuesta “no será un aula comunitaria dentro del liceo”, adelantó Puente.